– ¿Por qué es secundaria?
– Desde la privatización, ambas empresas son de hecho un monopolio. Jamás han tomado decisiones unilaterales en materia de tarifas, expansión tecnológica, adquisición de empresas de celulares. Los convenios sindicales, a excepción del nuestro, son exactamente iguales en ambas empresas. Todo igual, escalas salariales, beneficios. Entre ellos no se pelean.
– La mayoría de las empresas parecen de acuerdo en oponerse a contar con representaciones del Estado en su directorio como resultado del fin de las AFJP y la recuperación de los fondos jubilatorios.
– Es una gran oportunidad de retomar mucho del terreno perdido. Por ejemplo, se podría mejorar el servicio. Yo también soy usuario y tengo las mismas quejas que todo el mundo. Solo el Estado puede terminar con los manejos monopólicos de los grandes grupos económicos.

– ¿Cómo incide la concentración empresaria ante el intento de generar nuevas organizaciones sindicales?
– La gran flexibilización laboral pasa por la no aplicación de la libertad y democracia sindical. No hablo de atomizar a los trabajadores en miles de organizaciones en beneficio de las patronales. Por el contrario, me estoy refiriendo a la posibilidad de generar organizaciones sindicales coherentes con la defensa de los intereses de los trabajadores. La falta de libertad sindical es la que permite la tercerización, esa explotación descarada de los trabajadores que hacen que la misma tarea no signifique la misma remuneración.

– ¿No es una ingenuidad pensar que se puede regular al monopolio mediante medidas legislativas cuando la relación de fuerza es desfavorable a los trabajadores?
– El nuestro fue en los últimos años uno de los sectores más activos en materia de evolución tecnológica. A las comunicaciones telefónicas se incorporó la navegación por Internet y con ella la transmisión de datos. Lo que está en discusión es el derecho del ciudadano a contar con estos servicios. Los derechos esenciales evolucionan con las épocas. Como ayer el teléfono, Internet no puede ser un privilegio de ricos. Quien debe velar por eso es el Estado ya que para las empresas privadas todos estos servicios no son otra cosa que mercancías.

– Es necesario, entonces, avanzar en otro modelo de telecomunicaciones.– La legislación debe poner un marco regulatorio y el Estado tiene que tener la fuerza suficiente como para hacerlo respetar. Todo esto tiene que ver con el modelo de país que queremos. Un modelo para todos, o al servicio de los grupos económicos más concentrados. Dentro de poco, la señal analógica se digitalizará por medio de pequeños conversores. ¿Quién va a fabricar esto? En esas cajitas hay un negocio millonario. ¿Se beneficiará a nuestra industria nacional o sólo a algunas empresas multinacionales? Esa es la pregunta del millón y, por ahora, no tiene una repuesta unívoca.

ACTA, 06 – 05 – 09