Sobre el problema subrayó que faltan unos 700 agentes (hay 1.400 penitenciarios) y con este número acotado de custodios, apenas se pueden contener a las 3 mil personas que se encuentran en todo el sistema provincial.

Para aumentar el número de carceleros se tuvo que modificar la norma que regula a este personal para que la capacitación la realizara el mismo sistema penitenciario por fuera del Instituto de Seguridad Pública. Actualmente, según el relato de Lavado hay 100 aspirantes para incorporarse a las tareas de custodia penal.

Dado este panorama entonces se necesitaría el doble de plazas penitenciarias para que Mendoza esté segura, si es que la ciudadanía se atiene a lo que argumenta uno de sus representantes en la Cámara alta como lo es Serralta. Se sabe también que este legislador oficialista se ha montado una campaña de junta de firmas para empujar la ley para restringir las liberaciones de detenidos procesados.

De hecho Serralta ha levantado su perfil público con el aumento de la ola delictiva y curiosamente, le ha copado el centro de la escena pública al histórico Daniel Cassia actual diputado del PJ impulsor de las leyes duras penales.

Desilusionado
Lavado, identificado como defensor en las causas de violaciones a los derechos humanos, confesó estar “desilusionado” con el rumbo de la política de seguridad del gobierno justicialista aunque aclaró que el libreto también es adoptado por la oposición, como es el caso del senador nacional radical Ernesto Sanz, “al que le pareció bien que haya una guerra entre delincuentes y policía”, dijo Lavado.

“La verdad es que nuestra retirada es una señal al gobernador, porque alguien tiene que decir que este camino no es el correcto y aunque estemos solos lo vamos a decir”, explicó el ex funcionario.

Aclaró además que ante el cambio de discurso de Jaque nada se puede hacer, “sólo esperar que cambie porque si no la situación va a empeorar”.

Y en ese tren, Lavado se quejó de que nunca se habló de educación “cuando está probado que la incapacidad de reflexión que tienen los jóvenes excluidos del sistema educativo es uno de los principales motivos de la violencia social”.

Para fundamentar este pensamiento Lavado puso de ejemplo el caso de Marili García, famosa condenada por envenenar a sus padres adoptivos.

“Este año la chica terminó sus estudios secundarios en cautiverio y cuando tuvo la oportunidad, expresó a los periodistas que la abordaron que si hace unos años hubiera conocido lo que hoy se le permitió aprender a través del estudio seguramente no hubiera matado a sus padres”, concluyó el dimitente Lavado.

MDZ Online, 03 – 09 – 08