Última Actualización diciembre 20th, 2020 10:30 AM
Carta abierta al Gobernador Suarez por sus dichos durante la apertura de sesiones legislativas
Sr. Gobernador de la provincia de Mendoza
Vemos con preocupación sus declaraciones vertidas en el ámbito de apertura de sesiones legislativas recientes, relativas a que no hay excusa para los sacapresos.
Esta expresión forma parte de la estigmatización que ejercen la abogacía en defensa de los derechos de los pobres y excluidos. Se ubican en la misma línea que la sostiene que los que ejercen derecho laboral son una mafia y que han montado una industria del juicio, calificándolos como caranchos.
Esta línea argumental que suple con el insulto la ausencia de razón y de hechos, tiene en realidad como objeto no sólo a quienes ejercen la abogacía, sino los derechos que defienden y las personas beneficiarias de tales actividades; personas que son iguales a ud y a nosotros.
Hasta podemos sostener que se ubican en un escalón superior a ud, ya que habitando el suelo mendocino son los mandantes del gobierno provincial.
Lo que parece molestarle es que los pobres tengan derechos.
Situación que no parece generar el mismo estigma en sus conceptos sobre los juicios irregulares que han existido en la provincia beneficiando a un grupo de rugbiers y a dos ex ministros; en los que el ministerio público actuó la excepcionalidad; o sobre los abogados que actuaron en estos casos.
Nos preocupa y debiera preocuparle la actividad persecutoria desplegada desde el Ministerio Público, construyendo la friolera de aproximadamente ciento sesenta causas contra los representantes de la Tupac, porque se advierte con claridad una intencionalidad política impropia de un Estado de Derecho.
Quienes ejercen la defensa de los derechos de los excluidos no son sacapresos, ni caranchos, ni mafia, son quienes honran con su esfuerzo y capacitación al Derecho; valladar excluyente de todo avasallamiento ejercido desde el Estado. Son el límite preciso que impide hacer cualquier cosa con la población. Son su límite.
En cambio, observamos también ejercicios diferentes de la abogacía; los que defienden a los delincuentes de guante blanco, los que desde la defensa pretenden impunidad a genocidas o los que consolidan el ejercicio profesional como un comercio, donde el lucro es más importante que el derecho del peticionante. Son ellos en quienes vemos la deshonra. Estos no fueron nombrados por Ud.
Sr. Gobernador. Usted se equivoca o se expresa tribunera y groseramente.
No existen los abogados que pretendan la liberación masiva de presos.
Este hecho es falso.
La excepcionalidad de la pandemia justifica la adopción de políticas, que son a su cargo respecto de las condiciones de higiene, salubridad y distancia social de las instituciones totales.
La pandemia vino a cuestionarnos en el rostro el sentido de la prisión.
Porque cualquier solución que implique mantener o ampliar la situación carcelaria nos arriesga a todos frente a la expansión y difusión de los contagios.
Hay que actuar con responsabilidad.
Hoy la institución carcelaria está en crisis y las respuestas deben ser veloces y preventivas.
La prisión domiciliaria, aún provisional mientras duren las condiciones de excepción; no es liberación. Está muy lejos de serlo. Es un modo más de cumplimiento de la pena legalmente previsto.
Los abogados penalistas pretenden mejorar las condiciones de detención de sus defendidos en particular y no arriesgar ni la salud, ni la integridad ni sus vidas.
Usted debería saberlo por haber estudiado la carrera de derecho, esa obligación que pesa sobre el abogado se llama derecho de defensa y es una garantía del sistema republicano.
Lo que nosotros pretendemos como organización de derechos humanos es que quienes gozan del estado de inocencia por no haber recibido condena firme de los tribunales, que quienes no han cometido crímenes atroces, no sufran la pena de muerte a manos del hacinamiento de sus cárceles.
Recurra a la realidad y no a sus lacayos, que le venden el diario de Yrigoyen en formato de medios masivos con discursos de un mundo maravilloso.
Un relato no cambia la realidad carcelaria deleznable y violatoria de las Reglas Mandela.
O recibe Ud. severas desinformaciones del sistema represivo de la provincia o en alguna parte ha perdido Ud. el concepto de dignidad humana.
Sr. Gobernador, la función del Estado que dirige es garantizar los derechos básicos de los habitantes de la Provincia. Eso es lo que significa defensa del bienestar general, no del bienestar de algunos; aunque en su discurso los mencione como ciudadanos decentes, sabemos que hay muchos en ese colectivo que no lo son, y muchos en el grupo señalado que sí; ud. debe gobernar para todas las personas, no para un grupo humano frente a otro.
Para todas. Califiquen o no en su particular standard de decencia, eso se llama igualdad.
Eso es el imperio de la ley, que no es el ejercicio del poder de la parte superior y autocalificada decente.
Observamos en ese planteo un sentido de incidir en el Ministerio Público y en la Justicia; en conductas que espera de ellos. Y nos preocupa.
Entendemos la ética de gobernar como el reconocer, asignar y materializar derechos hacia las personas sin voz, desamparadas, desprotegidas, excluidas; lo que no comenzó a ocurrir hoy, sino que son sectores afectados desde la época de la colonia.
Sr. Gobernador, las personas privadas de libertad que le preocupan, las que no superan su test de la decencia, en general están purgando penas por delitos contra la propiedad; no eligen el camino del delito sino como condicionante social, que Ud debe prevenir con políticas de inclusión.
Hemos asistido a tristes espectáculos montados desde la discriminación con grupos humanos migrantes, informales, calificados como “golondrinas”, a quienes se les brindó un destrato tremendo; pese a que arribaron a la Provincia a recolectar la cosecha, con su autorización; nadie ser trabajar informalmente, como no se elige vivir en barrios populares que lejos de ser un escarnio, se convierte en un peligro solo por pertenencia geográfica o cultural frente a la mano policial provincial. Eso, no es gobernar. Es discriminar.
A esas situaciones se llega, de esas situaciones no se parte.
Es la consecuencia de un reparto desequilibrado e injusto del poder, la cultura y la riqueza.
Es la consecuencia de una batalla en la qué hay vencedores y vencidos.
Es el cumplimiento de una sentencia que ya ha sido dictado antes aún del momento de nacer.
Sr. Gobernador, a usted le molestan los derechos de quienes han sido condenados.
Tal vez por eso no nos entendamos.
Nosotros queremos hacer de la promesa general de la ley una realidad en la que no haya deberes sin derechos ni derechos sin deber.
Sostenemos que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de aquellas que están sometidas a ella.
Por eso, no debe ser la prisión una condena a sufrir vejámenes en salud, ni siquiera a sufrir la amenaza de la potencial enfermedad con consecuencias individuales impredecibles.
Nosotros, a diferencia suya, no queremos más condenados de la tierra.
Mendoza, 07 de Mayo de 2020
Liga Argentina por los Derechos Humanos
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