Quizá una de las muestras más claras de su complicidad, fue la donación de un aparato de neonatología, que los militares utilizarían con las detenidas cuyos hijos luego serían apropiados. De hecho, el gerente de la empresa, Juan Tasselkraut, tiene un hijo apropiado y el ex policía Raúl Lavallen, jefe de seguridad de la empresa, fue el apropiador de Paula Logares, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Debemos mencionar que Mercedes Benz tendrá que afrontar un juicio civil en Estados Unidos, por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina. Este fue iniciado por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, quienes ya han anunciado que parte de la reparación económica estará destinada a construir un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.

Similar es el caso de la automotriz Ford, otra impulsora del golpe. No es mera coincidencia que los famosos “Falcon verdes”, que ella fabricaba, sean un ícono de aquellos años de plomo.

La Ford también estuvo a la orden de las persecuciones, los secuestros y las torturas. Más de 300 trabajadores fueron despedidos y se instaló un régimen de control policial al ingreso y en el interior de la planta, que sería un ensayo de la ocupación de la misma por parte del ejército, que después del 24 de marzo del 76 instalaría un centro clandestino de detención dentro de la propia fábrica, en el sector del quincho y del campo de deportes.

Otro dato importante, es que en todos los casos, estas empresas aceptaron la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones.

Junto con Acindar, Mercedes Benz y la Ford se podrían seguir mencionando muchos casos más, como los de La Cantábrica, Ledesma, Tensa, Astarsa o la apropiación de Papel Prensa por parte de los grupos Clarín, La Nación y La Razón.

Y Mendoza no escapó a este flagelo, pues aquí también se registraron casos de complicidad empresarial con el terrorismo de estado. De hecho la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) apoyó explícitamente el golpe, y exhortó a sus afiliados y a todo el empresariado mendocino en general a “…cumplir fielmente las disposiciones impartidas en los comunicados dados a conocer por la junta de comandantes de las fuerzas armadas, que han asumido todo los poderes de la nación. En cumplimiento de sus funciones específicas es un deber ir acompañando de auténtico sentido y carácter patriótico, afirmando nuestra fe en el gobierno argentino, procediendo con real vocación de servicio…»

En diario Los Andes, los uniformados estuvieron presentes desde el mismo 24 de marzo. Entre sus trabajadores fueron detenidos Rafael Morán, Alberto Atienza, Antonio Di Benedetto (subdirector del diario) y Norma Sibila (redactora y esposa de Morán). También se allanó el domicilio de Pedro Tránsito Lucero, jefe de redacción del diario El Andino, la versión vespertina de Los Andes, y detenido junto con su esposa la abogada Dora Goldfar. Y antes de que se produjera el golpe, en noviembre del 75, ya había sido secuestrado Jorge Bonardell, redactor del diario.

Analizando el caso de Norma Sibila, con cierta lógica, se puede inferir la conducta cómplice del diario, pues Norma, durante los 5 días posteriores al golpe no se presentó a trabajar, a sabiendas de lo que podía ocurrirle. Sin embargo, la empresa la obligó a asistir mediante telegrama colacionado, bajo apercibimiento de despido. Por esta razón se hizo presente y de inmediato fue secuestrada. Los otros detenidos fueron despedidos “por ausencia injustificada” cuando era resabido lo que les había ocurrido.

También en las Industrias Metalúrgicas Pescarmona y en las fábricas de portland de Minetti y Corcemar, se acosó a los trabajadores mediante persecuciones y despidos. Incluso hay testimonios de víctimas que señalan que, en los hornos de aquellas fábricas de cemento, se habrían quemados algunos cadáveres de personas que, a la fecha, figuran como desaparecidos.

Otro caso es el de la fábrica Modenfold, en la que trabajaban los ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zaspe y Manuel Jesús Amaya Martínez, que fueron secuestrados y siguen aún desaparecidos. Estaban en una «lista negra».

Y no sólo en el sector privado se manifestó esta situación, sino que también alcanzó al sector público, y ejemplo de ello es la empresa Giol, en la que se tomaron medidas drásticas, y en octubre de 1976 fueron asesinados los dirigentes obreros García y Brizuela.

Con todo lo expuesto queda demostrado de manera contundente que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características similares en los grandes establecimientos fabriles: la colaboración con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la confección de “listas negras”.

Los grandes intereses económicos sacaron provecho de la coyuntura de la época, sin importar los medios, convirtiéndose en colaboradores del estado ante una sistemática violación de los derechos humanos.

Hoy las instancias en el país están cambiando; se ha logrado la condena de muchos de los militares responsables de la represión de aquellos años, pero debemos seguir avanzando y lograr que la justicia determine las responsabilidades de quienes fueron cómplices civiles de la dictadura militar.

Es por eso nos sumamos a la convocatoria realizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en el Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur, para construir el próximo 24 de marzo una gran jornada por el juicio y castigo al poder económico y contra la continuidad del neoliberalismo en la región.

Reparar el daño hecho a toda la sociedad es comenzar a vislumbrar nuevas esperanzas.

La Quinta Pata, 04 – 12 – 11