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Sep 02, 2018 La Quinta Pata Opinión Comentarios desactivados en El estado de excepción del cornejismo: acerca del nuevo Código de Faltas
Aquí y ahora es necesario, más que nunca, ejercitar la parresía. Y para ejercitarla, quiero invocar el pensamiento crítico de Giorgio Agamben. Su libro Stato di Eccezione será nuestra brújula. Vio la luz en 2003, en un mundo conmocionado por el 11-S, obsesionado por el problema de la «inseguridad».
El modelo no cierra sin represión. Así se llama la obra del artista Andrés Casciani que ilustra esta columna. En ella se ve al policía Dante Barisone embistiendo con su moto al cartonero Alejandro Rosado, en diciembre del año pasado, cuando el gobierno nacional reprimió con ferocidad la manifestación contra la reforma previsional realizada en las inmediaciones del Congreso.
Es cierto: el modelo no cierra sin represión. Y lo que vale para la Argentina de Cambiemos, vale también para la Mendoza de Cambiemos.
Un hecho grave, ominoso, alarmante, ha ocurrido en nuestra provincia: el nuevo Código de Faltas ya tiene la media sanción del Senado. Si la cámara baja le diera aprobación, la reforma draconiana de Cornejo entraría en vigencia muy pronto. A decir verdad, draconiana es casi un eufemismo. Se trata, a todas luces, de una reforma liberticida, que convertiría a nuestra provincia, de un plumazo, en un humillante ejemplo de lo que en politología se denomina democracia de baja intensidad, como los Estados Unidos de Bush y su ley antiterrorista PATRIOT.
No es para menos: la reforma cornejista propugna, sin medias tintas, sin sutilezas, un endurecimiento general de las penas. Asimismo, introduce un gran número de figuras imprecisas y tipos abiertos que darían pábulo a toda clase de abusos de autoridad, de arbitrariedades por parte del Estado. Su finalidad es clara, y no ha sido disimulada demasiado por el oficialismo: disciplinar a la sociedad mendocina a través del castigo, en nombre del orden y la seguridad. Cualquier semejanza con la cultura represiva del Proceso, es pura coincidencia…
Como han denunciado Correpi y diversos organismos de derechos humanos, el nuevo código facilita las detenciones arbitrarias, tanto para «averiguación de antecedentes» como por «desacato a la autoridad». Criminaliza con saña el trabajo ambulante, la protesta popular y el arte callejero. Pone mordaza a la crítica y la sátira políticas, penalizando la disidencia ideológica. Se insmicuye en la vida de las comunidades educativas, bajo la premisa de que la mano dura es la panacea a todos los problemas: ausentismo, situaciones de agresión verbal o física, conflictos con las familias, etc. Y hasta se da el lujo de condenar el uso de disfraces religiosos, exigiendo así a todas las personas –implícitamente– un trato especial de reverencia para con el clero, como si estuviésemos en la época colonial, cuando el «sacrilegio» era considerado delito. Hacer un inventario completo de la reforma punitivista de Cornejo sería indigesto. Los ejemplos dados son suficientes para ilustrar su tónica general.
Si el nuevo Código de Faltas se efectivizara, si fuera sancionado y ejecutado, la sociedad mendocina ya no tendría demasiada necesidad de novelas y películas distópicas como Fahrenheit 451 o V de Vendetta. La realidad habría eclipsado a la ficción. Ya no sería preciso imaginar un gobierno vigilantista en un futuro lejano o incierto, porque lo estaríamos padeciendo en nuestro propio y concreto presente.
Una Mendoza regida por el nuevo Código de Faltas sería, virtualmente, una Mendoza en estado de excepción, una Mendoza de garantías constitucionales peligrosamente difuminadas, erosionadas, ninguneadas, conculcadas. No se equivocó Agamben cuando, hace quince años, escribió: «la declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica habitual de gobierno», hasta tal punto que el estado de excepción, paradójicamente, «se ha convertido en regla», en algo rutinario.
El filósofo italiano definió su concepto de stato di eccezione como una «tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida», o bien, como «un espacio anómico, en que está en juego una fuerza-de-ley sin ley (y que debería por tanto escribirse: fuerza-de-(no)ley)». Es decir, en pocas palabras, como una «forma legal de lo que no puede tener forma legal». El estado de excepción es el caldo de cultivo donde emerge y crece lo que otros autores han denominado, más gráficamente, Estado policial.
De modo análogo –salvando las distancias– a las dictaduras fascistas del siglo pasado, el gobierno de Cornejo hace honor a ese viejo brocardo del derecho canónico medieval que reza necessitas legem non habet, «la necesidad no tiene ley», tanto en el sentido de que el poder, urgido por sus afanes, puede llegar a desconocer los límites que le impone el orden jurídico vigente, como en el sentido de que el poder es capaz de montar un simulacro de legalidad –una pseudolegalidad, una legalidad inconstitucional– acorde a sus intereses y aspiraciones. El nuevo –pero profundamente reaccionario– Código de Faltas del cornejismo nos remite, pues, al pensamiento jurídico autoritario de Carl Schmitt, uno de los principales ideólogos del nazismo.
De hecho, esta columna misma podría ser encuadrada, sin mayor dificultad, como una contravención. El art. 55, inc. g, señala que, entre los «actos turbatorios y desórdenes», figura el de «anunciar desastres, infortunios o peligros inexistentes, con el fin de provocar alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar a la población intranquilidad o temor» (sic). Una norma tan difusa y discrecional como esta, ¿que otra cosa es, sino una invitación a conculcar la libertad de pensamiento y expresión?
Si Cornejo y sus laderos se salen con la suya, habrá que arrumbar el género literario y cinematográfico de la distopía en un museo de antigüedades. No permitamos que la psicosis de la inseguridad, fogoneada por la libido dominandi del gobierno, legisle nuestras vidas. Mendoza se desliza hacia un estado de excepción. Defendamos las libertades públicas. Están en riesgo. Sin ellas no hay democracia.
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