Anatomía de la muerte en Argentina: la inseguridad repensada

Abr 01, 2018 Federico Mare Recomendada Comentarios desactivados en Anatomía de la muerte en Argentina: la inseguridad repensada

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Ilustración de portada: Andrés Casciani

Se dice y repite hasta el hartazgo, sin asomo de duda, que la inseguridad es el mayor problema del país. La derecha, que siempre ha pregonado la mano dura como panacea, agita ese espectro con malicia y frenesí, consciente de que no hay demagogia del todo eficaz sin una cuota de tremendismo, de alarmismo apocalíptico. La prensa hegemónica, esa fábrica de morbo y sentido común que nunca descansa, nos colma de noticias sensacionalistas sobre robos a mano armada, violaciones y brutales asesinatos. Pero, ¿es realmente la inseguridad el peor flagelo de nuestra sociedad, el gran cuco de la Argentina contemporánea? La obsesión y el temor tan viscerales que nos produce, ¿están realmente justificados?

En tren de aproximarnos a una respuesta más o menos satisfactoria, propongo seleccionar una variable: la muerte, o mejor dicho, la mortalidad. No se trata de una elección caprichosa o una preferencia baladí.

La mortalidad, igual que otras variables demográficas, es, ante todo, fácil de diseccionar. Se la puede cuantificar, medir, mensurar, sin mayor dificultad, circunstancia que favorece su examen científico, su análisis sociológico. Se presta mucho al estudio estadístico, y esta no es una ventaja insignificante.

Además, en términos cualitativos, constituye el nervio principal del pánico a la inseguridad. Se teme ser víctima de un asalto, una golpiza o una agresión sexual, pero, lógicamente, más aún se teme perder la vida en un crimen. El terror mortis, el pavor a la muerte (sobre todo a la muerte violenta y dolorosa causada por alguien extraño, un otro lejano e intruso), es el recoveco turbulento de la psiquis donde el miedo al choreo o a los chorros echa raíces y se vuelve fobia: harpaxofobia (miedo irracional a sufrir asaltos), esclerofobia (miedo irracional a los ladrones).

Así es que hacer una anatomía de la muerte en Argentina –como se anticipaba en el título– bien puede ayudarnos a responder el interrogante formulado al inicio. ¿Es la inseguridad un problema tan pero tan grave como se dice? ¿De veras constituye el mayor mal de la sociedad argentina actual?

Una aclaración, por si acaso: no se plantea aquí si la inseguridad es o no un problema. Claramente lo es. Eso no se discute. ¿Dónde radica el debate propuesto, entonces? En cuatro cuestiones conexas: 1) qué se entiende exactamente por inseguridad, de acuerdo al sentido común imperante; 2) si el problema de la inseguridad posee o no una magnitud tan grande, tan alarmante como vociferan los talibanes del «antigarantismo», esos nostálgicos incurables de la dictadura; 3) cuál es la incidencia real de ciertos hechos delictivos –muy cubiertos por los medios dominantes– en la configuración de ese problema, como por ej. los robos a mano armada, los secuestros extorsivos y las violaciones sexuales en la vía pública; y 4) si la noción hegemónica y vulgarizada de inseguridad, dada su estrechez, resulta sociológicamente válida, pertinente, o si demanda una revisión crítica. No más preámbulos.

Estuve leyendo con detenimiento las últimas estadísticas nacionales sobre mortalidad. Corresponden al año 2016, y han sido elaboradas por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo oficial dependiente del Ministerio de Salud.[i] Macristas no se pongan en guardia. Cambiemos llegó al gobierno en diciembre de 2015, así que los datos no podrían jamás haber sido fraguados ni adulterados por el kirchnerismo. Seguramente no faltarán trolls que opinen lo contrario, pero –como bien reza el refrán– a palabras necias, oídos sordos.

De las 352.992 defunciones ocurridas a lo largo de 2016, unas 22.719 obedecieron a causas de las que no se tiene un conocimiento preciso. Nos quedan, por consiguiente, 330.273 decesos. Tomaremos esta cifra neta –así debe ser, claro está– como base para nuestros cálculos porcentuales.

La mortalidad ocasionada por enfermedades cardiovasculares ascendió a 101.928; por tumores, a 65.718; por afecciones respiratorias, a 65.185; por dolencias infecciosas y parasitarias, a 13.895; por problemas urinarios, a 13.135; por diabetes mellitus, a 9.599; por enfermedades hepáticas, a 6.302; por ciertas afecciones de origen perinatal, a 3.494; por desórdenes mentales y del comportamiento, a 2.881; por malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas, a 2.476; por trastornos metabólicos, a 2.365; y por muchas otras dolencias de lo más diversas (apendicitis, mal de Alzheimer, meningitis, etc.), a 23.796. Vale decir que la mortalidad por causas internas, la mortalidad asociada a la morbilidad, resultó de 310.774. Señalemos, al pasar, que una enorme proporción de estas muertes eran evitables, por estar ligadas a factores socioeconómicos, culturales o de política sanitaria como la desnutrición y subnutrición, el hacinamiento, la falta de higiene y prevención, la alimentación no saludable, el sedentarismo, la carestía de los medicamentos, el tabaquismo y otras adicciones (alcohol, cocaína, paco, etc.), el consumo de agua contaminada, el déficit cloacal, el colapso del sistema hospitalario, el trabajo en condiciones insalubres, los abortos mal asistidos, etc.

Las defunciones por causas externas –es decir, por lesiones u otros factores no encuadrables como morbilidad– fueron 19.499. Los guarismos desagregados serían, en orden decreciente, los siguientes: decesos en accidentes de tránsito, laborales u otros, 9.381; suicidios, 3.139; asesinatos, 2.131; casos fatales de mala praxis, 1.092. Las 3.756 muertes restantes de este segmento se produjeron en eventos de intención no determinada: sucesos confusos donde el peritaje forense no logra discernir si hubo accidente, suicidio o asesinato. En aras de mayor exactitud, prorratearemos esta última cifra cuando hagamos los cálculos porcentuales.

Habiendo desglosado y cuantificado lo suficiente, conforme a sus múltiples causas, la mortalidad actual en Argentina, podemos ahora volcar en una tabla los porcentajes:

De cada mil muertes que se producen en nuestro país, 941 son por enfermedad, y apenas 8 por violencia. Las defunciones accidentales (en el hogar, en el lugar de trabajo, en la calle, etc.) cuadriplican con creces a los asesinatos. Y no sólo eso: ¡hasta los suicidios superan holgadamente a los homicidios dolosos, en un 47,3%!

Sin embargo, si nos guiamos por los medios masivos de comunicación, el mainstream de las redes sociales y los pronunciamientos del gobierno macrista, debiéramos suponer que la tasa de asesinatos es muchísimo más alta… No digo que iguale o se acerque a la tasa de muertes por enfermedad, pero al menos que no fuera inferior al índice de decesos accidentales, ni al de suicidios. Al menos en lo que concierne a la mortalidad por inseguridad, el sentido común y el relevamiento demográfico se contradicen. Y si se contradicen, uno de ambos está equivocado. Descartadas las teorías conspirativas conforme al principio de la navaja de Ockham, la racionalidad y la sensatez aconsejan darle crédito a las estadísticas oficiales.

Se podría alegar, desde luego, que la inseguridad no sólo entraña casos fatales, sino también otros –muchos otros– donde la víctima de un robo, un secuestro o una violación conserva la vida; y que, de hecho, los primeros representan sólo una pequeña fracción. Esto es muy cierto. Sin embargo, lo mismo se puede aducir respecto a la morbilidad, los accidentes, los suicidios y la mala praxis. La inmensa mayoría de las personas que contraen una enfermedad, que sufren un accidente, que intentan quitarse la vida o que resultan damnificadas por la impericia o negligencia del personal médico o sanitario, no fallecen a causa de ello. Así es que omitir los casos no letales de inseguridad, obviarlos en nuestro análisis, de ningún modo conlleva una infravaloración estadística de la criminalidad. Idéntica omisión sucede con las otras variables.

Pero hay bastante más que decir: si atribuyéramos íntegramente ese exiguo 0,8% de mortalidad por asesinatos al gran cuco de la inseguridad, estaríamos faltando a la verdad. No precisamente por subestimar el problema, sino, al contrario, por sobrevalorarlo en demasía. Saquemos punta al lápiz, pues. Hilemos más fino las cifras de nuestro análisis sociológico; y también sus criterios, su basamento conceptual o categorial.

Empecemos por lo último. En el imaginario social, la inseguridad no está vinculada al fenómeno delictuoso en general, sino a determinadas variantes muy específicas del mismo: el hurto, el robo a mano armada, el secuestro extorsivo, el vandalismo de los barrabravas, la impunidad de los narcos en las barriadas (no así en las altas esferas), el saqueo de negocios, la rotura de vehículos y vidrieras durante una manifestación de protesta, el asesinato o la violación sexual a manos de un extraño, los atentados terroristas… Los delitos de guante blanco (estafa, contrabando, evasión tributaria, lavado de dinero, falsificación de moneda, malversación de fondos públicos, etc.), la violencia intrafamiliar (golpizas, abuso de menores, femicidios, etc.), los ajustes de cuentas entre parientes o amigos, la pedofilia eclesiástica, las riñas sangrientas entre vecinos de zonas residenciales, los crímenes motivados por disputas comerciales o sucesorias, el gatillo fácil, la brutalidad policial y penitenciaria, los genocidios, el terrorismo de Estado, los linchamientos de punguistas (reales o imaginarios), rara vez son percibidos o vivenciados como parte de la inseguridad. La noción que prevalece de la misma es marcadamente clasista y sexista, burguesa y patriarcal. Y también racista, por cierto. En Argentina, igual que en gran parte del mundo, inseguridad es sinónimo –básicamente– de criminalidad «lumpen», independientemente de lo que digan las estadísticas.

De acuerdo al Informe sobre los detenidos por homicidios dolosos SNEEP 2015, elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal, solamente el 11% de los asesinatos de aquel año se produjeron en circunstancias de robo.[ii] De esto se puede fácilmente colegir que, en Argentina, la mortalidad por violencia le debe muy poco a lo que comúnmente se entiende por inseguridad. Apenas la décima parte de los homicidios intencionales son causados por los temidos y aborrecidos chorros. El 89% restante tiene otro origen, como la violencia intrafamiliar, de género e institucional.

Otro dato revelador: en 2016, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, tan sólo el 8% de dichos asesinatos –que en total ascendieron a 254– fueron perpetrados por varones ajenos al entorno de las víctimas. El 86% de los femicidas eran parejas, ex parejas, parientes u otros allegados.[iii] Con los delitos sexuales (violaciones, abusos, estupros, etc.) sucede algo análogo: el victimario, por lo general, no es un perfecto desconocido. Empero, cuando los cruzados de la mano dura hablan de inseguridad a la luz de tales delitos, y claman por la pena de muerte o la mutilación genital, omiten cuidadosamente toda referencia al femicida, violador o abusador que tiene –o tuvo– un vínculo familiar, amistoso, laboral o de otro tipo con la víctima: marido, novio, padre, abuelo, tío, jefe, compañero, etc. No les importa lo que digan las estadísticas. Les preocupa sólo una cosa: «confirmar» sus prejuicios ideológicos.

Pero no debemos olvidar, tampoco, la mortalidad suscitada por la violencia institucional: represión de manifestaciones y motines, gatillo fácil, ejecución de personas detenidas, golpiza o tortura derivadas en muerte, asesinatos en el marco de causas fraguadas y otros crímenes perpetrados por la policía, el personal penitenciario, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura o grupos parapoliciales al servicio de terratenientes o grandes empresas. De acuerdo a lo que informara Correpi en su Antirrepresivo de 2017, el total de víctimas fatales de la violencia institucional en Argentina trepó, durante el primer año de gestión del macrismo (2016), a 441. Aunque cabe destacar que, durante el kirchnerismo, los guarismos ya habían sido escalofriantes: 3.160 durante los doce años de gobierno.[iv]

En síntesis, de ese 0,8% de la mortalidad argentina generado por la violencia, solo una fracción minoritaria puede ser atribuida con rigor a la inseguridad, en el sentido corriente estrecho –conservador– de esta palabra. Lamentablemente, en lo que a asesinatos se refiere, no disponemos de estadísticas nacionales que desagreguen sus datos por causas o móviles criminales, de manera más o menos exhaustiva. Pero el ya invocado SNEEP 2015, igual que el Registro Nacional de Femicidios y el último informe anual de Correpi antes mencionados, sugieren claramente que la inseguridad dista de ser el monstruo infernal que pontifican los sectores reaccionarios.

Sí contamos –algo es algo– con estadísticas detalladas para la ciudad de Córdoba, que sin tener valor probatorio por sí solas, pueden al menos servirnos de indicio. Debemos esta información criminológica a Alejandra Monteoliva, una académica y funcionaria experta en seguridad ciudadana. ¿Qué nos aporta, en concreto, su Primer estudio transversal de homicidios violentos ocurridos en Córdoba Capital, año 2013? Dos datos por demás esclarecedores: primero, que el 65% de quienes cometieron asesinato tenían un vínculo con sus víctimas; y segundo, que sólo el 30% de los homicidios intencionales ocurrieron en contextos de robo a mano armada o agresión sexual en la vía pública. Dicho al revés, apenas un tercio de las personas condenadas por asesinato eran extrañas para quienes fallecieron; y un 70% de los homicidios dolosos fueron por ajuste de cuentas (30%), riña (20%), violencia intrafamiliar (12%), gatillo fácil (2%) y otros motivos que nada o poco encajan con la retórica esclerófoba.[v]

Ahora quisiera traer a colación la mortalidad causada por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, otro rubro eternamente olvidado por la prensa hegemónica y la derecha que nos gobierna. Pero primero debemos volver, una vez más, al SNEEP 2015. Según este informe gubernamental, solamente el 11% de los homicidios dolosos están asociados al robo. Proyectemos –conjeturalmente– este porcentaje a 2016, último año relevado por la DEIS. Si los asesinatos, durante ese lapso de doce meses, ascendieron a 2.131, podríamos estimar que los perpetrados en circunstancias de asalto a mano armada rondarían la cifra de 234. ¿Cuántas personas murieron en nuestro país, durante 2016, a consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales? Murieron 704[vi] oficialmente (aclaro esto porque las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no contemplan el sector informal, el cual, amén de ser más riesgoso por su frecuente precariedad, emplea nada menos que un tercio de la población económicamente activa, de acuerdo al INDEC). Vale decir, simplificando no demasiado las cosas, que las defunciones laborales causadas por la codicia o avaricia del capitalismo triplican la mortandad producida por la brutalidad o crueldad del bandidismo «lumpen». Otro dato estadístico que, por obvias razones ideológicas, nunca será noticia para el Grupo Clarín y otros multimedios…

¿Y la mortalidad infantil? En 2016, de acuerdo a la DEIS, 7.093 niños y niñas murieron antes de cumplir el primer año, y 1.350 perecieron en la edad comprendida entre uno y cuatro años. No es preciso ser una luminaria de la medicina para darse cuenta, mirando las cifras desagregadas por causas, que una gran proporción de esos decesos podrían haberse impedido si la Argentina fuese un país menos desigual y más sano. La pobreza, el hambre, la exclusión social, el déficit sanitario, la falta de prevención, etc., matan más infantes, más pibes y pibas, que víctimas fatales produce la inseguridad. Es una mortandad silenciosa, subterránea, poco espectacular. Por ende, una tragedia escasamente adecuada para la cobertura mediática sensacionalista. A no ser, claro, que haya un interés coyuntural –cosa que hoy no sucede– en minar la popularidad del gobierno; y en ese caso se la exhibe con calculada sensiblería y efectismo, patéticamente. Aunque sin jamás bucear en sus causas estructurales, lo que supone –va de suyo– limitar la explicación del problema a la corrupción e ineficiencia del oficialismo de turno (como hicieron Clarín y La Nación en tiempos kirchneristas), omitiendo así toda alusión incómoda a la responsabilidad del sistema capitalista y su clase dominante.

¿Cuándo la mortalidad por enfermedades evitables, pese a sus guarismos sobrecogedores, ha sido tapa de los grandes diarios? ¿Cuándo la impactante cantidad de accidentes fatales de trabajo, o de muertes por morbilidad laboral, han despertado el interés de los noticieros y programas de opinión con más audiencia? ¿Cuándo el alarmante número de suicidios –47% mayor que el de asesinatos– ha merecido del gobierno una atención prioritaria? Nunca, jamás. Porque no interesa la mortalidad per se, sino, solamente, la mortalidad asociada al crimen, muy especialmente cuando es practicado por la clase «lumpen» de piel morena: atraco a negocios con armas de fuego, desvalijamiento de viviendas en barrios residenciales, piratería del asfalto, agresión sexual en la calle contra mujeres de clase media o alta, etc. Los delitos burgueses de guante blanco, que por lo general son incruentos en su modus operandi, no concitan igual interés, aunque su magnitud económica y sus secuelas sociales sean, a mediano y largo plazo, muchísimo más graves que el raterismo de la «negrada villera». La violencia intrafamiliar (de género, parental u otra) tampoco mueve el amperímetro de la inseguridad en esta bendita Argentina de Cambiemos. Se la sigue considerando un problema «privado», un asunto «doméstico», aunque sea más mortífera –así lo indican las estadísticas oficiales– que el accionar del hampa.

Si la inseguridad es –como tanto se cacarea– el mayor azote de nuestro país, ¿cómo se explica entonces el lugar tan marginal que ocupa entre las causas de muerte? Se sobrevuela la problemática con ligereza y tendenciosidad, sin descender jamás al terreno concreto de los datos duros. Qué se busca con esto, a conciencia o sin ella, me parece evidente: llevar agua al propio molino. ¿Cuál es ese propio molino de la derecha? La necesidad presuntamente imperiosa, perentoria, inapelable, de aplicar medidas draconianas contra el delito «lumpen», como la militarización del orden público con fuerzas de Gendarmería, la baja en la edad de imputabilidad y la mentada doctrina Chocobar. E inextricablemente unido a esa necesidad, el afán de demonizar y defenestrar al adversario: el «garantismo», bestia negra presuntamente responsable de casi todos los males que afligen a la nación.

Hagamos ahora una comparación diacrónica, histórica, tomando una vez más como criterio la mortalidad por asesinatos. Pero como la población argentina ha ido aumentando con el correr del tiempo, en lugar de cifras absolutas cotejaremos cifras relativas (número de muertes violentas cada 100 mil habitantes). Confrontaremos la tasa de homicidios dolosos de 2016, último año relevado estadísticamente por la Subsecretaría de Política Criminal, con las tasas de años anteriores.

El índice de 2016 fue de 6, menos alto que el de 2015 –que fue de 6,60– y el de 2014 –que fue de 7,60–. Si nos remontamos en el tiempo hasta 2007/2006 –últimos dos años del mandato de Néstor Kirchner–, encontramos tasas de 5,26 y 5,27. Estos índices son inferiores al de 2016, cierto. Pero apenas reanudamos nuestro viaje al pasado, nos topamos con tasas más elevadas: 5,48 en 2005; 5,91 en 2004; 7,59 en 2003, primer año del kirchnerismo; 9,20 en 2002, con Duhalde de presidente; 8,20 en 2001, el año de la tremebunda crisis que se llevó en helicóptero a De la Rúa… Retrotraigámonos una década más, hasta el primer mandato de Menem: allá por 1991/92, el índice de asesinatos fue de 7,48 y 9. ¿A cuánto arribó en 1999, año de expiración del menemato? Al guarismo de 7,29…[vii] En resumidas cuentas, la evolución anual de la tasa de homicidios intencionales durante el último cuarto de siglo no sugiere ningún crecimiento galopante, o siquiera moderado, de la violencia homicida en Argentina. La curva resulta más bien oscilante, fluctuante. Y en todo caso, lo que se vislumbra –comparando la tasa de 2016 con la de 1991– es una ligera tendencia a la baja.

Vale decir que tampoco el examen diacrónico da pábulo a la visión apocalíptica de la inseguridad, al menos en lo que respecta a la mortalidad por asesinatos. Facts are facts, datos son datos.

Este análisis no estaría completo si no incluyera, asimismo, un cotejo sincrónico de nuestro país con otras naciones de la región, el continente y el mundo. Para ello, nos valdremos de las estadísticas que provee la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) desde de su página web Global Study on Homicide,[viii] referidas a la tasa de homicidios dolosos o intencionales; tasa que excluye –vale aclarar– las muertes ocurridas a causa de guerras u otros conflictos políticos (insurrecciones, revoluciones, golpes militares, genocidios, etc.).

La República Argentina tiene –año 2016– un índice de 6, el más bajo en Sudamérica exceptuando Chile (3,59 en 2014). En 2015, por caso, Venezuela tuvo una tasa superior a 57, mientras que Uruguay y Ecuador exhibieron índices mayores a 8. Brasil y Colombia, dos países que el «antigarantismo» argentino siempre ha invocado como ejemplos ominosos de lo que nos aguarda si no se aplica cuanto antes la mano dura, poseen tasas superiores a 26; tasas que revelan un nivel alarmante de inseguridad del cual nuestro país, afortunadamente, está muy lejos, aunque la derecha troglodita –que ve favelas y narcos hasta en la sopa– denuncie lo contrario.

Subamos en la escala de comparación: América Latina. ¿Qué países de la región, aparte de Chile, tienen tasas de homicidios dolosos más bajas que Argentina? Solamente Cuba (4,19), la única república socialista del hemisferio occidental, la nación menos desigual de todo el continente. Si somos extremadamente puntillosos, podríamos acaso sumar a Aruba (3,94) y Martinica (2,78), ¿pero tiene sentido hacerlo?[ix] Más sentido parece tener, en cambio, cotejar el índice argentino de asesinatos con el de la región globalmente considerada. La tasa de América Latina resulta cercana a 23, según pude calcular. Esto significa que la tasa argentina es casi cuatro veces inferior a la latinoamericana. Acotemos que México, el segundo país más importante de la región, exhibe un índice superior a 16; índice que casi triplica el de nuestro país. Panamá y Costa Rica, las dos naciones con mayor PBI per cápita de Centroamérica, poseen tasas que sobrepasan los 11 puntos.

Si seleccionamos el espacio de la América toda, el índice de homicidios intencionales desciende a algo menos de 17. Esto se debe al peso demográfico de los dos grandes países desarrollados del norte, Estados Unidos y Canadá, cuyas tasas son de 4,88 y 1,68 respectivamente. A nivel continental, solo esas dos naciones, Cuba y Chile cuentan con índices inferiores al de Argentina.

Ahora realicemos un cotejo a escala mundial. En el ranking de los 219 países del planeta, que encabezan los de menor tasa de asesinatos, Argentina se ubica en el medio. Precisar su puesto exacto resulta muy difícil, porque la actualización de datos por nación es muy despareja, desacompasada. Aquí se toma como referencia, para nuestro país, el guarismo del año 2016 –que es 6– reportado por la Subsecretaría de Política Criminal, como ya se indicó. En base a ello, la Argentina rondaría aproximadamente el puesto n° 134, aunque si se prescinde de los microestados y las colonias insulares minúsculas, podría progresar unos diez peldaños, o quizás un poco más. Sea como fuere, nuestra república se sitúa en la medianía del ranking, lejos de los países más seguros como Japón y Noruega (donde la tasa de asesinatos es inferior a 1), pero también a mucha distancia de naciones como Sudáfrica y Jamaica (donde la tasa es mayor a 30).

En síntesis, la comparación sincrónica a nivel internacional tampoco le da la razón a quienes, en Argentina, opinan que la seguridad ciudadana ha descendido, en lo que va del siglo XXI, a umbrales críticos como los de Brasil, Colombia o México, o de algunos países centroamericanos o africanos como El Salvador o Lesotho. Las estadísticas de la ONUDD desmienten ese pesimismo. Hay problemas de inseguridad en Argentina, sin duda. ¿Cómo no los habría en una sociedad tan desigual y excluyente como la nuestra, con tantos bolsones de pobreza y tamaña ostentación de la riqueza? Pero no existe, a la vuelta de la esquina, ningún apocalipsis de chorros y narcos que justifique políticas draconianas o ultra-represivas.

La pesada herencia de la «colombianización» o «favelización» de la Argentina durante el kirchnerismo (uso neologismos que no me pertenecen ni simpatizan) representa una gran mentira, una gran estafa. Es una realidad paralela montada por los medios hegemónicos para justificar la militarización de las calles, el retorno de la mano dura. La derecha argentina acaricia un sueño: miles y miles de Chocobar contra el pobrerío de los arrabales, que, con sus sórdidos ilícitos, amenaza la seguridad de la ciudadela burguesa.

La preocupación por la inseguridad debiera ser, ante todo, menos abstracta y más contextual. Habría que tener en cuenta, muy de cerca, las causas materiales estructurales que la reproducen en el marco de una sociedad históricamente determinada, con desigualdades enormes y antagonismos irreductibles. Pero por otra parte, esa preocupación debiera ser directamente proporcional al peso real que la inseguridad tiene en la mortalidad. Dicho de otro modo, sería sensato y saludable entender, aceptar, que la importancia de la criminalidad «lumpen» como factor de mortandad es, en realidad (las estadísticas así lo corroboran), muy inferior a lo que se prejuzga desde el pantano del sentido común. Si hay más muertes por enfermedades evitables que asesinatos, más accidentes fatales que asesinatos, más suicidios que asesinatos, entonces esas causas de mortalidad debieran preocuparnos más que los asesinatos, aunque el discurso hegemónico nos diga otra cosa. Y si la mayoría de los homicidios intencionales no están asociados al robo, y si quienes matan con violencia tienen –las más de las veces– un vínculo familiar o de otra índole con sus víctimas, entonces tendríamos que revisar, como país que se precia de vivir en el siglo XXI, nuestra harpaxofobia desmadrada. Por lo demás, no hay que perder nunca de vista los estragos económico-sociales que genera la criminalidad de guante blanco, muy superiores a los que origina la criminalidad de los ladrones de gallinas.

Que el miedo a la inseguridad no le gane la partida al pensamiento crítico. Porque si el miedo a la inseguridad gana, gana con él la cultura del odio; y con ella, siempre, en todas partes, la violencia que abastece de muerte a los cementerios.

NOTAS

 [i] Vid. Dirección de Estadísticas e Información en Salud, https://www.deis.msal.gov.ar/index.php/estadisticasvitales. Página recuperada el 27 de marzo de 2018.

[ii] Cf. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, https://www.jus.gob.ar/media/3202706/Detenidos%20por%20Homicidios%20Dolosos.pdf, p. 7. Página recuperada el 28 de marzo de 2018. El precitado informe es el último de su tipo que está disponible.

[iii] Cf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oficina de la Mujer, https://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2016.pdf, p. 12. Página recuperada el 29 de marzo de 2018. En cuanto al 6% restante de los femicidios, no se ha podido establecer si había o no un vínculo entre víctima y victimario, ni cuál era el mismo.

[iv] Vid. Correpi, Antirrepresivo 2017, https://es.scribd.com/document/367804910/Correpi-informe-2017, pp. 9 y 11. Página recuperada el 30 de marzo de 2018.

[v] Cf. Observatorio de Seguridad Ciudadana, Primer estudio transversal de homicidios violentos ocurridos en Córdoba Capital, año 2013, http://www.seguridadciudadana.info/docs/ETHV_Cordoba2013_Completo%20v3.pdf, p. 16. Página recuperada el 30 de marzo de 2018.

[vi] Cf. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Departamento de Estudios y Estadísticas, Informe anual de accidentabilidad laboral 2016, resumen ejecutivo, https://www.srt.gob.ar/estadisticas/anuario/Resumen%20Ejecutivo%20-%202016.pdf, p. 4. Página recuperada el 31 de marzo de 2018.

[vii] Vid. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, http://www.jus.gob.ar/media/109426/SnicARGENTINA2008.pdf. Página recuperada el 31 de marzo de 2018. Cf. también Ministerio de Seguridad de la Nación, Estadísticas criminales en la República Argentina, informes de 2014, 2015 y 2016, en https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar. Página recuperada el 31 de marzo de 2018.

[viii] https://www.unodc.org/gsh.

[ix] Aruba se trata de una diminuta isla del Caribe con poco más de 100 mil habitantes, una colonia holandesa célebre como paraíso turístico y fiscal. Martinica, otra de las Antillas Menores, es un departamento de la Francia de ultramar cuya superficie no llega a los 1.200 km², y cuya población todavía está lejos del medio millón.

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