El Golpe Militar del ’55 en Mendoza (III)

Feb 14, 2016 Eduardo Paganini El baúl Comentarios desactivados en El Golpe Militar del ’55 en Mendoza (III)

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Concluye en esta entrega de EL BAÚL este detallado y vívido panorama de la historia mendocina sobre la resistencia peronista, desde el golpe militar de 1955 hasta la presidencia de Frondizi. Su lectura permite adentrarnos en el clima de confrontación que sobrellevaba el país y la provincia, conocer algunos de los personajes que protagonizaron el momento, y —además— corroborar cómo una vez más el poder recurría al terrorismo de estado para imponer sus objetivos. Todo ello loable tarea de la Prof. Álvarez a quien debemos este panorama tan vital.

 La resistencia y la aplicación del plan CONINTES

Con el triunfo electoral de Arturo Frondizi, el 23 de febrero de 1958, comenzó un nuevo período democrático en la República Argentina. Para el nuevo presidente se iniciaba una etapa muy difícil, ya que iba a estar acechado por las fuerzas armadas y por los peronistas, encabezados por Perón, quienes exigían el estricto cumplimiento de las condiciones impuestas por el pacto[i], gracias al cual ellos consideraban que había llegado al poder.

La política implementada por el nuevo gobierno buscó superar la antinomia peronismo-antiperonismo y atraerse al sector obrero. Es por ello que dictó la ley 14.436 de amnistía, se levantaron las inhabilitaciones políticas y las inhibiciones gremiales, se normalizó la CGT y varios gremios, se aprobó la ley de Asociaciones Profesionales y se dispuso un aumento de emergencia del 60% sobre convenciones de trabajo. Pero el partido peronista continuó proscripto y no permitió el regreso de Juan Domingo Perón.

Posteriormente, a medida que las relaciones con el peronismo se enfriaban, la política del gobierno hacia ese sector se fue endureciendo. Por decreto N° 13.462/59 del 26 de octubre de 1959, se confirmó la disolución y cancelación del partido peronista y por decreto N° 15.169 del 5 de diciembre de 1960, se prohibió su actividad en todo el territorio de la República. Esto determinó la ruptura definitiva entre Frondizi y Perón.

En el ámbito económico la situación también se presentó complicada. El 24 de julio comenzó lo que dio en llamarse la batalla del petróleo cuando el presidente anunció la firma de varios contratos con empresas petroleras, en su mayoría norteamericanas, que operarían por cuenta de YPF para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos. Esto generó polémica entre propios y opositores, ya que Frondizi sostenía que YPF era incapaz de asumir esta tarea, cuando hasta entonces había sostenido lo contrario, incluso se había enfrentado a Perón cuando firmó el contrato con la California Oil Company. Además, en diciembre de 1958, se empezó a aplicar el plan de estabilización confeccionado a base de las recomendaciones del FMI y a cuyo seguimiento estaba condicionada la ayuda financiera. Esto provocó una secuela de medidas económicas antipopulares, ya que buscó reducir el déficit del presupuesto mediante la contención del aumento de salarios del sector público, el congelamiento de vacantes y el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Esta política también trajo aparejado la privatización de empresas estatales ineficaces y mal administradas. La contracción de la demanda provocó una caída de la producción y del empleo.

El plan de austeridad fue el pretexto que esperaban los dirigentes peronistas para dar por terminado el pacto. Durante todo el año 1959 abundaron actos de terrorismo perpetrados por los elementos más duros del peronismo. Bombas, sabotajes, disturbios, etc. intranquilizaron al país y dieron motivos a los sectores militares gorilas, para acusar de debilidad a Frondizi y presionarlo para que adoptara medidas más drásticas. El resultado fue la aplicación, por decreto N° 2628/60, del Plan de Conmoción Interior del Estado (CONINTES) con el propósito de restablecer el orden en vista a los comicios de marzo de 1960.

Esta medida se extendió a todo el país y en Mendoza, el 18 de marzo, la Agrupación de Montaña Cuyo realizó una serie de procedimientos en Capital y alrededores, deteniendo a 17 personas de distintas tendencias que fueron alojadas en el Batallón de Zapadores de Calle Boulogne Sur Mer. También se secuestró propaganda impresa a favor del voto en blanco, cargas de trotyl, mechas, algunos trozos de cañas y discos grabados con propaganda. Entre las personas detenidas predominaban gremialistas y dirigentes del peronismo[ii].

En los días siguientes se realizaron nuevas detenciones, pero al mismo tiempo, hubo varias liberaciones gracias a la presentación de recursos de habeas corpus a favor de los detenidos. Estas detenciones injustificadas determinaron a un numeroso grupo de abogados del foro local a emitir la siguiente resolución:

Ofrecer sus servicios profesionales gratuitos a todas las personas que sean víctimas de detenciones ilegales o de menoscabo a cualquiera de sus derechos en las circunstancias excepcionales porque atraviesa el país[iii].

En la noche del 25 de mayo, la provincia de Mendoza fue sacudida por tres atentados terroristas con bombas. El primero, fue cometido contra el puente de la ruta 40 sur existente sobre el Arroyo La Estacada en el departamento de Tunuyán y los efectos del estallido causaron la destrucción de la parte norte del puente.

La segunda explosión ocurrió en uno de los cuerpos de la construcción del hotel San Francisco de Chacras de Coria, donde la empresa petrolífera norteamericana, la Banca Carl Loeb and Rodes Co tenía instaladas sus oficinas. La onda expansiva arrancó puertas y ventanas y resquebrajó paredes y techo.

El tercer atentado, ocurrió en el centro de la ciudad, en la casa del comandante de la agrupación de Montaña Cuyo y comandante del Plan CONINTES en Mendoza, Gral. Cecilio Lavayrú, ubicada en la calle Salta 480. Como consecuencia de la explosión, las puertas y ventanas se desplazaron de su lugar, se dañó la estructura del edificio y se rompieron muebles y efectos del hogar. No se produjeron víctimas personales en ninguno de los tres casos.

A partir de este momento, y amparados en el Plan CONINTES las autoridades militares iniciaron numerosas detenciones pero fue recién a mitad de junio, y a través de un confuso episodio, que comenzaron a dilucidarse las cosas. El 13 de junio, por la noche, varios desconocidos armados penetraron en el local de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) situada en Mitre 573 de ciudad y secuestraron al secretario de dicha entidad Edgardo Boris. Poco después, se produjo otro hecho similar en Dorrego, cuando Hermann Herbst, de filiación peronista, fue sacado de su casa por la fuerza e introducido en un auto por desconocidos. Otro tanto ocurrió con Carlos Burgos, también dirigente peronista. Con respecto a estos hechos Hermann Herbst nos hizo el siguiente relato:

Fui secuestrado del domicilio de mis padres, en la madrugada del 14 de junio de 1960 y estuve secuestrado hasta la madrugada del día 17 de junio del mismo año. Luego me abandonaron en el Parque Aborigen. Durante todo este tiempo, siempre con los ojos vendados, en la casa donde me torturaron, me desnudaron y me tiraron en una cama sin colchón sobre elástico de metal, atándome de pies y manos, me pusieron sobre mi cabeza algo así como una almohada y empezaron a darme, como entre ellos se decían, sesiones de picana eléctrica en todo mi cuerpo y cada tanto tiempo golpes de puño en la boca, estómago y testículos. Aún tengo la impresión que mientras me torturaron había un médico presente porque cada tanto me tomaba el pulso. Cuando me encuentra la policía, me toma el Ejército, y urgente me envían a la guardia del 8º Batallón de Comunicaciones, alojándome en una habitación, donde había una cama. Me ponen en tratamiento riguroso bajo cuidado médico y enfermero durante ocho días[iv].

La CGT Regional Mendoza responsabilizó al gobierno provincial y a las autoridades militares por estos secuestros, se declaró en estado de alerta y en un comunicado manifestó:

[…] la seguridad y el temor a no saber qué es lo que puede pasar en cualquier instante a dirigentes gremiales y obreros en general ha hecho presa del ciudadano argentino, haciendo que ese estado de ánimo influya directamente sobre la evolución natural del pueblo. […] el temor disimulado un poco por indiferencia está ya dejando paso a un principio de justificada rebeldía. […] la inquietud de la masa trabajadora ante el atropello concretado contra los ciudadanos Edgardo Boris y Hermann Herbst exige de todos los organismo responsables una rápida y concreta contestación[v].

En realidad esos secuestros no fueron realizados por fuerzas militares sino, según los testigos entrevistados por la Comisión Legislativa constituida para investigar estos hechos, por parte de personal de la Policía Federal. El mismo Herbst sostiene que fue la Coordinadora Federal.

En la madrugada del 17 de junio, los tres secuestrados fueron abandonados en el Parque Aborigen con heridas en diferentes partes del cuerpo y sorpresivamente, quedaron a disposición del Consejo de Guerra Especial acusados de actos de terrorismo e incomunicados. Según las autoridades militares los detenidos habían confesado su participación en la colocación de las bombas en el puente sobre el arroyo La Estacada, en el hotel San Francisco y en la casa del Gral. Labayrú. Estas acciones habrían sido dirigidas por el ex teniente primero Ciro Ahumada que se hallaba prófugo y serían parte de un plan subversivo más amplio que tenía por misión llevar a cabo otros actos de terrorismo y difundir noticias difamatorias del gobierno nacional y las fuerzas armadas, además de estar preparados para iniciar guerrillas dentro del territorio provincial. Los explosivos habrían sido robados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de la mina Huemul en Malargüe.

A partir de este momento comenzaron las detenciones relacionadas con el caso. Entre las primeras se hallaban dos mujeres, la esposa del ex-teniente Ciro Ahumada y la madre de Carlos Burgos. A ellas le siguieron Pedro Petignano, Sebastián Baztán, Juan Muracelli, Tristán Álvarez, Leónidas Aveiro y Luis Barrosse Quiroga (estos dos fueron aprehendidos en Jujuy y luego trasladados a Mendoza), Atilio Chacón, Felipe Rosas, Antonio Bajouth, José Said, Miguel Marinelli, Francisco Juan Ahumada, José A. Mas y numerosas personas más (según los datos oficiales estas alcanzaron un número superior a sesenta).

Algunos de ellos recuperaron la libertad y otros fueron sometidos a juicio por parte del consejo de Guerra especial Nº 3 constituido en Mendoza y presidido por el Cnel. Guillermo F. Baker. A los acusados se les asignaron defensores militares.

A raíz de la gran cantidad de allanamientos y detenciones que las autoridades militares llevaron a cabo en virtud de la aplicación del plan CONINTES, la mesa redonda de la CGT emitió una declaración en donde condenaba no sólo la realización de actos de terrorismo, sino también la subversión institucional llevada a cabo por el gobierno nacional expresando, entre otras cosas:

La sustitución o subordinación del poder civil a las Fuerzas Armadas significa una subversión institucional inadmisible con la existencia del estado de derecho.

Sólo mediante la aplicación de leyes de evidente inconstitucionalidad —estado de sitio por tiempo indeterminado y el llamado plan CONINTES— se concibe que la vida, derechos y garantías del ciudadano están hoy a merced de formas y procedimientos de represión incompatibles con el estado actual de la civilización y de la democracia.

[…] La violencia engendra la violencia, y de continuar el proceso de disociación que caracteriza en los momentos actuales la vida nacional, se puede asegurar que se está en camino de la guerra civil y el caos. Se da pretexto a intentos golpistas, que son otra forma de terrorismo, que conduce a la dictadura y en consecuencia merece también nuestro categórico repudio[vi].

Los juicios se iniciaron el 16 de setiembre y en esa oportunidad el Tte. Cnel. Hartkopf fue el encargado de exponer la acusación que presentó dividida en capítulos:

1. Actividades de la banda terrorista-guerrillera-subversiva de Ciro Ahumada, sus conexiones en la zona Cuyo y en otros lugares del país.
2. Distribución y transporte de explosivos por parte del grupo Ahumada y tenencia de explosivos por colaboradores directos e indirectos de dicho grupo.

• Organización subversiva-clandestina.

1. Redacción, impresión y distribución de propaganda terrorista subversiva.
2. Colaboradores varios del terrorismo en tenencia de explosivos.
3. Tenencia de explosivos por directivos de la Unión Obrera Metalúrgica.

En su extenso alegato el fiscal historió las actividades de la organización llamada Unión Guerrilleros Andinos (UGA) que actuó en Mendoza bajo las órdenes de Ciro Ahumada y, entre otras cosas, expresó:

El partido Justicialista y la CGT actuando dentro del marco legal que le brinda nuestra organización democrática tratan de mantener latente el divorcio de la masa ciudadana con los ideales democráticos del país a los efectos de hacer posible en cualquier momento el advenimiento de la por ellos llamada ¨gran revolución justicialista[vii].

 Según el relato de la acusación, en febrero de ese año, el grupo de Ahumada llevó a cabo el robo de explosivos en la mina Huemul, los cuales fueron distribuidos en Mendoza y una parte enviados a Buenos Aires para abastecer a los grupos terroristas que actuaban allí. En marzo el grupo asaltó la estación de radio que la Universidad Nacional de Cuyo poseía en el Refugio de Altura en la Laguna del Diamante, y el equipo robado fue remitido a Buenos Aires y luego a Paraguay con la finalidad de realizar transmisiones clandestinas. Mientras tanto era volado el busto de Urquiza y, desde diversos locales de la CGT y sindicatos, se desarrollaba una intensa acción panfletaria, para culminar con los atentados del 25 de mayo.

Los juicios, en realidad fueron una parodia, se extendieron por espacio de dos meses, hasta mediados de noviembre y numerosas personas fueron juzgadas y sentenciadas. Las penas oscilaron, según la gravedad del delito, entre 25 años y 6 meses de prisión.

Para finalizar, recordemos que el 1 de diciembre de 1960 se produjo en Rosario el levantamiento del general peronista Miguel Iñiguez. Este movimiento fue rápidamente sofocado y en Mendoza no tuvo mayor repercusión. Sólo hubo algunos actos de sabotaje en líneas telefónicas y telegráficas del este y sur de la provincia pertenecientes a la Compañía Argentina de Teléfonos, Correos y Telecomunicaciones y Ferrocarril General San Martín.

En el ámbito militar fueron detenidos por supuesta complicidad con el levantamiento, el Tte. 1º Héctor De Matei, el Cnel. (RE) Pedro Lucero, los Tres. Cneles. (RE) Valentín Ugarte y Pedro Quiroga y el entonces Cap. (RE) Horacio Farmache. Consultado este último acerca de las causas que motivaron el levantamiento nos expresó lo siguiente:

El general Iñiguez se subleva durante el gobierno de Frondizi. Fue la reacción de los militares que estaban retirados a partir del ‘55 por su condición de nacionalistas peronistas. El General Iñiguez era un prestigioso general del ejército que no había sido peronista pero militaba dentro del nacionalismo militar, por lo que fue pasado a retiro por la Revolución Libertadora. […] Es la reacción que significó el gobierno del Dr. Frondizi porque él no reparó las injusticias que se cometieron en 1955 con el personal militar, no reparó la política militar equivocada que seguía el sector antiperonista o gorila. El General Iñiguez levantó las banderas de reivindicación de ese sector no sólo referido al aspecto estrictamente militar sino que era la reacción contra los fusilamientos de 1956 y contra una política que los sectores nacionalistas del país entendían que era una política liberal donde se comenzaban a entregar los resortes fundamentales de la economía argentina al capital internacional[viii].

Con excepción de De Matei, los otros militares recuperaron rápidamente la libertad.

Conclusión

El triunfo de la Revolución Libertadora en Mendoza tomó por sorpresa no sólo al gobernador peronista Carlos Evans, sino también a toda la dirigencia peronista, tanto gremial como política, la cual en un principio y siguiendo la tónica de las autoridades nacionales del partido, convocó a la masa peronista a la pacificación.

A pesar de las declaraciones conciliadoras del gobierno de la intervención provincial, se adoptaron una serie de medidas irritativas, como la detención de dirigentes políticos y gremiales, la formación de comisiones investigativas en todos los ámbitos de la administración pública, entre otras, las cuales se endurecieron con la llegada a la presidencia del Gral. Aramburu.

Esta situación generó, como en el resto del país, el surgimiento de lo que se conoce como resistencia peronista. Muchos dirigentes políticos y sindicales se atribuyen la organización de la resistencia que, a nuestro juicio, no tuvo carácter orgánico y careció de unidad de objetivos, metodología y conducción. En su seno existieron dos polos de acción, por un lado la dirigencia política y gremial que se orientó hacia una resistencia pasiva a través de la publicación de un periódico, panfletos, reuniones clandestinas y la organización de partidos alternativos. Mientras que por otro lado, se llevaron a cabo algunos actos de violencia organizados por sectores más duros del peronismo, fundamentalmente de origen obrero, con vinculaciones con la dirigencia gremial ortodoxa de Buenos Aires, que tuvieron amplia repercusión periodística pero carecieron de efectividad. Este panorama coincide, aunque en una escala mucho más reducida, con lo que ocurrió a nivel nacional, ya que el desarrollo industrial y por ende, el número y la capacidad de movilización obrera en Mendoza era mucho menor que en los grandes centros fabriles del país.

En cuanto al Plan CONINTES instaurado por el gobierno de Arturo Frondizi, su aplicación en Mendoza se hizo efectiva a partir de la consumación de tres atentados con bombas (puente sobre el arroyo La Estacada, Hotel San Francisco y residencia del Gral. Labayrú), ocurridos el 25 de mayo de 1960. Numerosas personas fueron detenidas y se constituyó el Consejo de Guerra especial N°3 que durante dos meses llevó a cabo el juicio contra los acusados de actividades terroristas. Las penas impuestas oscilaron entre veinticinco años y seis meses de prisión.

Los levantamientos producidos a nivel nacional dirigidos por el Gral. Valle en 1956 y el Gral. Iñiguez en 1960, no encontraron eco en Mendoza.[ix]

Fuente: Yamile Álvarez, La resistencia peronista en Mendoza (1955-1960): Una aproximación a su estudio a través del relato de sus protagonistas, Mendoza, Revista de Historia Americana y Argentina, Vol. 49, Nº 2, 2014, UNCuyo. ISSN 0556-5960.

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Referencias

[i] En el punto II del pacto se establecían las obligaciones de Frondizi en caso de asumir el gobierno, entre otras: revisión de las medidas de carácter económico adoptadas desde el 16 de setiembre de 1955, lesivas a la soberanía nacional, y de aquellas que determinaron un empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, la anulación de las medidas de toda índole adoptadas por el gobierno provisional desde el 16 de setiembre de 1955 con propósitos de persecución política, levantamiento de las interdicciones y restitución de los bienes a sus legítimos dueños, devolución de los bienes de la fundación Eva Perón, levantamiento de las inhabilitaciones gremiales y normalización de los sindicatos y de la CGT, reconocimiento de la personería del Partido Peronista, devolución de sus bienes y levantamiento de las inhabilitaciones políticas, reemplazo de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y eliminación de los magistrados que han participado en actos de persecución política, en un plazo máximo de dos años se convocará a una Convención Constituyente para la reforma total de la Constitución, que declarará la caducidad de todas las autoridades y llamará a elecciones generales. San Martino de Dromi, 1996: 160-161. 

[ii] Entre los detenidos podemos mencionar a Máximo Castillo, secretario general de la Federación de Sindicatos del Vidrio, el Sr. Aveiro dirigente del Sindicato del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, Eduardo Laborda, secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación, Jorge Monteavaro, secretario adjunto del SUTIAGA, Manuel Castelló, presidente de la Junta promotora del partido justicialista, Juan López, secretario general de esa junta, Gaspar Barrionuevo, protesorero, Ramón Chávez , secretario de prensa de la juventud justicialista y los dirigentes Oscar Andreoli, Gregorio Ubrina, Eusebio Martínez Zapata, Hernán Herbst, Eduardo Merlo, secretario gremial del sindicato del Personal del Ministerios de Economía, Obras Públicas y Riego, Pascua Said, dirigente justicialista y Carlos Grilli, secretario general de la Unión General Gastronómica.

[iii] Los Andes, 20-3-1960: 5. 

[iv] Testimonio de Hermann Herbst. Dirigente peronista, miembro de la resistencia. Entrevista realizada en 1999. 

[v] Los Andes, 15-6-1960:3.  

[vi] Los Andes, 3-7-1960: 9. Esta declaración fue suscripta además por otras agrupaciones : Unión Cívica Radical del Pueblo, Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Justicialista, Partido Socialista, Unión Popular, Partido Demócrata Progresista, Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Movimiento Reformista de Ciencias Económicas, Movimiento Estudiantil Renovador Cuyano, Agrupación Reformista de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales, Agrupación Reformista de Ciencias Económicas, Unión de Mujeres de la Argentina, Consejo Argentino por la Paz, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y numerosas organizaciones sindicales. 

[vii] Los Andes, 17-9-1960:7. 

[viii] Testimonio del Tte. Cnel. (RE) Horacio Farmache. Capitán del Ejército en el momento de producirse la Revolución Libertadora, fue pasado a retiro por no adherir a ella. Posteriormente fue elegido delegado de Perón en Mendoza (Entrevista realizada en 1991). 

[ix] FUENTES

Diario Los Andes. Mendoza, 1955 a 1960.

Diario La Libertad. Mendoza, 1955 a 1958.

Diario La Tarde. Mendoza, 1955 a 1958.

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ENTREVISTAS ORALES

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FARMACHE, Horacio

HERBST, Hermann

NARANJO, Decio

PANOFF, Enrique

SERÚ, García Alberto

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El Golpe Militar del ’55 en Mendoza (I)

El Golpe Militar del ’55 en Mendoza (II)

 

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