-Va a tener una incidencia importante. No es que mueva el eje de la política criminal, pero va a ahorrar esfuerzos inútiles. No nos interesa penar consumidores, que ni siquiera son adictos y son la gran mayoría. Sí nos interesa que todos los cañones se concentren sobre el tráfico. Hay un desperdigamiento total de esfuerzos. Tenemos llenos los juzgados federales de procedimientos de esta naturaleza, y, en realidad, no sirven para nada, no sirven para controlar el uso de tóxicos. Debemos concentrar los cañones en los traficantes.
Y particularmente en el paco. Toda la política prohibicionista en el mundo ha llevado a resultados altamente negativos en los últimos 30 o 40 años. Ha generado muchos más muertos la lucha económica detrás de los tóxicos prohibidos que lo que genera el propio tóxico prohibido. Pero esto es una política de tipo mundial. Es muy difícil, casi imposible, ganarle a un tráfico de drogas por vía penal. Uno se pone delante de organizaciones que lo barren con cañonazos de dólares, o de plomo.
En el caso del paco, uno no se está enfrentando con un cartel internacional. El paco es una cosa casi artesanal y ahí sí a la batalla la podemos ganar. Esa batalla es importante porque en este momento hay una emergencia. En definitiva, si hay un abuso y una dependencia, cualquier tóxico destruye, pero, neurológica y físicamente, a lo largo de años. El paco destruye en meses. Pero es una batalla que se puede ganar.

-Usted es autor de una frase impactante: “No hay distribución de tóxicos sin connivencia oficial”. ¿Qué repercusión tuvieron esas palabras en el Estado, entre los funcionarios, en la propia policía?
-No estoy hablando de algo concreto sino de algo que es una ley criminológica. Ha sido una temática de congresos y de eventos. El llamado crimen organizado es criminalidad de mercado en todas sus manifestaciones, sea tóxicos, armas, personas, sea lo que sea, y esta criminalidad ocupa agujeros de mercado: cuando un producto tiene una altísima rentabilidad, se corre el riesgo de prestar un servicio ilícito paralelo.
Y no hay ninguno de esos servicios ilícitos paralelos que funcione sin connivencia de algún nivel estatal. No digo que sea de la cúpula. Si se autonomiza alguna agencia del Estado, puede ser incluso la connivencia de niveles bajos de la agencia.

-Pensaba en los problemas que tiene el gobernador Scioli con la policía bonaerense. Y cómo en la provincia se ha pasado cíclicamente de una política de purgas y de reformas profundas a una de mayor tolerancia y negociación con la corporación policial. Ninguna funcionó. ¿Qué hay que hacer?
-Daniel (Scioli) se equivocó en el modelo. Me parece que se dejó llevar por la idea de que el control de la policía obstaculizaba la lucha por la seguridad. Y autonomizó la policía de nuevo. Ese fue el problema. Y cuando la autonomizás, se descontrola. Ése es el error político que cometió. Por suerte, la advertencia llegó sin ningún muerto. Felizmente.

-¿Hay presiones del Gobierno sobre la Corte?
-No, es bastante difícil presionar a la Corte porque la característica de este tribunal, no digo que sea mejor o peor que otras, es que somos siete personajes y es muy difícil aquí adentro obtener cuatro votos, o tener la mayoría. Justamente nos critican por la disparidad de votos, de fundamentos. Bueno, es el precio del pluralismo. Estoy muy satisfecho de integrarla. Estuve en otros tribunales colegiados y nunca me sentí tan cómodo como acá.
Somos siete personalidades diferentes, con biografías distintas, trayectorias, especializaciones y experiencias diferentes, y eso es lo positivo. La imparcialidad no se puede obtener en el Poder Judicial si no es a través del pluralismo. Y esta Corte es plural. Quien vea cómo votamos se da cuenta. No hay bloques.

-¿Por qué la mano dura está de moda y el garantismo es mala palabra?
-No lo sé… Lógicamente, para todo lo que fueron las administraciones republicanas, desde Reagan hasta ahora, la expresión garantismo era un obstáculo para el establecimiento del Estado penal. Si uno lo analiza ideológicamente, en términos más claros, la esencia de la función judicial es proveer de garantías, garantizar el espacio de autonomía del artículo 19 de la Constitución.
¿Quién está contra las garantías? Claro, todo autoritarismo, totalitarismo, ha estado contra las garantías. ¿Estos tipos son autoritarios, totalitarios, nazi fascistas, stalinistas? No, porque el autoritarismo de esta época que genera este Estado penal es un autoritarismo cool, decadente. No es el de los viejos totalitarismos de entreguerra, con paradas militares, uniforme, bandera, canciones.

-Usted es muy crítico de los medios de comunicación en materia de informes sobre la inseguridad. Los calificó de demagógicos. ¿Piensa que no hay que informar sobre los crímenes?
-Una cosa es informar y, otra, un canal que transmita los muertos las 24 horas, todos los días. Uno pone el canal y tiene que ir a lavarse las manos de sangre… Pero me pregunto si en los ámbitos oficiales de toda la vida a alguien le interesa realmente la seguridad. El problema de la seguridad. Y tengo la sospecha de que no. De que realmente no hay una política de seguridad. No me refiero a este gobierno.
Éste es un fenómeno de los últimos 25 o 30 años que explota y por el cual parece que la única amenaza que tuviéramos fuera el delito. ¡No tenemos más amenazas! Después, un día nos encontramos con que no tenemos más cuentas bancarias, pero eso es un accidente. El problema son sólo los delitos…

La Nación y Los Andes, 01 – 02 – 09