Rumbo incierto para la paz en Colombia tras exterminio de exguerrilleros y líderes

Jul 21, 2019 La Quinta Pata Recomendada Comentarios desactivados en Rumbo incierto para la paz en Colombia tras exterminio de exguerrilleros y líderes

El conflicto colombiano, que lleva más de 300 mil personas muertas y 45 mil desaparecidas, sigue sin ver atisbos de solución por el incumplimiento de los sucesivos gobiernos para la implementación del acuerdo alcanzado en 2016 en La Habana. Organizaciones políticas y de derechos humanos planean, con el lema de ‘¡Basta ya!’, marchas en todo el mundo para el próximo 26 de julio.

Por María del Jesús Mirel

Aplaudida por la comunidad internacional, la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP abrió un horizonte de esperanza tras medio siglo de conflicto armado y marcó el inicio de la ardua y, para muchos, incierta etapa de implementación.

Pese a que tal consenso logró detener los combates frontales entre ambas partes, el exterminio de más de un centenar de excombatientes y de casi 400 líderes sociales, en su mayoría defensores de la solución política a la confrontación militar, es visto como una de las grandes incoherencias de esta etapa cuando deberá ejecutarse todo lo concertado en La Habana.

En opinión de analistas, tales asesinatos junto a otras fallas en el llamado período de postconflicto podrían echar por tierra los esfuerzos desarrollados durante unos cuatro años de negociaciones en la capital cubana.

La protección a los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP ), convertida ya en partido político, ha sido insuficiente pues hasta la fecha fueron aniquilados unos 155 exmiembros de esa organización en situación de indefensión, lo que unido a los cientos de activistas ultimados dibujan un panorama dudoso para solidificar la confianza en el proceso y avanzar en el camino de una paz completa y duradera, denuncian políticos y otros actores del escenario nacional.

El gobierno pone palos en la rueda

El incumplimiento gubernamental en aspectos claves para el ámbito rural como la sustitución paulatina de los cultivos de uso ilícito por otros de fines legales, frustra las expectativas de miles de familias que accedieron a respaldar dicha iniciativa debido a que el Ejecutivo decidió apoyar solamente a aquellas que ya habían comenzado el procedimiento.

Mientras frena el estímulo a la sustitución voluntaria de la economía cocalera por otros plantíos, retoma las aspersiones aéreas con glifosato, de probada toxicidad.

El presidente Iván Duque no ha hecho todo lo necesario para implementar el llamado Acuerdo Final, advirtieron representantes de la plataforma ‘Defendamos la Paz’ (DLP), que tiene capítulos en todos los departamentos colombianos y en unos 30 países.

Perteneciente al partido Centro Democrático, liderado por el ahora congresista Álvaro Uribe y principal detractor de los consensos conseguidos en Cuba, el mandatario objetó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o justicia transicional. Tales impugnaciones fueron rechazadas por el Congreso, que obligó al ocupante de la Casa de Nariño a sancionar la norma.

La JEP es la encargada de investigar, juzgar y sancionar a responsables de la conflagración bajo las premisas de impunidad cero frente a crímenes de lesa humanidad, pero sí beneficios como indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.

La inserción social de los casi 13 mil exguerrilleros, quienes cumplieron su promesa de dejar atrás la confrontación desde el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del Acuerdo Final en el bogotano teatro Colón, es uno de los grandes desafíos.

Según la agencia para la Reincorporación y la Normalización, 213 proyectos productivos cuentan con el apoyo financiero del Gobierno y alrededor de mil 445 excombatientes serán beneficiados con esa ayuda económica para trabajar en programas como el cultivo de café, la elaboración de artesanías, calzados o la cría y comercialización de ganado.

Una paz «chiquita»

Pero las cifras muestran por sí solas que resta mucho por hacer a fin de garantizar cierto respaldo a quienes intentan construir una vida en familia desde la legalidad. A lo anterior se añaden cuestionamientos sobre el empleo de recursos destinados al postconflicto, entre ellos el fondo aportado por países europeos.

No obstantelas incongruencias gubernamentales, evidenciadas desde el comienzo de la fase de implementación por el retraso para habilitar los campamentos de acogida a desmovilizados o zonas veredales, la mayor preocupación en este momento es el exterminio del que son víctimas.

Según la misión de verificación de la ONU, los asesinatos guardan estrecha relación con la presencia creciente de bandas armadas criminales y economías ilegales e informales en los sitios abandonados por las FARC-EP, donde el Estado no ha establecido una presencia y control efectivo.

“La mejor manera de parar lo que está sucediendo es la aplicación integral de lo acordado en La Habana”, manifestó Rodrigo Londoño presidente de la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en declaraciones a RCN Radio. Preocupa igualmente la existencia de las llamadas disidencias o agrupaciones derivadas de las FARC-EP, cuyos integrantes optaron por apartarse del pacto pacificador.

De acuerdo con estimaciones, podrían estar compuestas por unos tres mil hombres presuntamente armados y a los que se les atribuyen acciones violentas en diferentes regiones del país, así como la permanencia de otros en la clandestinidad, entre ellos líderes farianos como el excomandante Iván Márquez y Jesús Santrich, negociadores en la mesa de la isla.

Y aunque algunos hablan de paz chiquita por la necesidad de llegar a una concertación similar con los restantes grupos guerrilleros como el Ejército el Liberación Nacional (ELN), menos numeroso que el primero pero igualmente activo hace más de 50 años, lo cierto es que falta camino para ejecutar todo lo planeado en la Mayor de las Antillas y rubricado en Colombia.

Frenar la sangría

Con el objetivo de agilizar la implementación de los pactos que entraron en vigor hace casi tres años surgió la plataforma DLP, la cual persigue igualmente detener los crímenes perpetrados contra los líderes sociales, así como la activación de la mesa de diálogos con el ELN, interrumpida por Duque luego de varias rondas en Quito, Ecuador, y en La Habana.

“Mi propuesta es la paz total y definitiva: implementación integral del acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, reinicio de conversaciones y pacto con el ELN, reincorporación de los grupos disidentes, sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares y bandas criminales”, escribió en su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda, representante de la alianza de izquierda Polo Democrático Alternativo.

Promotor de la salida dialogada a la guerra, el parlamentario organiza junto a otros políticos y defensores de derechos humanos una campaña internacional para condenar los asesinatos de activistas colombianos que incluye entre sus acciones la realización de marchas en diversas ciudades del planeta a finales de mes.

“Todos debemos movilizarnos para enviar a los asesinos el mensaje contundente de que encontrarán una sociedad unida para enfrentarlos y encarcelarlos; un buen comienzo sería que todos salgamos a marchar el próximo 26 de julio en solidaridad con las víctimas y que en un solo grito digamos: ‘¡Basta ya!’”, afirmó el exministro del interior Juan Fernando Cristo en entrevista publicada por el periódico El Tiempo.

Los colombianos recuerdan aún el genocidio perpetrado décadas atrás contra el partido Unión Patriótica (UP), surgido de un fallido proceso pacificador con varias guerrillas y que a partir de 1984 perdió a unos cinco mil de sus militantes.

La contienda bélica ha dejado hasta ahora unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45 mil desaparecidos.