Sedición y golpismo judicial

Sep 20, 2015 Ramón Ábalo La Pata Semanal Comentarios desactivados en Sedición y golpismo judicial

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La contra antinacional y antipopular está dispuesta a dar un golpe contra la institucionalidad, contra la democracia, con tal de desalojar de la Casa Rosada todo vestigio de la política nacional y popular instalada hace más de una década. Y claro, a como sea, como lo manifiesta el humorista Daniel Paz del Diario Página 12: «…tenemos que tomar el poder aunque sea por elecciones…» . En la realidad, tienen en mente que por el proceso electoral no llegan ni a placé, y por eso día a día acentúan su táctica desestabilizante mediante maniobras non santas, hasta que  recurrir a la herramienta que siempre estuvo dispuesta para mantener el poder en manos del privilegio de clase, o sea el económico, financiero  y el de la judicatura, o sea el Poder Judicial. Hay antecedentes desde siempre. Uno de ellos, el de la Suprema Corte de la Nación de 1930 que santificó y «legalizó» al golpe militar de Uriburu.

Un fallo sedicioso

Varios abogados constitucionalistas, como Eduardo Barcesat, abogado también de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, afirma que se «trata de un fallo sedicioso» y rechazó la intervención del juez Ruiz y de la jueza López Piossek, quienes declararon la nulidad de la elección tucumana del 23 de agosto último. «No tenía competencia para tomar el caso… se desconoce un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente«.  Barcesat dijo también que va a presentar una denuncia por prevaricato.

Desde siempre impunidad, prevaricato, corrupción

Inmediatamente después de recuperada la democracia, los organismos de derechos humanos solicitaban y exigían a las autoridades correspondientes la remoción de la totalidad de los jueces, camaristas y fiscales, entendiendo que no podían dar fe de credibilidad ni confianza jurídica.

Es que la totalidad de los jueces, camaristas y fiscales debieron jurar por las llamadas Actas del «proceso», que sustituía a la Constitución, al Estado de Derecho. Los representantes y defensores del Derecho aceptaban ubicuamente -o por temor- la vergonzosa responsabilidad de avalar la represión. La seguridad jurídica del país, del pueblo argentino, quedaba en manos de mojigatos o, directamente cómplices. En la cúpula en Mendoza, por ejemplo, los que fueron titulares de la Suprema Corte de Justicia en diversos períodos de la dictadura:          

Vale destacar que quien fuera camarista Patricio Buteler, fue el único que se negó a jurar por las Actas. Ese rasgo de valor cívico fue excepcionalmente respetado por la dictadura. No fue víctima pero sí obligado a jubilarse.

Desde aquel juez de paz

Nuestro Martín Fierro cuenta las peripecias y las persecuciones al gaucho que en las pampas se veía obligado a enfrentar las injusticias de los poderosos oligarcas o a oponerse a convertirse en soldado de fronteras para aniquilar al indio para que esa oligarquía se convirtiera en terrateniente. Por la aniquilación física y la rapiña a los pueblos originarios. Con la cruz y con la espada. Amo y señor de la vida en esas inmensidades era el Juez de Paz, en el que delegaba el poder real, la facultad de aniquilar. No tenía que responder a nadie por sus decisiones, solamente a sus mandantes. Y hoy en día lo que deviene del Poder Judicial se asemeja como una gota de agua a otra gota de agua.

Inmediatamente después de recuperada la democracia, los organismos de derechos humanos solicitaban y exigían a las autoridades correspondientes la revocación, mediante la puesta en  disponibilidad, de los que firmaron avalando a la ilegalidad y usurpación de la democracia, y todo lo demás que ha significado la dictadura genocida, pero quienes hubieran tenido justificación, como el haber sido amenazados de muerte o desaparición, quedaban en sus cargos. De la totalidad de los jueces, fiscales, camaristas de la jurisdicción provincial  entendiendo que no podían dar fe de credibilidad ni confianza jurídica. Después se intentó lo mismo en la justicia federal. En la local apenas hubo pocos  que merecieron, según la Corte,  el despido. Uno de ellos fue el que fuera fiscal Oscar Hugo Funes. Pero en el gobierno de Bordón fue restituido como juez. El favor bordonista fue respondido adecuadamente por Funes, y en sus manos el juicio contra Bordón por la venta de Giol, denuncia del entonces diputado radical Montenegro, terminó en una total absolución de los corruptos, permitiendo así un desfalco de unos 180 millones de pesos dólares. El premio recibido por Funes fue el ascenso a camarista. El fallo quedó firme por otra jugada en la que le cupió papel decisivo al fiscal Camargo, del entorno de Funes. Favor va y favor viene,  el modesto abogado y juez que fuera Funes, denuncia -él mismo- una fortuna que contiene un campo de 200 has. en La Dormida, dos departamentos   en Mendoza, la mansión en la que vive, que da a dos calles; departamentos en Buenos Aires, autos y otros bienes. De estos favores dados y recibidos, hay una denuncia del legislador (entonces) demócrata Gutiérrez. Claro, en los tribunales no solamente hay corrupción sino también impunidad.

Otro caso es el de Roberto Uliarte, juez de la dictadura. Hace un paréntesis y es empleado de los Vilas. El mismo presidente Menem, entonces, lo hace nombrar en un alto cargo en el Correo. De simple mandadero en sus primeros años profesionales, regresa millonario y es nombrado nuevamente  juez de menores, pero unas bolillas negras le cortaron la carrera. Pero fue por poco tiempo. Ahora es nuevamente un honorable juez como camarista. Pero los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde Uliarte es profesor, están haciendo continuas movilizaciones en su contra y exigiendo que el rectorado lo eche. Levantan muy alto esa bandera al considerar a Uriarte que no merece la cátedra, ni siquiera la judicatura, por su pronunciamiento reciente en la causa ocurrida en Lavalle, en la que se absuelve al acusado de ser el autor de la desaparicion no obstante las pruebas en contrario. El humor popular cuando se expresa exigiendo justicia, la logra. Y si no que lo diga el ex-juez Miret forzado a dejar su cátedra en Derecho por las movilizaciones que realizaron alumnos y organismos. Hoy ya no es catedrático, pero está sentado en el banquillo de los acusados de haber sido cómplice de los genocidas.

En serio, cuando la bronca popular grita sus exigencias, las logras.

happy wheels

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