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Mar 18, 2018 La Quinta Pata Género y Feminismos Comentarios desactivados en El trabajo sexual y la necesidad de su regulación legal.
Algunas trabajadoras sexuales feministas y militantes por nuestrxs derechos manifestaron a través de las redes sociales su descontento con el cantito “MMLPQTP” y aseveraron enfáticamente que el presidente no es hijo de ellas. Es que muchas de las compañeras agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR) le dan una vuelta de tuerca al significado del término “puta” y lo reivindican para sí mismas bajo el lema “puta feminista”. Afirman que su trabajo consiste en la prestación de un servicio y que, por lo tanto, se asemeja a cualquier otra tarea remunerada que requiera de la utilización del cuerpo.
Si bien en nuestras sociedades las palabras puta y prostituta son usadas como insultos, peyorativamente, esa connotación negativa es producto del sistema patriarcal. Recordemos que la iglesia católica, durante la inquisición y con los mismos argumentos, justificó la quema en la hoguera de miles de mujeres a las que asociaban con el demonio. En aquél momento histórico, también se les quitó a las mujeres el derecho a ejercer la medicina -entendida como sabiduría ancestral y no desde la óptica academicista-, el derecho a decidir tener o no hijos y cuántos, y fundamentalmente el derecho al libre goce de nuestras cuerpas -de las dos últimas circunstancias adolecemos en la actualidad merced a los mandatos sociales de fuerte raigambre católica-. En este sentido, las putas somos las mujeres desobedientes, las que elegimos corrernos de las normas establecidas por el patriarcado, las libres y por ello, somos aquellas a quienes el sistema -hecho y sostenido a medida del varón heterosexual- intenta corregir.
En octubre de 2017 tuve la oportunidad de asistir al taller sobre trabajo sexual, realizado con motivo del 32° Encuentro Nacional de Mujeres en la Provincia de Chaco y escuché con atención las posturas de las trabajadoras sexuales de AMMAR. A partir de esta experiencia sostengo que cada quien puede tener su filosofía personal en relación al trabajo sexual, no obstante como feminista estoy convencida que cada mujer puede hacer con su cuerpo lo que le plazca, nótese que los varones -especialmente los heterosexuales- en todo momento han hecho lo que han querido, se han vestido de la manera que les ha parecido, muestran sus torsos sin que persona alguna sexualice sus pezones, tienen los encuentros sexuales que desean, y en ninguna ocasión se los juzga por ello. Consecuentemente, ya es hora que nosotras podamos tener el mismo derecho a sentir placer con nuestras cuerpas y manejarnos de la manera que elijamos sin ser estigmatizadas socialmente o sentir culpa -que es, sin lugar a dudas, uno de los mecanismos que le ha permitido al patriarcado subsistir en los subconscientes femeninos-.
Por otra parte, es sumamente importante distinguir el trabajo sexual -realizado de manera libre y voluntaria por una persona mayor de edad- de la trata o explotación sexual. En la actualidad, el trabajo sexual no es un delito porque no está tipificado como tal en nuestro Código Penal (aunque es una contravención en el Código de Faltas de Mendoza art. 54 y 56), mientras que la trata/explotación sexual sí es un delito y está completamente justificado que así lo sea, porque en esos casos nos encontramos frente a mujeres, adolescentes y niñ@s que son privados de su libertad y violados en su integridad física y psicológica. En este orden de ideas, debe destacarse que las mujeres representadas por AMMAR realizan su labor de manera voluntaria y libre en todos los sentidos, en tanto lo eligen plenamente -ellas mismas desmitifican que sea la única opción que tienen para subsistir económicamente-, se agrupan entre sí y se suman al servicio que otras compañeras -que ya no puede realizar el trabajo sexual, entre otras cosas, por su edad- les ofrecen, y que consiste en proporcionarles un lugar, comodidades para trabajar y protección ante las eventuales situaciones peligrosas, a cambio de un precio previamente pactado y que en ningún caso, quienes lo aceptan, lo identifican con explotación lucrativa de sus cuerpas.
En resumen, las trabajadoras sexuales de AMMAR exigen que el Estado le otorgue al trabajo que efectúan un marco legal regulatorio -que no tenga un enfoque de reglamentación meramente sanitaria, como otrora lo fue en nuestro país- que encuadre la actividad como un servicio comercial. Hoy en día el trabajo sexual está criminalizado, toda vez que las fuerzas policiales practican allanamientos masivos e infundados en lugares en los que las mujeres trabajan libre y voluntariamente, bajo la excusa de combatir la trata/explotación sexual. Este tipo de situaciones les generan numerosos daños, entre los que se encuentran los malos tratos recibidos por la policía y el sistema judicial, además de las pérdidas de tiempo y ganancias. El marco de referencia se encuentra, según el comentario de las propias representantes de AMMAR, descrito con excelencia en la película argentina “Alanis” (2017) dirigida por Anahí Berneri y protagonizada por Sofía Gala, que recomiendo personalmente como feminista que se une al reclamo por los derechos de las mujeres agrupadas en AMMAR y como cinéfila.
Por último, es necesario recordar que las peticiones de las trabajadoras en análisis fueron recogidas en un proyecto de ley presentado en el año 2014, en la Ciudad de Buenos Aires, por la ex legisladora María Rachid del Frente para la Victoria, que proponía la habilitación de casas para la prestación de servicios personales de manera autónoma o a través de cooperativas, con la finalidad de proteger los derechos de las trabajadoras sexuales a realizar libremente su trabajo sin sufrir violencia institucional o intromisiones violatorias de sus domicilios, y la derogación del art. 81 del Código Contravencional de la C.A.B.A (art. 54 y 56 del Código de Faltas mendocino) que prohíbe la oferta y demanda ostensible de sexo en la vía pública. Dicho proyecto legislativo encontró su réplica en la Provincia de Mendoza de la mano de la ex diputada del FPV Lorena Saponara, y en otras provincias de nuestro país.
Los extremos reseñados demuestran que el Estado debe intervenir positivamente para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras agrupadas en AMMAR, quienes merecen que la prestación de sus servicios personales se encuentre protegida con el mismo alcance y acceso que tiene cualquier trabajador/a registrado: aportes jubilatorios y sistema de salud, entre otros. Finalmente considero que si el Estado regulara de manera adecuada -no para perseguir o criminalizar a las mujeres- la prestación libre y voluntaria del trabajo sexual, lograría disminuir en gran medida la trata/explotación sexual de personas. Por todo lo expresado, me sumo al pedido de las compañeras de AMMAR de un marco legal para sus derechos laborales, y a la lucha para que sus reclamos ocupen nuevamente un lugar en la agenda política y en las reivindicaciones feministas.
Foto: ammar.org.ar
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