Aborto y Senado, o el difícil equilibrio entre federalismo y democracia

Ago 09, 2018 Federico Mare Recomendada Comentarios desactivados en Aborto y Senado, o el difícil equilibrio entre federalismo y democracia

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Los fósiles que examinamos en laboratorios y exhibimos en museos son, al fin de cuentas, más allá de todo su valor científico, solo eso: fósiles, cadáveres petrificados. De modo que, si fuese nuestro deseo avistar dinosaurios con vida (tiranosaurios, velociraptors, triceratops, braquiosaurios, pterodáctilos, etc.) podríamos, tal vez, explorar una región recóndita de nuestro orbe, como imaginó Arthur Conan Doyle en The Lost World. O podríamos, quizás, descender al centro de la Tierra, como propuso Edgar Rice Burroughs en At the Earth’s Core. O podríamos también –¿quién sabe?– volar por el espacio hasta otro planeta, como fantaseó Anne McCaffrey en Dinosaur Planet. O podríamos, acaso, viajar al pasado, como soñó Ray Bradbury en A Sound of Thunder. O podríamos incluso –¿por qué no?– crear dinosaurios por nuestra propia cuenta, a través de la ingeniería genética, como planteó Michael Crichton en Jurassic Park, la novela que llevaría luego al cine Steven Spielberg. O simplemente podríamos ir a Buenos Aires y visitar el Congreso de la Nación, donde, en la fría madrugada de este 9 de agosto, 38 senadores y senadoras votaron en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, consiguiendo que el proyecto de ley resultara desaprobado.

Estoy a favor de despenalizar y legalizar el aborto por una razón muy sencilla: toda mujer que desea o necesita abortar es una persona con derechos, mientras que no toda vida humana tiene estatuto ontológico y jurídico de persona. Como ha probado la ciencia, un embrión humano es una vida humana genéticamente única. Nadie discute eso. Pero de ningún modo es una persona, porque carece de un sistema nervioso central formado, y por ende, de psiquismo. Y puesto que no es una persona, no tiene derechos. Por consiguiente, el aborto no constituye un asesinato. La creencia según la cual Dios existe y le infunde un «alma» al cigoto, es solo eso: una creencia, una presunción metafísica, un presupuesto de fe sin ningún sustento científico. En una república laica (y Argentina lo es, pese al anacrónico art. 2 de la Constitución), quienes legislan debieran anteponer la salud pública y los derechos humanos a las convicciones religiosas de orden privado.

Hubo una falacia recurrente en todo este debate: la falacia quid pro quo, «una cosa por otra». Falacia vieja si las hay… Muchas luminarias del integrismo cristiano han estado usando «vida» como sinónimo de «persona». No nos dejemos enredar por este confusionismo. «Vida» y «persona» no son términos intercambiables. Así como una persona puede tener vida, o ya no tenerla si ha muerto, una vida humana puede tener estatus de persona, o todavía no tenerlo, como en el caso del embrión. No se trata de defender «la vida». Se trata de defender a las personas, a las mujeres, o mejor dicho, de defender los derechos humanos de las mujeres. No perdamos nunca de vista esto: la defensa fundamentalista de la vida en abstracto se hace a costa de muchas vidas concretas.

La disyuntiva es simple: estar a favor de «la Vida» como una abstracción que mata, o estar a favor de personas que reclaman “aborto legal para no morir”. De un lado, la moralina del natalismo obtuso, fariseo; del otro, la ética de los derechos humanos. Es absurdo y aberrante defender la vida de personas que aún no existen (meros embriones) fomentando la muerte de personas que sí ya existen (mujeres con embarazos no deseados).

Hemos visto circular hasta el hartazgo la falacia teleológica: si puede llegar a ser, entonces ya es. Así razonaban los grupos cristianos «pro vida» (eufemismo capcioso si los hay). Como un embrión –si se dan ciertas condiciones y desarrollos– puede llegar a ser un feto, y como el feto, a su vez, puede llegar a ser un bebé, entonces el embrión es un bebé. Y si el embrión es un bebé, el aborto constituye un infanticidio, un asesinato. Hagamos una reducción al absurdo. Imaginemos una sociedad donde ese razonamiento fuese un principio de validez y aplicación universales, un criterio axiológico que rigiera las conciencias y las acciones de manera generalizada. O sea, imaginemos una sociedad donde todo lo que puede llegar a ser, ya es. ¿Dejaríamos a un niño de tres años divertirse con una motosierra porque algún día será adulto? ¿Permitiríamos a un piloto ebrio maniobrar un avión lleno de pasajeros porque, en unas horas, la borrachera se le pasará? ¿Evitaríamos comprarles juguetes a nuestros hijos e hijas porque, cuando crezcan, ya no querrán jugar más con ellos? ¿Nos abrigaríamos en verano porque el invierno, indefectiblemente, sobrevendrá? ¿Enterraríamos en vida a nuestros abuelos y abuelas porque, inexorablemente, se van a morir? Una sociedad así, donde imperara un teleologismo de ese tenor, sería, a todas luces, algo delirante, caótico, demasiado peligroso, inhabitable… No creo que ninguna persona «pro vida» quiera vivir en ese infierno. Y sin embargo, sería el corolario inevitable de borrar toda distinción ontológica entre lo que puede llegar a ser, y lo que efectivamente es. Conozco muchas personas «pro vida», católicas y de otras religiones. Pero ninguna que sea coherente con su retórica teleológica. Igualan el ser en potencia y el ser en acto solo cuando les conviene, en función de sus premisas ideológicas y objetivos políticos. Un teleologismo semejante, tan arbitrario, tan caprichoso, tan errático, tan selectivo, tan interesado, no me merece ningún respeto intelectual. Un embrión no es un bebé, un «niño por nacer». Basta de cantinelas. El aborto no es asesinato.

Después de tantas falacias de espantapájaros (“asesinas de bebés”, “feminazis abortistas”), de tantas peticiones de principio (“niños por nacer”, “Dios infunde el alma en la concepción”), de tantas falsas analogías (“cuando nuestra perrita queda embarazada, regalamos los perritos”), de tantos argumentos ad verecundiam (“Su Santidad el Papa dijo…”, “María Teresa de Calcuta afirmó…”), después de tantos sofismas ad misericordiam (anécdotas sensibleras a imagen y semejanza de los programas evangelistas de TV), de tantos dichos ad baculum (alusiones intimidatorias a la justicia y el castigo divinos), de tantas peroratas ad nauseam (reiteraciones monótonas de una misma idea), de tantas objeciones absurdas de pendiente resbaladiza (“habrá un crecimiento descontrolado de la tasa de abortos”)… Después, en suma, de tanta verborrea desatinada, desencaminada, la media sanción en la cámara baja del Congreso parecía indicarnos que la sociedad argentina no ha perdido del todo la cordura.

Hoy, con la bronca todavía atragantada del resultado adverso en el Senado, sostener ese optimismo cuesta un poco. Aunque se lo puede y debe sostener. Se lo puede y debe sostener porque los avances que se han registrado son enormes, muy significativos: avances en la visibilización pública del problema, en la toma de conciencia, en la capacidad de argumentar y persuadir, en la organización y movilización colectivas, en el empoderamiento de las mujeres… Hay, pues, convincentes razones para pensar que la victoria no está tan lejos, a pesar del traspié sufrido en esta jornada.

De lo que no hay dudas, es de que el fundamentalismo cristiano ha sumado muchas fojas a su ya extenso prontuario irracionalista. Quienes amamos la ciencia de la lógica, agradecemos toda la tela para cortar que nos han dejado, tan generosamente, los legisladores y legisladoras «en defensa de la vida»: el diputado Alfredo Olmedo, la diputada Estela Regidor, el senador Rodolfo Urtubey, la senadora Silvia Díaz… Con sus errores, disparates, mentiras, exabruptos y papelones, se han ganado un merecido lugar en el hall de la fama. El hermano del gobernador de Salta, por caso, llegó a sugerir que la violación sexual de mujeres en contextos intrafamiliares no sería violencia de género. Sin palabras…

Dio vergüenza ajena, y no poca indignación, ver a congresistas de la Nación exhortando a quienes afrontan un embarazo no deseado (mujeres pobres, jóvenes violadas, adolescentes abusadas, novias abandonadas, cónyuges golpeadas, etc.) que sean madres a pesar de todo, con abnegación y esperanza, porque –con ayuda de Dios– se podrían convertir en «heroínas de la resiliencia» y ser invocadas como «ejemplos de vida». Qué fácil, que hipócrita, que perverso, es pedirles a otras personas que hagan con su cuerpo –y con su vida– lo que uno, lo que una, si estuviera en esa complicadísima situación, seguramente no podría ni querría hacer.

Mas no me propongo aquí, sin embargo, entreverarme en el debate sobre aborto. Mucho se ha dicho ya, y no tendría nada valioso que aportar. Gran número de especialistas en diversos campos (salud pública, biología, psicología, bioética, derecho, trabajo social, etc.) han desarrollado una sólida plataforma de argumentos a favor de la despenalización –y legalización– de la interrupción voluntaria del embarazo. Llover sobre mojado no tendría ningún sentido.

Pero el revés en el Senado, la falta de quórum en la votación final, son una buena oportunidad para que repensemos el federalismo sin complacencias. En Argentina, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, hemos idealizado en demasía este sistema político, olvidando sus inconvenientes. Al mismo tiempo, hemos demonizado en exceso al régimen unitario, negándole todo aspecto positivo.

Una aclaración preliminar: no estoy en contra del federalismo. Al contrario, me parece un sistema muy respetable, y también necesario. Sin él, la democracia se resentiría. El propósito de este artículo no es, por tanto, impugnar al federalismo, sino sacar a la luz algunos aspectos problemáticos del mismo, en tributo al pensamiento crítico. Las idealizaciones nunca son saludables, ni en la vida cotidiana ni en la teoría política.

Como es sabido, el bicameralismo de nuestro Congreso Nacional se halla inspirado en el modelo republicano norteamericano, que Alberdi tanto tuvo en cuenta para sus Bases: una cámara baja que reúne a quienes representan a la Nación como totalidad, conforme a una pauta de proporcionalidad poblacional (tantos diputados y diputadas cada determinada cantidad de habitantes), y una cámara alta que congrega a quienes representan a las distintas provincias, de acuerdo a un criterio de paridad fija (igual número de senadores entre provincias, haciendo abstracción de su envergadura demográfica). Se trata de un sistema mixto en el cual la cámara baja encarna el principio democrático, y el Senado, el principio federal.

La formulación clásica de este modelo la hallamos en The Federalist Papers, una extensa colección de artículos y ensayos publicados en 1787-88 por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. ¿Su finalidad? Propiciar la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, o más concretamente, la conformación de una autoridad central común que –sin sacrificar demasiado las autonomías estaduales de las antiguas Trece Colonias– diera mayor cohesión, estabilidad, eficiencia y fortaleza a la joven confederación norteamericana independizada del Reino Unido. A través de Alberdi, la tradición federal estadounidense habría de influir sensiblemente en la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional, sancionada en 1853, luego de Caseros y la caída de Rosas.

Ahora bien: en los hechos, la complementariedad entre federalismo y democracia dista de ser tan perfecta como pregona la vulgata cívica que nos han inculcado en la escuela. Son ideales que están siempre en tensión, y a veces, en conflicto abierto. El principio federal, si bien intenta neutralizar o paliar las asimetrías de poder entre las provincias grandes y chicas (como en el caso de Buenos Aires y Jujuy), lo cual resulta obviamente muy encomiable, también conspira contra el espíritu democrático, ya que engendra desigualdades en materia electoral: una provincia populosa como Córdoba, con tres millones y medio de habitantes, elige la misma cantidad de senadores que Tierra del Fuego, cuya población no llega a 200 mil.

Cuando la provincia chica es pobre (Catamarca, por ej.), y lo que está en juego es la asignación de recursos económicos, el federalismo resulta muy positivo, desde ya. Es un arma que, en teoría al menos, puede servir para combatir el centralismo de la opulenta Buenos Aires, redistribuyendo el ingreso a favor de las zonas más postergadas del país, como Formosa, Chaco o Santiago del Estero, provincias con un PBI per cápita muy bajo. En este sentido nivelador, el federalismo resulta profundamente democrático, toda vez que actúa como contrapeso de la plutocracia. En un país tan vasto, y a la vez centrípeto, como lo es Argentina, signado por enormes desequilibrios regionales de riqueza, el viejo credo unitario que sostuvieron Rivadavia, Lavalle, Mitre y otros liberales porteños del siglo XIX, no podría más que agravar el problema. Solo proyectaría al plano de la superestructura política, reforzándola, la desigualdad entre provincias existente en la base material.

Pero el federalismo deja de ser benéfico cuando la provincia chica es un baluarte conservador, y lo que está en juego es una causa pública ligada a los derechos humanos, como en su momento el matrimonio igualitario o la reproducción asistida. Tal es el caso, entre otros, de la Salta de Urtubey, donde el oscurantismo clerical campea a sus anchas, como en tiempos de Rosas, del primer peronismo y de las dos últimas dictaduras. Gracias al federalismo, las provincias del NOA y el NEA, sólidos bastiones de la Iglesia católica, gozan de un peso desproporcionado en el Senado, pudiendo así frustrar o entorpecer muchas iniciativas legislativas de carácter progresista, como la despenalización y legalización del aborto. Con apenas el 22% de la población nacional –menos de la cuarta parte–, el Norte controla 30 de los 72 escaños de la cámara alta, o sea, un 42%.

En Estados Unidos, históricamente, ha sucedido lo mismo con muchos proyectos de reforma que propiciaban la ampliación de derechos civiles: los estados conservadores del Sur y del interior, por lo general de población más bien exigua, conseguían prevalecer en el Senado, impidiendo o demorando el progreso de la civilidad democrática: igualdad racial, libertades públicas, laicidad, equidad de género, etc. Los estados bautistas del Bible Belt, los estados racistas del Deep South, los redneck states del Oeste, han tenido un peso en la cámara alta que no se ha correspondido con la realidad demográfica del país, lo cual ha traído consecuencias políticas muy regresivas.

La clase obrera estadounidense, concentrada en pocos estados del Nordeste y los Grandes Lagos (Nueva York, Pensilvania, Illinois, Michigan, etc.), ha sido una de las mayores víctimas del tan ensalzado federalismo norteamericano. La árida Utah del Far West, encerrada en su mormonismo recalcitrante, puede elegir, con menos de tres millones de habitantes, tres senadores que la representen en el Congreso, igual que la cosmopolita California, cuya población (gracias a grandes centros urbanos como Los Ángeles y San Francisco) supera los 39 millones. Las minorías hispanas, muy concentradas en algunos estados como Texas y Florida, también están siendo perjudicadas por este sistema, ya que erosiona su fuerza de gravitación electoral. Todas estas realidades son muy federales, sin duda, pero escasamente democráticas.

En el país del Tío Sam, el federalismo ha sido, muchas veces, un aliado insospechado del conservadurismo. Así lo testimonia, por ejemplo, la porfiada renuencia del Senado a sancionar la ley DREAM en beneficio de lxs inmigrantes menores de edad en situación precaria. El proyecto original, presentado en 2001, fue discutido y rechazado varias veces, en las cuales la cámara alta actuó como caja de resonancia de los lobbies xenófobos vinculados al Tea Party.

En la Argentina ha ocurrido lo mismo, aunque suene políticamente incorrecto decirlo. No siempre, por supuesto. En muchas ocasiones, el federalismo ha tenido una influencia política bienhechora, como cuando se debatió y aprobó en el Congreso, allá por 1880, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, una innovación que permitió que las autoridades nacionales dejasen de ser «huéspedes» de la provincia más poderosa del país. Pero preciso es admitir que, en no pocos casos, favoreció a los sectores conservadores. En el Senado argentino han muerto muchos proyectos progresistas de reforma, porque esta cámara magnifica el peso político de las provincias más clericales del Interior.

Un buen botón de muestra lo constituye el proyecto de ley del socialista Mario Bravo que reconocía el derecho de sufragio a las mujeres. Presentado hacia 1929, en 1932 obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, no sin enconadas resistencias. Pero el Senado, bastión de la derecha, nunca le daría tratamiento. Huelga aclarar que la Iglesia católica, encarnizada enemiga del voto femenino, contaba con muchos simpatizantes en la cámara alta, especialmente entre los senadores de las provincias menos modernas del Interior.

Otro ejemplo contundente, que también nos remite al año 1932: dos legisladores socialistas, Silvio Ruggeri y Bernardo Sierra, consiguieron la media sanción de Diputados a su proyecto de divorcio vincular. Pero el Senado, por presiones e influencias de la corporación clerical, jamás lo discutió. Nuevamente, el órgano del Congreso garante del federalismo cumplía el triste papel de cementerio de las causas progresistas.

Y cuando la ley de divorcio, en 1987, con Alfonsín de presidente, quedara definitivamente sancionada, el quórum obtenido en el Senado habría de ser notoriamente más escaso que en Diputados. Entre los senadores del Interior que estuvieron a la vanguardia de la cruzada por la indisolubilidad del matrimonio, se destacó el peronista catamarqueño Vicente Saadi, católico ferviente y ultramontano, quien sentenció: “el vínculo matrimonial no puede ser sino perpetuo. Hablar de un vínculo disoluble o revocable es sencillamente imposible”.

Una digresión: no está de más recordar que la Revolución Francesa fue muy hostil al federalismo, y que a esta circunstancia histórica debe Francia su republicanismo celosamente unitario. Dado que el nervio vital de la Revolución Francesa era el París de los sans-coulottes, y dado que muchas comarcas rurales de la Francia profunda eran reductos monarquistas controlados por la nobleza y el clero (la Vendée levantisca del “¡viva Cristo Rey!”, por ej.), el gobierno jacobino optó por un régimen centralizado que conjurara el peligro de la contrarrevolución. Todavía hoy, Francia mantiene a rajatabla su sistema unitario de departamentos instaurado en 1789-90, poco después de la toma de la Bastilla. La Constitución francesa, ya en su primer artículo, proclama orgullosamente que “la France est une République indivisible”.

En el Río de la Plata decimonónico de las guerras civiles, no siempre el unitarismo estuvo a la derecha del federalismo, como comúnmente se cree. El revisionismo histórico ha simplificado las cosas. En materia económica, no hay duda de que los unitarios –partidarios entusiastas del librecambio– tendieron a promover los intereses de la oligarquía porteña en desmedro del Interior, como en el caso de las disputas en torno a la política arancelaria. Pero en lo que respecta a las relaciones con la Iglesia, hombres como Rivadavia y Sarmiento solían ser más progresistas –o menos conservadores– que los caudillos federales.

Un caso bien ilustrativo es el de Salvador María del Carril, quien, como gobernador de San Juan (1823-25), impulsó una serie de reformas liberales que le costarían el cargo, como la desamortización de propiedades conventuales, la desvinculación de los bienes de manos muertas y la sanción de una constitución de avanzada (la señera Carta de Mayo) que consagraba, entre otros derechos civiles y políticos, la libertad de cultos y la libertad de expresión. Del Carril fue depuesto por un furibundo cuartelazo de federales aliados al clero, hecho bajo el tétrico eslogan de “religión o muerte”. Eslogan del que pronto se adueñaría Quiroga, el Tigre de los Llanos, a quien no debiéramos idealizar por el solo hecho de haber sido denostado por alguien tan vituperable –en muchos aspectos– como el Sarmiento del Facundo o civilización y barbarie.

Retomemos el hilo de este artículo. Aunque el federalismo tiene una faceta indudablemente positiva, también posee un costado negativo, contraproducente. Fortalece políticamente a las provincias más chicas, eso está más que claro. Pero las provincias chicas, las menos populosas, así como pueden ser las más postergadas económicamente, también pueden ser las más conservadoras en términos ideológicos, por su fortísima ligazón a la Iglesia.

Es un hecho: las provincias del Cinturón católico –permítaseme el neologismo– han conseguido hacer valer su peso desproporcionado en la cámara alta del Congreso, frustrando la despenalización y legalización del aborto. El mapa de la votación es muy claro: salvo excepciones (CABA, Mendoza y Chaco), el norte y el oeste del país se opusieron al proyecto, mientras que el este, el centro y el sur lo apoyaron. Santa Fe no tuvo un bando ganador. Debemos por tanto incluir, en nuestro balance crítico, el problema del federalismo. Nos ha traído muchos dolores de cabeza, y seguirá haciéndolo si nos quedamos de brazos cruzados.

Admitámoslo con honestidad: no siempre el sistema federal está en armonía con los ideales de libertad e igualdad. A veces puede contradecirlos. Quizá sea tiempo, entonces (aunque nos resulte incómodo o antipático), de que empecemos a repensar críticamente la relación entre federalismo y democracia, sin caer por ello, tampoco, en el error de querer volver a aplicar recetas centralistas perimidas en Argentina hace más de un siglo y medio.

La democracia parlamentaria, como es sabido, se basa en el principio de representación una persona, un voto. El federalismo socava este principio, toda vez que instaura en el Senado un régimen de paridad entre las provincias que hace tabla rasa de sus disparidades demográficas. Desde un punto de vista democrático, ¿acaso es justo que una provincia con menos de 300 mil habitantes como Santa Cruz elija tres senadores igual que Santa Fe, cuya población supera los 3 millones? Con un agravante: el PBI per cápita de la provincia patagónica, merced a su renta petrolera, duplica con creces al de la provincia litoraleña, con enormes bolsones de pobreza en el Gran Rosario… Lo cierto es que, en lo atinente a la elección de senadores, la ciudadanía santacruceña tiene un poder de voto diez veces más gravitante (sic) que la ciudadanía santafesina.

Esta situación transgrede claramente el axioma de igualdad política, piedra angular de la democracia. De ahí que en muchos países del mundo –incluso en varios que no se definen como unitarios– se haya optado por una legislatura de tipo unicameral: las naciones escandinavas, Cuba, Egipto, China, Nueva Zelanda, Ecuador, Portugal, Turquía, Venezuela, Hungría, Israel, Corea del Sur, Perú, Croacia, Túnez, Costa Rica, Ucrania, Emiratos Árabes, Luxemburgo, Surinam, los países bálticos, Zambia, Ucrania, Estados Federados de Micronesia, etc.

Francamente, no tengo una solución para el problema político tan complejo planteado en estas líneas. Solo he querido visibilizarlo, aprovechando una coyuntura que le confiere gran actualidad: la desaprobación, en la cámara alta del Congreso, por 38 votos negativos contra 31 positivos (y tres abstenciones), del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Un proyecto que, en la más democrática –y menos federal– Cámara de Diputados, había ya logrado la media sanción…

De las trece provincias norteñas y cuyanas, Chaco y Mendoza fueron las únicas que, en el Senado, votaron mayoritariamente a favor de despenalizar y legalizar el aborto. Las otras once rechazaron el proyecto. Y de los 38 votos negativos computados, 29 (las tres cuartas partes) los aportaron solamente el Norte y Cuyo, regiones donde apenas vive el 28% de la población argentina. Tal vez sea hora de que hagamos algo para que el Senado de la Nación deje de ser un reducto del Cinturón católico, y eso conlleva indefectiblemente, guste o no, revisar nuestro sistema federal.

Que el Norte y Cuyo conforman un Cinturón católico, no quiere decir que estas zonas del Interior sean unánimemente católicas e integristas. Desde luego que en ellas hay, enhorabuena, minorías religiosas y seculares, militancias feministas y laicistas. Cuando la vicepresidenta Gabriela Michetti, en el programa televisivo de Mirtha Legrand, aseveró que «Todo el Interior está en contra», simplificó demasiado la realidad para llevar agua a su molino. Una cosa es el NOA, y otra muy diferente es la Patagonia. Una cosa es San Juan, y otra muy diferente es Santa Fe. Pero es indudable que existen ciertos clivajes regionales en el debate sobre la despenalización del aborto. Así como los Estados Unidos tienen un Bible Belt en los estados bautistas del Sur, Argentina tiene un Cinturón católico en las provincias norteñas y cuyanas. Negarlo para evitar el sambenito de «porteñocentrismo» sería necio. Desde luego que estos clivajes regionales pueden –y deben– ser matizados: Mendoza no es lo mismo que Salta, Chaco no es lo mismo que Santiago del Estero. Pero el cuadro general se sostiene. Por ejemplo, las seis provincias de la Patagonia (incluyendo La Pampa) votaron mayoritariamente, en el Senado, a favor del proyecto. Trece de sus dieciocho votos fueron positivos, vale decir, el 72% de su representación senatorial. El contraste con el Norte y Cuyo no podría ser más notorio.

Tal contraste no tiene nada de casual. Hay razones sociales, históricas, culturales, que lo explican sobradamente, aunque, por limitaciones de espacio, no podemos desarrollarlas aquí. Baste con señalar estos datos de la Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, dirigida por el sociólogo del Conicet Fortunato Mallimaci: la población católica de Cuyo asciende, aproximadamente, al 83%; la del NEA, al 84%; la del NOA, al 92%… ¿A cuánto trepa la población católica de la Patagonia? A solo un 61%… El Sur argentino, a diferencia del Norte y Cuyo, no posee un añejo pasado hispanocolonial; y ha experimentado, además, procesos de inmigración y secularización de muy alto impacto, que ha dado lugar a la conformación de minorías religiosas y seculares más grandes –en términos relativos– que las de otras latitudes del país. Por ende, el peso cultural y político de la Iglesia católica en las provincias patagónicas es muy inferior al que tiene en las provincias norteñas y cuyanas. Decir esto, insisto, de ningún modo supone invisibilizar o infravalorar a los sectores feministas y laicistas que tanto están luchando –y creciendo– en Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, etc.

Hace unas horas, cuando el debate parlamentario estaba pronto a expirar, la senadora Silvia Elías Pérez –una de las voces cantantes del oficialismo– expresó: «Este es un proyecto unitario que quiere imponer el aborto obligatorio sin entender que en nuestras provincias tenemos el derecho a la vida desde la concepción en nuestra constitución. Este proyecto viola la dignidad de la vida humana. Es discriminatorio y unitario» (las cursivas son mías). Habrá que preguntarse: ¿de qué unitarismo hablamos cuando hablamos de unitarismo? ¿Del centralismo porteño que históricamente ha avasallado a las autonomías provinciales, o de un principio de representación política que busca garantizar la democracia atendiendo las realidades demográficas regionalmente disímiles de la Argentina? Y a la inversa, habrá que preguntarse: ¿de qué federalismo hablamos cuando hablamos de federalismo? ¿El de las provincias más pequeñas y postergadas que se rebelan contra el desigual reparto de la riqueza nacional, o el de la demagogia conservadora de oligarquías provincianas que defienden con servilismo los intereses de la Iglesia y el patriarcado? Un federalismo que niega los derechos reproductivos de las mujeres, un federalismo que desprecia la laicidad del modus vivendi republicano, es un federalismo reñido con la democracia.

happy wheels

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