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Nov 18, 2018 Federico Mare Opinión Comentarios desactivados en Actos escolares del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo: Análisis crítico de las falacias del integrismo católico mendocino
Los actos escolares del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo llevan varios años en el candelero de Mendoza. El laicismo reclama su eliminación, entendiendo que su contenido religioso atenta contra el principio de laicidad. La derecha católica, en cambio, defiende su vigencia, alegando que son tradiciones conmemorativas imprescindibles para la preservación de la identidad mendocina. Esta divergencia ideológica ha dado origen a un intenso conflicto, que se tradujo no solo en varias peticiones por vía administrativa, actos públicos, campañas de recolección de firmas, debates en los medios de prensa y las redes sociales, etc., sino también en un largo pleito judicial que ha llegado hasta la Suprema Corte de la Nación, que aún no se ha expedido.
No es el propósito de este artículo, sin embargo, brindar una crónica detallada de la cadena de vicisitudes que esta querella, con el paso del tiempo, ha ido forjando dentro y fuera del ámbito forense, sino el de aportar a la opinión pública mendocina, desde una perspectiva laicista, un análisis crítico exhaustivo del discurso conservador confesionalista, identificando y refutando sus distintos argumentos. He querido con este aporte tratar de enriquecer una discusión que, lamentablemente, hasta ahora ha sido bastante pobre debido a la indolencia intelectual de quienes han asumido la defensa del status quo: la derecha católica, la DGE y el Poder Judicial.
Del aluvión de falacias ad hominem y ad baculum (latinismos con los que la ciencia de la lógica alude al uso «argumentativo» de agravios e intimidaciones personales en una controversia), resulta innecesario ocuparse por ser su invalidez argumentativa una verdad de Perogrullo tan grande que no amerita ningún examen. Sólo merece nuestro repudio.
Esta preocupación por tratar de elevar el nivel argumentativo de la polémica me ha obligado más de lo que hubiese querido –y mucho más de lo aconsejable, por los riesgos que siempre entraña–, a tener que ponerme en los zapatos del adversario, y asumir el fatigoso e incómodo papel de abogado del diablo, a los efectos de darle a su discurso apologético una sistematicidad y claridad que está lejos de poseer. He identificado, en total, 17 falacias.
En lógica, se denomina argumentum ad antiquitatem o «apelación a la tradición» a la falacia de pretender legitimar moralmente una determinada institución o costumbre de la sociedad en función de su antigüedad o espesor histórico: dado que A existe desde hace mucho tiempo, A es bueno y debe seguir existiendo. Se trata, sin lugar a dudas, de la piedra angular del pensamiento conservador.
La formulación intelectual más clásica de este paralogismo es la prescriptive constitution de Edmund Burke, el primer impugnador de fuste que tuvo la Revolución Francesa en el campo de las ideas. En su obra Reflections on the Revolution in France (1790), el autor británico la explicó en estos términos: “Nuestra Constitución es una Constitución prescriptiva; es una Constitución cuya única autoridad reside en que ha existido desde tiempos inmemoriales”.
Si echamos mano al método de la reducción al absurdo, rápidamente descubrimos cuán insostenible es este razonamiento. Por ej., en los países del África subsahariana localizados alrededor de los Grandes Lagos (muy especialmente en Tanzania), se halla muy extendida la tradición de segregar, perseguir y asesinar brutalmente a las personas albinas, y de traficar intensamente con sus órganos. Inmemoriales creencias religiosas hacen de la ausencia congénita de melanina un ominoso e infamante estigma de maldición y mala suerte, y de los cuerpos que adolecen de dicha carencia, una codiciada fuente para obtener ingredientes mágicos y ofrendas rituales. Se trata de un caso extremo, pero que, precisamente por ello, facilita la dilucidación de la crítica que aquí se plantea. ¿Ha de permitirse que dicha práctica cultural se perpetúe indefinidamente por los siglos de los siglos, so pretexto de su tradicionalidad? ¿Acaso las sociedades son entes estáticos que no pueden ni deben cambiar jamás? Claro que no. Las tradiciones pueden y deben ser modificadas, sobre todo cuando entrañan violaciones a los derechos humanos. En Argentina, por citar otro ejemplo, hubo un tiempo en que era tradición obedecer a un monarca absoluto de España, importar esclavos africanos y excluir a las mujeres de la política por juzgárselas «incapaces»; y sin embargo, hoy, esas ideas nos resultan antediluvianas, y consideramos su superación histórica como algo muy saludable.
Lo consuetudinario, por sí solo, no puede ser nunca un criterio concluyente o inapelable de eticidad y juridicidad. Es por demás necesario que las tradiciones sean objeto de reflexión crítica. Es preciso, si se quiere de veras que haya avances sustantivos en materia de derechos humanos, que las costumbres sean revisadas periódicamente a la luz de una racionalidad ético-jurídica despojada de falsos esencialismos étnicos, vale decir, inspirada en valores humanísticos de proyección universal. El pluralismo democrático exige discernir entre atavismos que son compatibles con la libertad y la igualdad, y atavismos que no lo son. El argumento tradicionalista, por su misma lógica inmanente (apología acrítica de lo ancestral per se), representa, para la civilidad de los derechos humanos, una caja de Pandora. Es la ominosa antesala del vale todo: racismo, violencia de género, xenofobia, imperialismo, intolerancia religiosa, esclavitud sexual, guerras, antisemitismo, homofobia y muchos otros males sociales.
Por lo tanto, querer preservar las celebraciones religiosas en la escolaridad pública so pretexto de su antigüedad o tradicionalidad resulta intelectual y moralmente insostenible. Puesto que vulneran derechos constitucionales y libertades fundamentales de importancia capital para la dignidad humana, deben ser superadas. En una sociedad democrática y pluralista, ninguna tradición cultural, por muy antigua que ella sea, está por encima de la racionalidad crítica y la ética de los derechos humanos.
En 1791 y 1792, Thomas Paine publicó en dos partes un ensayo que hizo añicos toda la argumentación tradicionalista de Burke. Ese ensayo se llama Rights of Man. Hay un pasaje que resulta particularmente revelador. Lo cito in extenso. Vale la pena.
Nunca ha existido, nunca existirá y nunca puede existir […] una categoría de hombres, ni ninguna generación de hombres, en ningún país, en posesión del derecho de vincular y controlar a la posteridad hasta el fin de los tiempos […]. Cada edad y cada generación deben tener tanta libertad para actuar por sí mismas en todos los casos como las edades y las generaciones que las precedieron. La vanidad y la presunción de gobernar desde más allá de la tumba son la más ridícula e insolente de todas las tiranías. El hombre no tiene derecho de propiedad sobre el hombre, y tampoco tiene ninguna generación derecho de propiedad sobre las generaciones que la sucederán. […] Lo que propugno son los derechos de los vivos, y me opongo a que se les arrebaten, se les controlen o se les contraten en virtud de la supuesta autoridad manuscrita de los muertos; y el Sr. Burke propugna la autoridad de los muertos sobre los derechos y la libertad de los vivos. […]. Ha establecido una especie de Adán político, al cual toda la posteridad queda vinculada para siempre […].
Las circunstancias del mundo cambian constantemente, y también cambian las opiniones de los hombres; y como a quien se gobierna es a los vivos, y no a los muertos, son los vivos los únicos que tienen algún derecho en él. Lo que puede considerarse adecuado y juzgarse inoportuno en una época, puede considerarse erróneo y juzgarse inoportuno en otra. En esos casos, ¿quiénes han de decidir, los vivos o los muertos? […] Qué seca, estéril y oscura es la fuente de la que bebe el Sr. Burke, y qué ineficaces, aunque se adornen de flores, resultan todos sus discursos y todos sus argumentos […].
El error de quienes razonan conforme a precedentes extraídos de la antigüedad, por lo que respecta a los derechos del hombre, es que no llegan lo bastante lejos en la antigüedad. No recorren todo el camino. Se detienen en alguna de las etapas intermedias de cien o de mil años y presentan lo que se hacía entonces como norma para el día de hoy. Esa no es ninguna autoridad. Si seguimos desplazándonos a más distancia en la antigüedad nos encontraremos con que prevalecían una opinión y una práctica diametralmente opuestas; y si la antigüedad va a constituir la autoridad, cabe presentar mil de esas autoridades, que se contradicen sucesivamente las unas a las otras; pero si seguimos adelante por fin llegaremos a la verdad […]. Ya hemos llegado al origen del hombre y al origen de sus derechos. En cuanto a la forma en que se ha gobernado el mundo desde aquel día hasta el de hoy, no nos interesa más que para aprovechar correctamente los errores o los aciertos que su historia nos presenta. Quienes vivieron hace cien o mil años eran modernos entonces, igual que lo somos nosotros ahora. Ellos tuvieron sus antiguos, esos antiguos tuvieron otros, y también nosotros seremos antiguos a nuestra vez.
La pretensión del establishment mendocino (corporación católica, DGE, Poder Judicial, Junta de Estudios Históricos, etc.) de subordinar las leyes civiles y los derechos humanos a un pasado idealizado, al atavismo, resulta absurda, amén de ruinosa. En una república democrática, el respeto de las tradiciones no puede ser un imperativo categórico. Mendoza no es una comunidad tribal del Paleolítico en la cual lo ancestral lo rige todo bajo el signo de la uniformidad y unanimidad. Es una sociedad moderna del nuevo milenio, plural y diversa, que alberga en su seno un rico mosaico de identidades culturales, cosmovisiones religiosas y filosofías de vida. Es hora de aceptar que ya no estamos en los tiempos de la Colonia. El Antiguo Régimen caducó.
Los sectores confesionalistas alegan también, en defensa del status quo, que la identidad nacional y la identidad provincial tienen una «esencia», y que esa «esencia» a resguardar está dada por las tradiciones hispanocatólicas de raigambre colonial que ellos tanto reivindican. Este argumento, fuertemente asociado al anterior, e inspirado en el revisionismo histórico de la derecha nacionalista, presenta dos serios problemas.
En primer lugar, ignora o relega el riquísimo aporte cultural de todo un abanico de actores con una presencia muy viva en nuestra sociedad y no poca andadura histórica: los pueblos originarios, la comunidad judía, el liberalismo, la colectividad siriolibanesa de fe musulmana, las iglesias evangélicas, el feminismo, las logias masónicas, las izquierdas, el laicismo… Pasa por alto la diversidad de tradiciones, su coexistencia en permanente interacción, sus mutuos condicionamientos, sus diálogos y préstamos, sus contradicciones ideológicas y correlaciones de fuerza, sus conflictos e imposiciones…
Y en segundo lugar, y como corolario de lo anterior, congela arbitrariamente el proceso continuo –e inacabado– de configuración de las identidades argentina y mendocina en un determinado momento del pasado por el que siente particular preferencia, negando o devaluando el devenir histórico previo y ulterior. La consagración laudatoria y «fijista» de un hecho o período pretérito como hito fundacional va de la mano, por supuesto, con altas dosis de idealización chovinista. La argentinidad y la mendocinidad no sólo son identificadas de manera excluyente e interesada con el binomio catolicismo-hispanidad, sino además elevadas a la categoría metafísica de un Volksgeist inmaculado e inmutable: el «Ser nacional» y el «Ser provincial».
El esencialismo, obnubilado con ese espejismo que el historiador Marc Bloch denominó perspicazmente l’idole des origines («el ídolo de los orígenes») –y que en lógica recibe el nombre de falacia genética–, representa una política de la memoria burdamente instrumental, radicalmente ahistórica. Esta es, en síntesis, la causa de su endeblez argumentativa. Por lo demás, no hay ninguna razón por la cual, en una república democrática y pluralista como la nuestra, se le deba reconocer al integrismo católico el rol tutelar de «custodio de la identidad colectiva» que se arroga unilateralmente, sin ningún consenso social ni fundamento jurídico.
Las tradiciones no son inocentes ni inocuas. No están objetivamente predeterminadas por la historia lejana de la sociedad. No constituyen una vivienda prefabricada bajo estándares de asepsia ideológica. Somos nosotrxs quienes, a partir de la materia prima del pasado, las elaboramos subjetivamente desde –y para– una actualidad saturada de ideas, intereses, aspiraciones, problemas, conflictos, necesidades y un sinnúmero de otros condicionantes. Y lo hacemos recordando y olvidando, diciendo y callando, enfatizando y minimizando, idealizando y demonizando, alabando y condenando… en una palabra, eligiendo. Las tradiciones siempre están atravesadas –al decir de la antropóloga norteamericana Joanne Rappaport– por una politics of memory, una «política de la memoria».
El historiador Horacio Tarcus, en su libro El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y Milcíades Peña, ha abordado esta cuestión desde una perspectiva teórica muy esclarecedora.
Las tradiciones, claro está, no son meras sobrevivencias del pasado en el presente, sino construcciones hechas desde el propio presente sobre el pasado. No existen per se, perdidas en las brumas del pasado y a la espera de que alguien las reconozca para recuperarlas. Para Raymond Williams la tradición siempre “es algo más que un segmento histórico inerte; es en realidad el medio de incorporación práctica más poderoso”. Por eso el autor de Marxismo y literatura prefiere hablar de tradición selectiva: una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social”. En un sentido instrumental del término, puede decirse que no constituye una herencia sino más bien –como ha señalado sugestivamente Hobsbawm– una invención, una modalidad singular de invención que intenta establecer determinada continuidad entre el pasado y el presente, que hace aparecer como necesaria una continuidad deseada.
La pertenencia a una tradición no es algo gratuito o superfluo, sino que constituye un elemento central en la justificación de una ruptura, una refundación, o bien, en términos más generales, en la configuración de una identidad. Su construcción no es, pues, inocente: las tradiciones inventadas, dice Hobsbawm, “utilizan la historia como legitimador de acción y cementador de cohesión de grupo”.
La DGE y los sectores integristas insisten a porfía en enumerar con ampulosa retórica de chovinismo provinciano los antecedentes históricos del culto al Patrono Santiago y la Virgen del Carmen en la región de Cuyo, pero ese empeño resulta completamente fútil, inconducente. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, discute la existencia objetiva de dichas tradiciones religiosas, ni su dilatada antigüedad. Tampoco está en debate la licitud o conveniencia de su conservación en general. Lo que se ha cuestionado es, insisto, su reproducción en el caso específico de la escolaridad estatal. ¿Resulta tan difícil entenderlo?
De acuerdo al Mapa de la discriminación en Mendoza, 2013-2014 (Inadi/UNCuyo), el 26% de la población mendocina no profesa el catolicismo, y apenas el 23% es muy o bastante practicante. Dentro de esa cuarta parte no católica, hay un 13% que corresponde a las minorías religiosas (Iglesias evangélicas, predominantemente), y un 11% a las minorías seculares o no creyentes (personas agnósticas, ateas e indiferentes). El 2% restante corresponde al segmento NS/NC.
Estos datos estadísticos son altamente indicativos. Resulta claro que nuestra provincia está lejos de ser unánimemente creyente y católica como en los distantes tiempos de la Colonia. Pero el confesionalismo mendocino no se amilana ante este complejo panorama sociológico, y arguye que, en tanto y en cuanto el catolicismo sigue detentando la mayoría –absoluta o relativa según el cristal con que se lo mire, pero mayoría al fin–, es legítimamente razonable y justo que se continúen realizando conmemoraciones religiosas en las escuelas públicas.
El argumentum ad numerum es, desde un punto de vista lógico, un sofisma. No es cierto que la mayoría siempre tenga la razón y que sus pretensiones sean necesariamente legítimas. El sistema democrático es algo bastante más complejo que el mero primado del número. Hay reglas de juego, derechos y garantías constitucionales, que ningún gobierno puede desconocer, por muy grande que haya sido el caudal de votos conseguidos en las elecciones que le permitieron acceder al poder. La soberanía popular y el sufragio universal son, sin duda, condiciones necesarias de la república democrática, pero de ningún modo suficientes. Ella también demanda el pleno respeto de las minorías en cuanto a sus libertades fundamentales y demás derechos civiles. Si así no fuera –y aplicando de nuevo el infalible método de la reducción al absurdo–, habría que considerar republicana y democrática a la Alemania nazi, algo que nadie en su sano juicio podría aceptar.
Otra coartada intelectual a la que suele recurrir el integrismo católico de Mendoza es la tergiversación confesionalista de la ley fundamental argentina en su segundo precepto, a saber: “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Nótese que no se habla ni de República Argentina, ni de adopción, ni de religión católica, sino, meramente, de gobierno federal, de sostenimiento y de culto católico. Tanto el sujeto como el verbo y el objeto directo poseen significados claramente más restringidos que los que serían necesarios para poder afirmar con rigor que el catolicismo tiene en nuestro país estatus de religión oficial, que Argentina es un Estado confesional. Cada uno de estos tres conceptos por separado, pero más aún su interrelación semántica, apuntan a la tesis minimalista de financiamiento o subvencionamiento de la Iglesia católica con fondos presupuestarios procedentes del erario nacional. Si bien la ambigüedad del término «sostiene» (disemia del verbo sostener: asumir/defender vs. financiar/subvencionar) resulta innegable, la misma se ve notablemente disminuida por el contexto, vale decir, por el sujeto y el objeto directo. Para que la exégesis confesionalista fuese acertada, la redacción del art. 2 debiera decir la República Argentina adopta y sostiene la religión católica u otra de un tenor semejante. Sin embargo, hay que admitir que todo lo afirmado en este párrafo entra en el terreno de la especulación, y, por ende, de las discusiones bizantinas.
Si la cuestión no trascendiera el plano de las conjeturas semánticas en abstracto, ciertamente no tendría resolución satisfactoria alguna. Pero por suerte no es así, dado que disponemos de las actas de sesiones del Congreso Constituyente de Santa Fe (1852-53), y gracias a ellas es posible reconstruir los debates en torno al 2º artículo de la carta magna nacional. Sabemos así que algunos convencionales de tendencia clerical propusieron modificar la redacción original (la misma que finalmente quedaría firme, y que todavía hoy está vigente) en una dirección netamente confesional, pero que su iniciativa no prosperó a causa de la firme resistencia de la mayoría liberal. El proyecto de enmienda del sacerdote catamarqueño Pedro A. Centeno, por ej., estipulaba sin ambages: “la Religión Católica Apostólica Romana, como única y sola verdadera, es exclusivamente la del Estado. El gobierno federal la acata, sostiene y protege, particularmente para el libre ejercicio de su Culto público. Y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia”. Una propuesta similar elevó Manuel Leiva, representante por la provincia de Santa Fe: “la Religión Católica Apostólica Romana (única verdadera) es la Religión del Estado; las autoridades le deben toda protección, y los habitantes veneración y respeto”.
Que dichas iniciativas hayan sido descartadas de plano por la convención constituyente, así como el hecho de que la frase “adopta y sostiene” del anteproyecto alberdiano haya sido sustituida por el “sostiene” a secas, nos da la pauta de que el art. 2 de la Constitución sólo se refiere al sostenimiento económico; sostenimiento vinculado a la decisión política de mantener en vigencia el régimen de Patronato y/o de compensar al clero por las expropiaciones de época rivadaviana. Ésta es, al menos, la opinión que –con diferentes matices– prevalece en el ámbito experto de la doctrina constitucional (Sánchez Viamonte, Bielsa, Quiroga Lavié, Montes de Oca, Cayuso, Gelli, de Vedia, etc.). Una opinión que, por lo demás –y esto es clave–, coincide con la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como se desprende de su nutrida jurisprudencia.
Sin lugar a dudas, Argentina no es una nación radicalmente laica como lo son –por ej.– Francia y Uruguay. En nuestro país, lamentablemente, la separación entre Iglesia y Estado no ha sido completada. En pleno siglo XXI, el anacrónico art. 2 de la Constitución Nacional continúa vigente; y junto a él, el bochornoso e ilegítimo Concordato firmado entre el dictador Onganía y el papa Paulo VI (1966). De manera privilegiada, la Iglesia católica argentina sigue gozando de personería jurídica pública, y de toda una serie de beneficios materiales y simbólicos anexos a ese estatus. No obstante, y pese al trato preferencial que le dispensa al catolicismo, el Estado argentino es aconfesional.
Otro argumento que el establishment católico de nuestra provincia suele esgrimir en defensa de las celebraciones patronales dentro de la escolaridad pública es el de la libertad de cultos. Dicho sector, amparándose en el art. 14 de la Constitución Nacional y el 6º de la carta magna de Mendoza, alega que prohibir los actos conmemorativos del Patrono Santiago y de la Virgen del Carmen de Cuyo en los colegios estatales es conculcar el derecho civil de la mayoría católica a profesar libremente su culto.
Este argumento está construido sobre una premisa falsa, a saber: que la libertad religiosa es un derecho absoluto. A excepción –lógicamente– de la libertad de conciencia y pensamiento, ninguno de los derechos constitucionales es ilimitado. Cada una de ellos tiene como frontera demarcatoria a los restantes. Por ej., la libertad de prensa está limitada por el derecho de intimidad de las personas; la libertad de circulación, por las normas de tránsito que velan por el derecho a la integridad física; y la autoridad de las madres y los padres, por los derechos de sus hijos e hijas.
En el caso que aquí nos compete, que es el de la libertad de cultos del catolicismo mendocino, la restricción estaría dada, desde luego, por la libertad religiosa de las otros credos, pero también por la libertad de conciencia y pensamiento de las minorías seculares, el principio de igualdad de trato, el derecho de dignidad y el principio de laicidad escolar. No se trata entonces de «prohibir» la conmemoración del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen, sino, únicamente, de regularla como corresponde, esto es, de impedir en lo sucesivo la extrapolación lesiva de dicha práctica devocional al ámbito de la escolaridad pública.
El catolicismo mendocino puede seguir realizando dichas celebraciones patronales, sin ningún impedimento jurídico ni fáctico, en los innumerables lugares de culto y colegios privados que posee en toda la vasta geografía provincial, así como también en sus procesiones públicas. Porque no está en discusión –insisto– la libertad de cultos y de enseñanza religiosa per se, como cierta retórica falaz de autovictimización nos quiere hacer creer, sino la interpretación abusiva de esos legítimos derechos; o dicho de otro modo, la extralimitación en su ejercicio.
Un párrafo aparte merece la frecuente objeción integrista según la cual la profundización del modelo laicista en la escolaridad pública traería aparejado irremediablemente el avasallamiento de la libertad de conciencia de la mayoría católica. Esta creencia trasnochada se basa en una grosera malinterpretación del principio de laicidad, suscitada por la propensión del fundamentalismo religioso a interpretar la realidad de modo maniqueo, en términos dicotómicos de blanco o negro, lo que en lógica se tipifica como falacia del falso dilema.
La educación pública laica no es ni pro-religiosa ni anti-religiosa, sino, simplemente, a-religiosa; es decir, ni a favor ni en contra de la religión, sino, tan sólo, sin religión, que es algo muy diferente. Laicizar a pleno la escolaridad pública –como corresponde hacerlo en toda democracia pluralista–, no es promover el ateísmo o el agnosticismo, ni mucho menos fomentar el anticlericalismo o la teofobia, sino impedir el proselitismo religioso so pretexto de «la tradición», «la mayoría» o cualquier otro motivo. Es, en suma, garantizar la estricta neutralidad confesional del Estado como agente de enseñanza.
Tampoco el ecumenismo representa ninguna solución. En primer lugar, porque esta modalidad excluye a las minorías seculares o no creyentes. Y en segundo lugar, porque la implementación de esta alternativa sería, en los hechos, imposible. El calendario escolar de Mendoza se llenaría de conmemoraciones religiosas, y los procesos de enseñanza-aprendizaje se verían gravemente perjudicados por la pérdida de horas de clase.
Es importante subrayar –porque suele confundírselos a la ligera– que laicismo no es ecumenismo. La escuela debe ser neutral, no «estar abierta a todas las religiones». El ecumenismo, al menos en su acepción habitual, excluye al agnosticismo, el ateísmo, el deísmo y el indiferentismo.
Pero eso no es todo. El ecumenismo, en la práctica, sólo puede significar el predominio de la mayoría, o sea, en el caso de Mendoza, el predominio del catolicismo. Las personas católicas tendrían el privilegio tácito de contar con la sólida presencia consuetudinaria —y por ende, naturalizada— de símbolos y prácticas acordes a su credo particular (crucifijos, imágenes marianas, celebraciones patronales, etc.), mientras que las personas no católicas, huérfanas de un apoyo institucional activo, y sin más beneficio que el mero «permiso» de las autoridades, tendrían que cargar sobre sus espaldas con la ardua y delicadísima responsabilidad de hacer efectivo el pluralismo. Mientras que las familias católicas ven sus creencias fomentadas por la propia institución, y por el peso del número, las familias no católicas ven las suyas simplemente toleradas.
Si fomento y tolerancia no son la misma cosa, y si la igualdad no es una palabra vacía, entonces la supremacía consuetudinaria que disfruta el catolicismo debe ser reemplazada por una política activa de promoción de laicismo. El ecumenismo, amén de inviable, no supondría ninguna solución de fondo al problema. En Mendoza, cerca de la mitad de la población no católica está representada por las minorías seculares. El ecumenismo no las incluye. Solo el laicismo resulta universalmente inclusivo.
Los sectores confesionalistas de Mendoza afirman también, con tozuda insistencia, que los actos conmemorativos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo exceden ampliamente su origen devocional católico. Aseveran que ambas celebraciones son de una amplitud cultural tal, que rebasan o trascienden lo religioso en sí.
¿Cuál sería exactamente ese aditamento extra-confesional? En el caso del homenaje escolar a Santiago Apóstol –por considerarse a esta figura legendaria «santo patrono de Mendoza»– el plus extra-religioso sería el sentido de pertenencia a la comunidad, la identidad provincial, el sentimiento de identificación con un nosotrxs. En el caso de la conmemoración mariana, que evoca la decisión de San Martín de declarar a la Virgen del Carmen «patrona y generala» del Ejército de los Andes, el plus estaría dado por la gesta sanmartiniana en pro de la independencia rioplatense y sudamericana, y el compromiso del pueblo cuyano con esa causa.
Ahora bien: si es esta preocupación identitaria lo que supuestamente impediría aplicar como se debe el principio de laicidad en la escolaridad pública, ¿por qué no se opta por secularizar ambas efemérides en un sentido más inclusivo? Así como el hispanista Día de la Raza fue repensado críticamente –aunque no del todo, por desgracia– como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los actos conmemorativos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo podrían perfectamente ser resignificados en su imaginario y protocolo como Día de la Provincia de Mendoza y Día de la Gesta Sanmartiniana, respectivamente. El ejemplo de la República Oriental del Uruguay es, en este sentido, por demás imitable. Allí, diversos festejos de raigambre cristiana fueron oficialmente redenominados de un modo aconfesional (Semana de Turismo, en vez de Semana Santa; Día de la Familia, en lugar de Navidad, etc.), sin que ello haya sido jamás un impedimento para que aquellas personas e instituciones privadas que quisieran seguir celebrándolos cristianamente, a la usanza tradicional, pudieran hacerlo sin ningún inconveniente en virtud del derecho constitucional de libertad de cultos.
Con todo, hay que reconocer que la secularización de las efemérides escolares del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo, aunque representaría un progreso importante, tiene sus bemoles. Al fin y al cabo, las fechas no cambiarían, y algunxs podrían percibir en esa permanencia cierta cuota de gatopardismo. De ahí que la demanda de eliminación lisa y llana de los actos conmemorativos del 25 de julio y 8 de septiembre sea más que razonable, máxime si se tiene en cuenta que la preservación de aquellos aspectos culturales extra-religiosos que –según se alega– sería preciso preservar, podría ser realizada en fechas diferentes que estén libres de hipotecas confesionales y consensuadas democráticamente con toda la comunidad educativa.
Por otro lado, es indiscutible que las susodichas celebraciones están muy lejos de la masividad, transculturalidad y secularidad que han alcanzado otras efemérides más populares del Santoral. Meter las conmoraciones del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo en la misma bolsa donde están las festividades de Pascua, Navidad y Reyes, resulta ridículo, insostenible. Aunque algunos sectores, movidos por su interés, las igualen con ligereza, es evidente que estamos en presencia de fenómenos culturales muy diferentes. No sólo eso: incluso al interior de la feligresía católica practicante, las advocaciones de Santiago Apóstol y de la Virgen del Carmen de Cuyo distan de ser las más populares, al menos si se las compara con las advocaciones de la Virgen de la Carrodilla y de la Virgen del Rosario.
Como se ve, la coartada conservadora del plus cultural extra-religioso no resiste un análisis serio. Ese plus (sentimiento colectivo de mendocinidad, rememoración de la gesta sanmartiniana) puede ser preservado perfectamente sin necesidad de perpetuar la conculcación del derecho a una educación pública laica. Los actos conmemorativos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo tienen que ser suprimidos –en los colegios de gestión estatal– a los efectos de lograr un sistema escolar más democrático y pluralista.
Algunas disquisiciones respecto a la efeméride del 8 de septiembre. Aunque no admite discusión que San Martín resolvió designar a la Virgen del Carmen patrona y generala del Ejército de los Andes, puesto que se trata de un hecho histórico comprobado, la tesis del revisionismo histórico de derecha según la cual dicha resolución estuvo motivada por la «catolicidad ferviente» del prócer, resulta por demás controvertida. Múltiples detalles bien documentados de su trayectoria biográfica –que aquí, por falta de espacio y oportunidad, no podemos exponer– nos hablan de un San Martín tal vez masón y, con toda seguridad, deísta. La antedicha decisión pudo deberse –así lo han sugerido diversos historiadores de prestigio– a consideraciones de índole político-militar motivadas por la circunstancia de que tanto el pueblo cuyano como la oficialidad y la tropa eran, en su abrumadora mayoría, de fe católica.
Por otra parte, no hay que perder de vista que, entre los liberales americanos y europeos del siglo XIX de tendencia más bien conservadora, no era infrecuente conjugar el deísmo como credo filosófico personal, privado, con la defensa pragmática de la religión en tanto instrumento estatal de control social. Resulta aventurado, por ende, dar automáticamente por sentado que toda medida de gobierno pro-católica de los próceres decimonónicos era ajena a consideraciones políticas utilitarias, y que respondía pura y exclusivamente a motivos de fe, máxime si se tiene en cuenta la herencia del regalismo borbónico y la persistencia de la institución colonial del Patronato.
El debate sobre esta álgida cuestión, henchida de implicancias ideológicas concretas, es tan antiguo como la historiografía argentina misma, y ha sido tan intenso y agitado como la experiencia histórica bicentenaria que aquella tiene por objeto de estudio (una coincidencia que nada tiene de casual, por cierto, pues la ciencia nunca es inmune a la sociedad que la cobija). La especialista Patricia Pasquali, por ej., en su obra San Martín: la fuerza de la misión y la soledad de la gloria (1999), ha escrito:
Resta decir unas pocas palabras acerca del persistente esfuerzo por negar todo vínculo de la Logia y, sobre todo, de San Martín con la masonería por parte de quienes sólo ven en ella al tenebroso e implacable enemigo de la Iglesia Católica, cuya defensa asumen, y pretenden librar al Padre de la Patria de la excomunión decretada por el Papado contra los miembros de la Orden. Se trata de un planteo erróneo, estéril y anacrónico. Los liberales ilustrados a cuya estirpe pertenecía el Libertador, si ingresaban en la masonería, era para luchar contra el absolutismo y por la libertad; no eran anticatólicos –porque el principio de tolerancia les imponía respeto a todos los credos– sino anticlericales, que es algo bien distinto, pero de todas maneras esa fue otra batalla que recién se libraría cuando San Martín ya no existiera. Más bien debería recordarse, por corresponder al tiempo en el que él actuó, que el pontífice romano condenó la revolución independentista americana; seguramente ésta fue la raíz de la indignación que alguna vez le causaría al prócer el intento de reanudación del vínculo con la Santa Sede por parte del gobierno argentino, no su impiedad. De familia católica, respetaba el ritual vigente en la sociedad de su tiempo y la religiosidad popular (ello explica que contrajese matrimonio religioso, que el Reglamento de Granaderos a Caballo impusiera el rezo de las oraciones por la mañana y del rosario por las noches y la asistencia a misa los domingos; que se preocupase siempre de tener un capellán para la atención de sus soldados, etc.); pero, una vez que hubo abandonado la vida pública, se mostró como un creyente despegado de toda práctica religiosa personal. Nada más elocuente al respecto que su testamento, en el que sólo invoca a Dios todopoderoso, a quien confiesa reconocer como Hacedor del Universo, sin hacer alusión alguna a la Iglesia, como era lo usual en un católico; a la vez que prohibió que se le hiciera funeral alguno. Por otra parte, parece pueril ya discutir su evidente filiación masónica, lo que no significa que fuera un instrumento ciego de la Logia; por el contrario, llegó a desobedecer sus mandatos cuando así se lo impuso su rectitud de criterio, aun a sabiendas de que podría pagarlo bien caro, como finalmente le sucedió.
René Favaloro, en su libro ¿Conoce usted a San Martín? (Bs. As., Sudamericana, 2011), ha sido de la misma opinión que Pasquali. Cito en extenso su «veredicto» histórico-biográfico:
Quizá sea este el momento de analizar si San Martín fue o no católico ferviente. Como ocurre casi siempre, las opiniones son encontradas. Sin duda provenía de una familia católica y su educación fue cristiana. Contrajo matrimonio con misa de Velaciones, pero recordemos que lo hizo con la hija del cabildante y comerciante Escalada, representante del grupo conservador porteño. Más adelante, mandó cantar misa en el Convento de San Carlos después del combate de San Lorenzo. En Mendoza, en el acto de jura de la bandera del Ejército, bordada día y noche por las damas mendocinas y su esposa, se produce la adopción de la Virgen del Carmen como patrona del ejército. Después de la batalla de Maipo, asiste al tedeum de Gracia.
Pero quizás todos estos actos sean reflejo de los consejos que recibe de Belgrano, en carta del 6 de abril de 1814: “La guerra, allí, no solo la ha de hacer V. con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas; pues los enemigos nos la han hecho llamándonos herejes, y solo por este medio han atraído las gentes bárbaras a las armas, manifestándoles que atacábamos la religión.
“Acaso se reirá alguno de este mi pensamiento; pero V. no debe dejarse llevar de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan; además, por ese medio conseguirá V. tener al ejército bien subordinado; pues él, al fin se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más a propósito para el orden”.
Autores como Armando Tonelli, José Luis Trenti Rocamora, y muy en especial el erudito padre Guillermo Furlong, sostienen que San Martín no solo era un católico práctico o militante, sino hasta ferviente y apostólico. Sin embargo, Ricardo Rojas afirma que San Martín tuvo el sentimiento religioso de un cristiano libre. Rómulo Carbia enfatiza que creía en Dios y nada más y a esto se reducía el panorama de su vida espiritual. Enrique de Gandía afirma: “Era católico por tradición inmemorial y practicaba el catolicismo cuando las circunstancias lo conducían a ello… Los testimonios de quienes conocieron de cerca a San Martín confirman su indiferentismo religioso. Ninguno lo presenta como a un perfecto católico. Siempre como a un tolerante con todas las religiones, como a un creyente en un Dios y nada más”. […]
Al decir de Félix Frías, no obstante que su testamento comienza “En el nombre de Dios Todopoderoso a quien reconozco como Hacedor del Universo…” sus disposiciones testamentarias nos lo ofrecen como despojado de sentimientos de hombre fervientemente católico, lo cual corrobora al redactar las Máximas para su hija. La séptima dice: “Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones”.
A su vuelta de Lima y estando en Valparaíso, Mary Grant, escritora inglesa que a través de Zenteno, antiguo secretario de San Martín, logra tenerlo un día entre sus invitados, refiere en su extensa crónica sobre América que en un momento dado, al tratarse cuestiones teológicas, el ilustre general expresó que la religión era necesaria para el sacerdote y el vulgo pero inútil para el hombre docto.
Piccirilli en su documentado libro reactualiza una carta dirigida a don Tomás Guido, desde Bruselas el 6 de abril de 1830, que incluía algunas reflexiones sobre el gobierno de Buenos Aires, entre las que se encuentran las siguientes: “Están en su sana razón –escribe– los representantes de la Provincia para mandar entablar relaciones con la Corte de Roma en las actuales circunstancias: yo creía que mi malhadado país no tenía que lidiar más que con los partidos, pero desgraciadamente veo que existe el fanatismo, que no es una mal pequeño: afortunadamente nuestra campaña y pueblo se compone (en razón de su educación) de verdaderos filósofos, y no es fácil empresa moverla por el resorte religioso: ¡negociaciones con Roma! Dejen de amortizar el papel moneda, y remitan un millón de pesos y conseguirán lo que quieran. He aquí el costo de nuestra rancia amistad’. […]
Es evidente, como tantas veces ocurre en el análisis histórico, que cada autor utiliza los documentos de acuerdo a su conveniencia espiritual. Después de comparar una vez más lo ocurrido a través de los años y meditar sin apasionamiento, podemos concluir en que las logias [en que participó] eran masónicas y que San Martín estaba imbuido de sólidos principios cristianos, creía en Dios y era tolerante con todas las religiones. ¡Ciertamente, un católico ferviente no se atrevería a calificar al Vaticano como ‘la corte de Roma’ a la cual era muy fácil convencer remitiendo un millón de pesos! Concordando plenamente con lo manifestado a Basil Hall en Perú, su campaña libertadora “no fue una guerra de conquista y de gloria sino tan solo de opinión; guerra de principios nuevos y liberales, contra el prejuicio, la beatería y la tiranía”. Su claro ecumenismo queda expresado en carta a Guido del 6 de septiembre de 1832: “Dígame usted con franqueza a qué grado se halla en nuestra patria la tolerancia religiosa, pues por los rumores que corren parece que la cosa no anda muy segura”.
También Norberto Galasso, desde otro posicionamiento ideológico (revisionismo de izquierda), comparte la tesis de que San Martín no fue católico, sino deísta. No obstante, considera que su deísmo no puede ser definido como masónico sin caer en la simplificación o especulación. Véase su libro Seamos libres y lo demás no importa nada: vida de San Martín (Bs. As., Colihue, 2007, pp. 509-513). John Lynch, por su parte, si bien es cauto a la hora de rotular las creencias metafísicas del prócer, y aunque pone en tela de juicio su filiación masónica, concluye al menos en que no es nada seguro que haya sido católico, y que sus medidas favorables a la Iglesia –que se alternan con otras anticlericales– podrían ser explicadas desde una lógica política secular. Cfr. San Martín: soldado argentino, héroe americano (Bs. As., Crítica, 2009, pp. 254-261).
La catolización póstuma de San Martín, la construcción retrospectiva del mito católico sanmartiniano, es una operación ideológica bastante tardía llevada a cabo por los historiadores revisionistas vinculados al ascendente nacionalismo de derecha del período de Entreguerras, como bien lo explican, entre otros especialistas, Loris Zanatta y Beatriz Bragoni. Ese relato hagiográfico puede y debe ser deconstruido.
Pero –y vuelvo sobre lo dicho– independientemente de cuán veraz o imaginaria sea la tradición nacionalista del San Martín ultracatólico, ella, al igual que cualquier otra tradición, jamás debiera ser considerada per se una fuente de legitimidad absoluta, sustraída al contralor de la razón crítica y la reflexión ética. Elevar indiscriminadamente todas y cada una de las acciones y palabras de los próceres a la categoría de un summum bonum incuestionable, entraña riesgos demasiado grandes, pues los próceres que tanto hemos monumentalizado con bronce o mármol, por muy virtuosos que hayan sido, no dejaban de ser seres humanos, personas de carne y hueso que podían a veces cometer errores.
Desde la DGE y la Iglesia se ha pretextado también que las conmemoraciones católicas del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo no son de asistencia obligatoria. Los segmentos no católicos de la comunidad educativa podrían, si así lo prefiriesen, abstenerse de participar en dichos actos escolares. ¿Cómo? Permaneciendo en las aulas o retirándose más temprano de los colegios. Esta «concesión salomónica» constituye, por varias razones que vamos a examinar, una verdadera afrenta a la dignidad de las minorías religiosas y seculares.
¿Qué hay de malo con el argumento de la «opcionalidad»? Fundamentalmente, tres cosas.
En primer lugar, aquellxs estudiantes y docentes que hicieran uso del permiso, automáticamente quedarían expuestxs a los ojos de toda la comunidad educativa como disidentes, aun cuando no estuviesen obligadxs a tener que justificar las razones de su objeción de conciencia ante la autoridad escolar. El solo hecho de permanecer dentro de las aulas mientras se llevan a cabo dichos actos, o de abandonar el colegio inmediatamente antes de que se inicien, dejaría al descubierto sus convicciones religiosas o filosóficas no católicas. La presión gregaria y el miedo a la discriminación reducirían muchísimo el margen de autonomía decisoria real de las personas disidentes, motivo por el cual hablar de «opcionalidad» en este contexto es una ironía cruel. No puede haber libertad de elección –en el sentido cabal de la expresión– si pende sobre nuestras cabezas esa espada de Damocles que es el temor a recibir un humillante trato de «parias» por parte de nuestros semejantes. Si la imposición unanimista de conmemoraciones confesionales es de una iniquidad inaceptable, la segregación estigmatizante de las minorías disidentes también lo es. ¿Por qué? Porque muy graves serían las secuelas sociales, psicológicas y pedagógicas que ella trae aparejadas. La escuela pública debe integrar, no discriminar. Si la inclusión intercultural es su meta auténtica, la segregación ideológica nunca puede ser el camino a seguir.
En segundo término, e independientemente de las dificultades ya comentadas en el párrafo anterior, aquellas personas disidentes que cumplen en los colegios estatales funciones docentes, directivas y auxiliares, difícilmente podrían hacer uso de la «opcionalidad» debido a sus responsabilidades en cuanto al cuidado de lxs menores a su cargo. Su participación en los eventos aludidos resultaría así muy difícil de evitar, o al menos no sería sencillo hacerlo.
Y en tercer lugar –aunque de importancia también crucial–, la implementación de la «opcionalidad» lesionaría de modo flagrante el derecho a la intimidad de quienes integran las minorías no católicas, un derecho civil que está tutelado tanto por la Constitución Nacional (art. 19) como por la ley federal de protección de datos personales (art. 7, inc. 1). Esta última disposición jurídica, entre los datos sensibles que le prohíbe al Estado dar publicidad, menciona taxativamente “las convicciones religiosas, filosóficas o morales”. La DGE nunca debe colocar a las personas no católicas de la comunidad educativa en la situación apremiante de tener que revelar –ni explícita ni implícitamente– su fe o pensamiento disidente, pues hacerlo contravendría el derecho de confidencialidad.
En su afán de darle un barniz de legitimidad al status quo en materia de efemérides, los sectores integristas católicos y la DGE buscan por todos los medios diluir o vaciar de contenido el principio de aconfesionalidad de la enseñanza estatal, pues saben bien que, de lograrlo, le estarían restando alcance práctico. En este sentido, un subterfugio semántico muy explotado es el que he denominado reduccionismo curricular. ¿En qué consiste este subterfugio? En la reducción del complejo fenómeno educativo a su dimensión curricular. Esta reducción, por supuesto, no es explícita, pero está implícita en la creencia según la cual la laicidad escolar únicamente sería transgredida cuando se imparte formalmente enseñanza religiosa en los colegios de órbita estatal. Por el contrario, si el favoritismo oficial hacia el credo católico es de índole extracurricular, no se lo percibe como violación del derecho a una educación pública laica, sino como un inocente «respeto a las tradiciones cuyanas».
Pero para que la premisa tácita educación laica ≈ currículum laico sea válida –y con ella, la realización de celebraciones religiosas en los establecimientos estatales–, forzosamente tiene que serlo también la premisa anterior, y más general, educación ≈ currículum. He aquí el gran talón de Aquiles de toda esta argumentación. Existe en la pedagogía un consenso generalizado en torno a la certeza de que la educación es un universo de enorme diversidad, imposible de reducir a una sola faceta. Junto a la dimensión estrictamente curricular, hay otras no menos importantes como la relación docente-estudiantes, las normas de convivencia, los hábitos consuetudinarios, el espacio escolar y áulico, la simbología y el ceremonial institucionales, la participación de las familias y, desde luego, las efemérides, puesto que también en ellas hay enseñanzas y aprendizajes de gran significatividad. Todos estos aspectos hacen a la educación, aunque no siempre se los tenga presentes. Tanto es así que un número considerable de pedagogos (Henry Giroux, Benson Snyder, Philip Jackson, Michael Haralambos, Neil Postman, etc.) ha sugerido que existe un currículum oculto, esto es, la transferencia y asimilación de una serie de ideas, valores y actitudes en simultáneo a la enseñanza y aprendizaje del currículum oficial, generalmente de manera inconsciente.
Una concepción holística de la educación a tono con el paradigma pedagógico actual, exige, cuando se la aplica a la cuestión de la laicidad, una política educativa de estricta aconfesionalidad en todos los órdenes de la escolaridad estatal, y no solamente en el campo curricular. Si laica es en nuestra provincia la educación pública, laico debe ser también, necesariamente, el calendario que jalona su ciclo lectivo anual con diferentes actos conmemorativos. Como se advierte, no se trata de ningún capricho absurdo y desmesurado, sino, simplemente, de coherencia. ¿La tendrá finalmente la DGE? El interrogante es legítimo, porque hasta ahora no la ha tenido.
Otro subterfugio semántico que utiliza el integrismo católico para vaciar de contenido el concepto de laicidad escolar es el de reducir lo religioso a su aspecto litúrgico. No se trata, claro está, de algo explícito, sino tácito, al igual que sucede con el reduccionismo curricular. Lo que se alega en este caso es que las conmemoraciones del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo, aunque de obvia referencialidad católica, no serían estrictamente hablando «religiosas», sino «cívicas» (sic), por cuanto no son misas. Como habremos de comprobar enseguida, el razonamiento es inválido, un típico ejemplo de non sequitur, falacia consistente en sostener una conclusión que no se deduce de sus premisas. Que los mencionados actos celebratorios no cumplan con la totalidad –o la mayoría– de los requisitos del rito católico, no es razón suficiente para denegarles la calificación de religiosos. ¿Por qué? Porque la religión es un fenómeno de gran complejidad, que abarca múltiples dimensiones, siendo la liturgia apenas una de esas dimensiones. Otra no menos importante es el dogma.
En su 22ª edición, el Diccionario de la lengua española da como primera acepción de la palabra «religión», la siguiente: “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”. Por tratarse del significado estándar que ofrece el léxico oficial de la RAE, podemos considerarla de uso corriente. Vale decir que la palabra «religión», en su significado de aceptación general, abarca un abanico de aspectos diversos que tienen como común denominador la fe en un ser supremo trascendente y providente. Ese abanico incluye, desde luego, la praxis litúrgica, pero también distintas formas de «saber sagrado» (mitos, oráculos, profecías, revelaciones, doctrinas teológicas) y de moralidad (tabúes, mandamientos, arquetipos, etc.).
Por su parte, la clásica –y nada heterodoxa– Enciclopedia católica (1911), en su extenso artículo dedicado a la religión, incluido en el vol. XII, la define como “sujeción voluntaria de uno mismo a Dios”. Nada hay en esta definición que habilite a pensar que –para la Iglesia católica– lo religioso puede reducirse a lo litúrgico. Pero el elemento decisivo aparece algo más adelante, cuando el articulista, Charles F. Aiken, establece una clara distinción conceptual entre religión subjetiva y religión objetiva, y dentro de esta última, entre religión especulativa y religión práctica. La primera –explica el teólogo estadounidense– constituye el costado más personal e íntimo de la religiosidad, su faceta emotiva y volitiva, estando identificada principalmente con las llamadas virtudes teologales: la fe, la esperanza, el amor. La segunda, en cambio, viene a ser la faceta más impersonal o social, mostrando esta, a su vez, dos aspectos claramente diferenciados: el intelectual o dogmático (speculative religion), y el ritual o litúrgico (practical religion).
A la luz de todo esto, ¿cómo se explica que los sectores integristas católicos de Mendoza insistan hasta el hartazgo en que las conmemoraciones escolares del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen no son «religiosas» en tanto no son misas? ¿Acaso piensan que el catolicismo romano se agota en sus ceremonias sacras? Por supuesto que no. Si lo hicieran, tendrían que asumir, por ej., que la catequesis de las parroquias y la asistencia filantrópica de Caritas no son religiosas por cuanto exceden el molde de lo litúrgico, lo cual les resultaría completamente inadmisible. ¿Y entonces? Es que en su afán desesperado por justificar lo injustificable, se lanzan a improvisar coartadas de mala factura sin detenerse a pensar en cuáles son sus implicaciones lógicas e ideológicas, sin evaluar si entran o no en contradicción con sus ideas previas.
En suma, los actos escolares del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo poco y nada es lo que tienen de cívico y mucho es lo que tienen de religioso. Que no se trate de misas stricto sensu, en nada afecta; porque la religión tiene muchas caras, y la liturgia es sólo una de ellas. El catolicismo está tan hecho de rituales como de creencias. Y si es cierto que las antedichas conmemoraciones no se ajustan a los estándares del culto católico, no es menos cierto que sus imaginarios están saturados de dogma católico. Y el dogma también es religión, aunque algunos parezcan olvidarlo en su cruzada antilaica. Curioso olvido este, pues los integristas católicos han escrito regueros de tinta sobre la presunta «superioridad espiritual» del cristianismo sobre el judaísmo y otras religiones en virtud de su no excesivo ritualismo…
Analicemos ahora la interpretación totalmente deformada, exagerada, que tiene el integrismo católico del ideario pedagógico laicista. Se trata de una muestra clara de falacia del espantapájaros. Esta estrategia retórica, muy habitual en el discurso demagógico, consiste en tergiversar y demonizar las ideas del adversario a los efectos de socavar su legitimidad intelectual y moral de cara a la opinión pública. En el caso particular del laicismo escolar, la tergiversación y demonización pasa por presentarlo como una postura extremista, fanática, sectaria, intolerante y/o autoritaria –¡totalitaria incluso!– que pretende borrar del mapa de la educación pública a la religión, incluso como simple temática de estudio.
Se alega, en este sentido, que dicha concepción no reconoce la fuerte incidencia que el factor religioso ha tenido a lo largo de la historia, y que hoy todavía tiene en numerosos países del orbe. Esta acusación es completamente falsa. Es un hecho objetivo que las religiones, para bien o para mal, han gravitado mucho en el pasado de las sociedades, y que en el presente siguen ejerciendo un influjo poderoso sobre muchas culturas de los cinco continentes. Negarlo sería un acto supremo de necedad u obcecación. ¿A quién se le podría ocurrir negar, por ej., la importancia omnímoda (ideológica, política, social, económica, artística, etc.) que el cristianismo ha tenido en la génesis y trayectoria del mundo occidental, o el rol determinante que el islam ha jugado en la conformación y expansión de la civilización árabe, o el inconmensurable impacto transformador que el budismo ha tenido en la cultura material y simbólica de los países del Lejano Oriente? Independientemente de la valoración personal que tengamos del hecho religioso –muy positiva, positiva, negativa, muy negativa, ambivalente, etc.–, lo cierto es que su influencia objetiva es demasiado grande como para poder ignorarla o subestimarla desde una perspectiva científica seria.
El laicismo, en tanto reivindica una educación pública de carácter científico y humanístico, acepta plenamente, y juzga muy necesario a la vez que saludable, que las religiones sean incluidas dentro del currículum escolar para su debido estudio (en materias pertinentes a tal fin como Ciencias Sociales, Historia y otras). Ahora bien: esa inclusión en ningún caso debe responder a principios y fines religiosos, a criterios y motivaciones fideístas. Nunca debe ir de la mano con presupuestos y objetivos proselitistas de índole confesional. El conocimiento de lo religioso –esto es, su descripción, explicación y comprensión– debe ser epistémico, estrictamente racional-crítico. La mediación pedagógica que se realice con dichos contenidos debe tener como punto de partida a las ciencias, al saber académico riguroso, a la producción intelectual crítica, no a los dogmas «revelados», ni a las tradiciones «sagradas», ni a los mitos hagiográficos. Las escuelas públicas no son satélites de la Iglesia. Si se desea conocer el catolicismo por la vía religiosa, la provincia de Mendoza cuenta en todos sus municipios con un sinfín de colegios privados de dicha confesión, y también con una generosa oferta de cursos parroquiales de catequesis.
Pero tampoco, bajo ningún pretexto, los colegios estatales debieran inculcar la fe católica a través de instancias conmemorativas de participación reverencial obligatoria (actos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo); instancias con un gran poder de sugestión –sobre las mentes infantiles especialmente– debido a su escenificación solemne, pomposa, ritualizada y sentimentalista, así como también a sus obvias connotaciones patrióticas y provincialistas, que le imprimen no menos efectismo. En dichas ocasiones se acostumbra leer discursos alusivos con altas dosis de credulidad y apología hagiográficas que resultan a todas luces incompatibles con los postulados modernos de una escolaridad pública genuinamente laica y de impronta científica. Es común, por ej., que en dichos discursos se hable del legendario apostolado de Santiago el Mayor en la Hispania del siglo I como si se tratara de un hecho histórico comprobado, cuando existe en la historiografía –por razones que aquí no podemos detenernos a examinar– un amplio consenso académico respecto a su inverosimilitud, y al origen muy tardío y apócrifo de dicha creencia. Y no sólo eso: para la celebración patronal del 8 de septiembre, algunos colegios estatales llegan al extremo de exhibir con boato imágenes sagradas de la Virgen del Carmen de Cuyo traídas especialmente para la ocasión desde alguna iglesia parroquial cercana (sic).
Laico debe ser, pues, el currículum oficial en sus distintos niveles de especificación (nacional, provincial, institucional y áulico), pero laico debe ser también –no lo olvidemos– el currículum oculto que atraviesa la cultura escolar. Por otra parte, hay que tener presente que los contenidos conceptuales no lo son todo. Hay, asimismo, contenidos procedimentales y actitudinales, y su importancia pedagógica –como bien lo reconcoe la DGE– no debe ser infravalorada. Entonces cabe hacerse esta pregunta: ¿acaso homenajear al Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo con conceptos hagiográficos, procedimientos cuasi-litúrgicos y actitudes reverenciales es algo que se condice con el principio de laicidad escolar? Evidentemente no.
Desde la DGE se ha dado a entender, también, que en el calendario escolar están contempladas una serie de conmemoraciones confesionales que no pertenecen al santoral católico, y que ello es una muestra categórica de ecumenismo, vale decir, de reconocimiento a la diversidad de creencias religiosas. Dejando de lado los bemoles del ecumenismo –un asunto ya abordado en el séptimo apartado–, preciso es admitir que el razonamiento en sí no es inválido. Formalmente considerado, es correcto, desde ya.
Sin embargo, la premisa empírica de la que se parte es completamente falsa. Las seis celebraciones religiosas no católicas (tres judías y tres islámicas) incluidas en el calendario de la DGE no tienen ningún tipo de correlato conmemorativo en el ámbito escolar público que sea comparable al que detentan los días del Patrono Santiago y de la Virgen del Carmen de Cuyo. Todo lo que ha hecho la DGE es limitarse a otorgarle a lxs estudiantes y docentes de las comunidades israelita y musulmana el beneficio de poder faltar tres veces al año por motivos religiosos sin que se les compute la inasistencia… ¿Se puede considerar esta modesta concesión administrativa como una política conmemorativa de amplias miras ecuménicas? Claramente no. Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Ninguna celebración religiosa no católica es realizada en las escuelas estatales de Mendoza. Esto, por supuesto, no tiene nada de malo. Así debe ser, dado que la educación pública mendocina es laica. Lo malo es que, de manera arbitraria, favoritista, se haga una excepción con el catolicismo. Privilegios de esa índole no se condicen con la civilidad democrática. Ni tampoco es saludable que la DGE haga afectación de un pluralismo religioso que, en la realidad de los hechos, brilla por su ausencia. No computar inasistencias por motivos religiosos a lxs estudiantes y docentes de fe judía e islámica bajo ningún punto de vista es sinónimo de ecumenismo en materia de actos conmemorativos. La hipocresía que exhibe la DGE en torno a esta cuestión es francamente indignante.
En cuanto a la efeméride del 24 de abril (Día de Acción por el Respeto y la Tolerancia entre los Pueblos), en la que se conmemora el Genocidio Armenio, traerla insistentemente a colación en el contexto del presente debate sobre laicidad escolar resulta totalmente antojadizo, ya que para el pueblo y el Estado armenios la rememoración de dicha tragedia histórica es de carácter secular, no de carácter religioso (la Iglesia gregoriana no la ha incorporado a su calendario litúrgico tradicional). Enarbolar –como han hecho los abogados de la DGE– la inclusión de la efeméride del 24 de abril como un testimonio inapelable de pluralismo religioso, no resiste ningún análisis serio.
De cualquier modo, recalquemos una vez más, el ecumenismo tampoco sería una solución. Si el pluralismo queda reducido a una confraternidad interreligiosa, las minorías seculares o no creyentes resultarían excluidas o discriminadas. Sin inclusión no hay democracia.
Con respecto al caso particular del Día del Patrono Santiago, en las redes sociales y los foros virtuales aparece con frecuencia la siguiente acusación maliciosa: el laicismo pretende eliminar el feriado. Con tal imputación se busca, claro está, provocar la indignación popular. Indudablemente, quienes bregamos por la completa separación entre Iglesia y Estado, vemos con malos ojos que haya feriados de carácter religioso, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Ahora bien: nuestra lucha no es en pos de la disminución de la cantidad anual de días no laborables, sino de la secularización del calendario cívico, ora redefiniendo el contenido simbólico de ciertas celebraciones con un criterio más pluralista e inclusivo, ora instituyendo nuevas efemérides aconfesionales inspiradas en valores humanísticos de aceptación general como la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz, etc.
Otra acusación que se ha hecho en relación a este punto es que el laicismo mendocino reclama la eliminación del acto conmemorativo del Patrono Santiago en las escuelas públicas, pero no la supresión del feriado provincial del 25 de julio, queriéndose deslizar con ello que dicho sector es más ventajista que principista. Esta imputación es injusta. En toda lucha hay objetivos de corto y largo plazo, y puesto que se ha considerado más urgente garantizar la laicidad escolar, es lógico que la eliminación o secularización del feriado provincial del 25 de julio quede como meta a futuro, dado que la DGE no está facultada a realizar esa modificación por cuenta propia.
Existe una ley provincial al respecto: la 4.081, sancionada en 1976. Su art. 1 establece: “Declárase feriado en todo el territorio de la Provincia el día veinticinco (25) de julio, en homenaje al Apóstol Santiago, Santo Patrono de la Provincia de Mendoza. En ese día regirán las normas legales sobre descanso dominical”.
Otro argumento esgrimido por el establishment confesionalista es el de la colisión de derechos. Se plantea el siguiente escenario: así como las minorías no católicas de Mendoza, a la hora de impugnar las conmemoraciones del Patrono Santiago y de la Virgen del Carmen de Cuyo, pueden recurrir al derecho constitucional a una enseñanza pública laica, la mayoría católica puede defender su preservación apelando al derecho constitucional de libertad de cultos. ¿Es realmente adecuado plantear el problema en estos términos? Opino que no lo es. Veamos por qué.
En el apartado quinto, explicamos que ningún derecho –a excepción de la libertad de pensamiento y conciencia– es absoluto, ilimitado, y que el derecho de libertad religiosa termina donde comienza el derecho de laicidad escolar. Se podría, desde luego, invertir este planteo y decir que el segundo acaba donde empieza el primero, con lo cual estaríamos ante una situación dilemática de tablas o empate.
Sin embargo, la simetría es sólo aparente. ¿Por qué? Porque mientras el integrismo católico pretende tener celebraciones de su credo dentro del calendario escolar público, las minorías religiosas y seculares que defienden la laicidad no abrigan tales pretensiones. La situación sería realmente simétrica –y resultaría pertinente hablar de colisión de derechos– si esas minorías demandaran la inclusión de actos conmemorativos obligatorios asociados a sus respectivas cosmovisiones, es decir, efemérides judías, islámicas, evangélicas, cristiano-ortodoxas, budistas, masónicas, ateas, etc. Pero, evidentemente, este no es el caso.
Precisamente, la laicidad escolar fue concebida como una solución salomónica al problema de la diversidad de creencias y convicciones. Todas ellas, sin importar el número de adherentes que tengan, son puestas en estricto pie de igualdad. Ninguna goza de estatus oficial. A través de la neutralidad, el laicismo busca crear condiciones adecuadas para una escolaridad pública sin supremacías ni privilegios confesionales de ningún tipo. No pretende avasallar a las personas católicas obligándoles a celebrar actos religiosos contrarios a su fe, sino sustraer a la educación pública de todo favoritismo confesional, logrando de ese modo que nadie se vea avasallado en sus creencias o convicciones. Lo que tiene de meritorio el ideal de laicidad escolar es que expresa un justo equilibrio entre los distintos sectores religiosos y seculares: cada integrante de la comunidad educativa renuncia a imponer sus creencias o convicciones al resto, porque sabe que ese mismo renunciamiento lo hacen todxs: no te impongo mi credo para que no me impongas tu credo.
No es feliz, por consiguiente, contraponer la laicidad escolar a la libertad religiosa y de conciencia, situándola en un escenario hipotético de colisión de derechos. Pertinente sería hablar de colisión de derechos si dos o más sectores religiosos o seculares bregaran por oficializar sus propias celebraciones, oponiéndose a que el resto hiciera lo mismo. Por el contrario, reclamar la plena vigencia del principio de laicidad es buscar un punto de equilibrio que sea mínimamente razonable y aceptable para todos los sectores. Ese punto de equilibrio es la neutralidad confesional del Estado en tanto agente de enseñanza.
Se ha pretendido, asimismo, impugnar el reclamo de laicidad escolar en materia de actos conmemorativos trayendo a colación una serie de realidades culturales que, en apariencia, tendrían similitud o concordancia con la que ha suscitado el litigio. Realidades ante las cuales –se da a entender– el laicismo debería, si fuese coherente con sus postulados «extremistas», asumir la misma posición reprobatoria. Y que si no lo hace, es porque tiene conciencia de que no sería razonable ni viable a causa de su fortísimo arraigo social. Reclamar laicidad en un determinado caso, y no en otros pretendidamente semejantes, constituiría una muestra flagrante de incoherencia, de inconsistencia lógica, un defecto que diluiría la legitimidad de la demanda.
¿Cuáles son esos otros casos similares, esas otras realidades culturales que tendrían afinidad con las celebraciones escolares del Patrono Santiago y de la Virgen del Carmen de Cuyo? El descanso dominical, el sistema cronológico occidental y los topónimos de origen católico (San Carlos, Santa Rosa, San Rafael, etc.). En efecto, estos tres elementos culturales tienen un patente origen cristiano; y ciertamente, dadas las condiciones históricas actuales, la realidad social vigente, el nivel de ilustración prevaleciente, las creencias y sentimientos imperantes, etc., si el laicismo bregara por una modificación inmediata y drástica de todo eso incurriría en un principismo vanguardista abstracto y poco comprensivo, sectario e impopular, y por ende, condenado a la impotencia. No es posible ni legítimo querer cambiarlo todo de la noche a la mañana sin ningún consenso social, sin un mínimo de respaldo popular.
Pero se está igualando situaciones disímiles. Es verdad que una reforma a corto plazo de la toponimia o del sistema cronológico sería inviable e impolítica, por cuanto estas dos realidades culturales exhiben un nivel de arraigo o conformidad social vastísimos, propio de aquellos casos (Navidad, por ej.) donde el origen religioso se ha visto ampliamente rebasado por un largo devenir histórico de efectos secularizantes. Mas en el caso de las conmemoraciones religiosas dentro de la escolaridad pública, el panorama es muy diferente. Para la sociedad mendocina, su connotación confesional es, objetivamente hablando –y aunque la DGE y ciertos estamentos de la Iglesia y la justicia piensen o digan lo contrario–, inequívoca, patente. Así lo evidencia el hecho de que sean tan numerosos y diversos los sectores que acuerdan con el reclamo de mayor laicidad educativa.
No hay ninguna razón por la cual el laicismo deba subordinar su actuación a una lógica del todo o nada. Avanzar gradualmente en aquellos puntos donde sea socialmente factible hacerlo, y abstenerse de hacerlo donde no estén dadas aún las condiciones histórico-culturales para ello, no es una muestra de incoherencia, sino simplemente, una muestra de racionalidad, realismo y respeto por la convivencia democrática.
Aquí termina el análisis crítico de los argumentos que la derecha católica –y sus aliados dentro del Estado provincial– han esgrimido para justificar los actos escolares del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo. He tratado de que este esfuerzo refutatorio fuera lo más exhaustivo, riguroso y ecuánime posible, más allá de mis convicciones y opiniones personales, que son antagónicas a las de quienes rechazan el principio de laicidad educativa.
Nunca me cansaré de citar esta reflexión ética, menos aún en esta polarizada y crispada coyuntura que nos atraviesa como país y como provincia. Pertenece al pensador John Stuart Mill, y la extraje de su obra Sobre la libertad, publicada en 1859:
Se debe condenar a todo aquel que, sea cual fuere el lado del argumento en que se coloque, manifieste en su defensa falta de buena fe, malicia o intolerancia de sentimientos. Mas no debemos imputar estos vicios a la posición que una persona adopte, aunque sea la contraria a la nuestra. Rindamos honores a la persona que tiene la calma de ver y la honradez de reconocer lo que sus adversarios realmente son, así como lo que representan sus opiniones, sin exagerar nada de lo que pueda perjudicarlos, y sin ocultar tampoco lo que pueda favorecerlos. En esto consiste la verdadera moralidad de la discusión pública. Y aunque a menudo sea violada, me contento con pensar que existen muchos polemistas que la observan en alto grado, y que es mayor todavía el número de los que se esfuerzan por llegar a su observancia de un modo consciente.
Queda a criterio del público lector si el presente artículo, en su largo itinerario polémico, honra o no honra ese ideal ético. Espero que sí.
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