Femicidios: violencia contra las mujeres y mecanismos jurídicos

Feb 10, 2019 La Quinta Pata Género y Feminismos Comentarios desactivados en Femicidios: violencia contra las mujeres y mecanismos jurídicos

Por Ivana Ilardo

En lo que va del año según el Frente Feminista La Duarte Mendoza, se cometieron 45 crímenes violentos contra mujeres, bebes, travestis y personas trans en nuestro país. En medio de la conmoción cabe preguntar si tantas pérdidas dolorosas podrían haber sido evitadas ya que muchas mujeres denunciaron violencia.

Un informe difundido en noviembre del 2018 por la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal de la Nación arrojo cifras alarmantes respecto de lo que sucede en la justicia penal en relación a las denuncias por violencia de género que las mujeres presentaron en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 72% de las causas por violencia de género terminan en sobreseimiento o son archivadas.*

Si se cuentan con los instrumentos jurídicos necesarios para avanzar en derechos humanos de las mujeres y en cuestiones de prevención, erradicación y de sanción contra la violencia que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir gracias a las obligaciones internacionales que asumió oportunamente al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”). ¿Qué estaría fallando en los mecanismos normativos?

Para echar luz sobre estas cuestiones es que se recurrió a dos instancias que quizá estén íntimamente relacionadas.

Por un lado el aspecto simbólico. Los instrumentos jurídicos creados para proteger pueden instalar creencias, ficciones y mitos que consolidan un imaginario colectivo resistente a las verdaderas transformaciones que proporcionen cambios cualitativos para la vida cotidiana de las mujeres. Por otra parte, la efectiva implementación de los recursos económicos necesarios para transformar la vida concreta de miles de niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia y abusos a diario.

La participación del derecho en la configuración del estereotipo “mujer” en el ámbito de la justicia

En relación a este tema se conversó con la Lic. Soledad Gil quien es Becaria del CONICET e hizo su tesis sobre violencias y femicidios en los medios desde el análisis del discurso crítico y social.

Al respecto es interesante reconocer como se va entrelazando el sentido que se construye en el espacio de la justicia con la vida concreta de las mujeres. La licenciada aclaró que “las determinaciones de género, clase, raza y edad nos ponen a las mujeres en distintas situaciones frente a la posibilidad de contar o no con el efectivo reconocimiento de nuestros derechos humanos”. Reconoció que si bien contamos con ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, de un tiempo a esta parte el mayor reclamo ha estado puesto en el tema de las políticas públicas y en la cuestión del presupuesto para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la ley.

La licenciada Gil explicó que lo que hay que pensar es la brecha profunda entre lo que encontramos en el derecho y en la vida concreta de las mujeres, niñas y adolescentes. En ello hay complejas desigualdades de acuerdo a los lugares más privilegiados o menos privilegiados que tenemos unas y no otras con los que contamos para el acceso a la justicia, para la representación social en los medios y en otros tipos de discurso como el jurídico. Por ejemplo, algunas mujeres aparecen como “víctimas buenas”, otras, como “víctimas malas”. En esta diferenciación destaca sobre todo la variable de la edad y la procedencia social, de clase. Las construcciones discursivas alrededor de los casos son bastante desiguales. Por otra parte, destacó la visibilidad que tienen algunos casos en los medios en detrimento de otros reproduciendo al idea de que algunas muertes, femicidios, son muchísimo más “importantes” que otros.

En el mismo sentido el discurso impacta en las políticas públicas efectivas debido a la mirada androcéntrica y patriarcal que existen en la misma justicia, en algunos jueces y juezas, en algunas fiscalías, personal policial que inmediatamente intervienen, hacen que sea muy difícil poder efectivamente avanzar en acciones concretas de prevención, erradicación y sanción contra la violencia. Algunos mecanismos en la justicia dan cuenta de sus fallas. Manifestación de ello es por ejemplo la cantidad de femicidios con denuncias previas a lso que asistimos en este último tiempo en nuestro país. O los casos de muchas niñas y adolescentes con abusos sexuales que son obligadas a la maternidad forzada desconociendo los derechos básicos fundamentales.

Es decir “cuando estamos frente a todo un engranaje que tiene una mirada sumamente misógina muchas veces, que descree de nosotras, que revictimiza, que culpabiliza, que crea buenas víctimas y malas víctimas, claramente impacta sobre la propia vida. Es muy significativo porque muchas estamos en peligro, muchas otras han muerto, mueren en nuestro país como consecuencia de la violencia machista, patriarcal”.

Gil mencionó también a las políticas de prevención del estado en relación a los recursos. Cómo en un momento tan complejo de ajuste, de tanta pérdida de empleo, precarización de la vida, impacta fuertemente en la vida de las mujeres en particular, en la violencia y en los femicidios.

Sin embargo frente a este panorama hostil se puede observar como contrapartida una propuesta de transformación social proveniente del movimiento feminista y sus diferentes composiciones.

Al respecto la licenciada Gil el “ensanchamiento muy importante desde el primer NiUnaMenos hasta la actualidad”. “Estamos dando esta batalla política en las calles pero también en las construcciones de sentido social para poder batallar con otras ideas, batallar con este patriarcado. Los feminismos tenemos un rol muy importante que esta visible. Lo que ha sucedido en este último tiempo, la marea verde, con estas posibilidades de empezar a decir lo que antes no se podía decir o formaba parte de lo no dicho o estaba muy naturalizado. Esas cosas las hemos ido revirtiendo. Y es por la vida, justamente. Esto de ‘disculpe las molestia nos están matando’ resume la problemática de este flagelo. Creo que todavía hay en nuestra sociedad un efecto anestesiante muy importante. Si una se pregunta qué pasaría si todos los días mataran a un periodista, a un político. El poder pensar desde otra perspectiva que todos los días están matando a mujeres en nuestro país y en el mundo entero de las maneras más crueles, mujeres que se animaron a pedir ayuda previamente y no la tuvieron o no funcionaron los mecanismos con los que hoy contamos. La sociedad todavía no se despierta, sigue con este efecto de normalidad. Este efecto me parece que está dado con los discursos mediáticos y sociales, en relación a los femicidios. Muchas veces se descree de nuestra palabra y se nos presentan como extremistas, feminazis, como si estuviéramos planteando cualquier cosa cuando estamos hablando de nuestras vidas. Todo el movimiento feministas: mujeres, disidentes sexuales, trans están poniendo en disputa los sentidos tan patriarcales y tan nocivos para nuestras vidas. En esas luchas está la clave para seguir reclamando, viendo que se cumplan nuestros derechos humanos fundamentales”.

Un ejemplo que la profesional destacó en relación a esa lucha es la creación de la Ley Micaela. La norma establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos. Abarca a los tres poderes del Estado.

El sistema no acompaña

El otro aspecto que se visibiliza como obstáculo para el acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres y que quizá está relacionado con el anterior, es el de los recursos económicos. Se dice que tal vez guarde vínculo con el de la construcción de sentido porque si no hubiera un efecto narcotizante o de normalización ante tantos femicidios quizá el interés conllevara la efectiva aplicación de las políticas públicas.

De acuerdo a datos relevados por referentes de La Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres Mendoza, resulta sumamente dificultoso sostener una denuncia en el tiempo contra los victimarios.

Por ejemplo: la ausencia de política habitacional para las mujeres que se encuentran viviendo en casa de los agresores o de sus familias. Los subsidios que se otorgan por violencia son escasos, algunos se demoran largo tiempo en ser otorgados. El monto es de alrededor de $4000 y es por única vez (renovable en casos excepcionales). “Si pensamos que esa mujer necesita con ese dinero alimentar a sus hijos e hijas, sostener la vivienda, muchas veces empezar a alquilar un nuevo hogar, salta a la vista que es un monto totalmente insuficiente para que esta pueda pararse y sostenerse” expresó una de las referentes.

Los procesos civiles para determinar la cuota alimentaria suelen tardar de 06 meses en adelante, con la dificultad que esto conlleva para el sostén económico de los hijos e hijas por parte de la mujer. En caso de que el hombre no tenga empleo registrado el sistema judicial no lo obliga con la rigurosidad que corresponde a cumplir con la cuota alimentaria. Es muy frecuente que los mismos dejen de trabajar en blanco, pidan cobrar partes de su sueldo en negro, que pongan bienes a nombre de terceros, y demás estrategias que impidan la aplicación de embargos sobre ingresos o bienes. El sostén económico termina recayendo casi totalmente sobre la mujer, así como la crianza.

En caso de desobediencias judiciales por parte de los victimarios la mujer debe continuar con largos procesos burocráticos de denuncia, pericias, etc. La falta de perspectiva de género en las unidades fiscales (más allá de su “especialización” en violencia de género), entre otros aspectos que dejan un claro mensaje de impunidad para los agresores y de desprotección para las mujeres generan la sensación de estar entrampadas a merced del agresor.

Retomando la propuesta de Soledad Gil, si se intenta otorgar otra mirada a este flagelo desnaturalizando las muertes por violencia de género como por ejemplo pensar ¿qué pasaría si los muertos fueran políticos o empresarios o sacerdotes?. La capacidad de asombro y empatía ante tanta crueldad quizá volvería a ser parte de nuestras vidas.

^{*El relevamiento se basó en el análisis de 158 causas de mujeres que denunciaron a parejas o ex parejas ante la OVD en el primer semestre de 2015 y fueron derivadas a 14 fiscalías de los fueros Correccional y Criminal de Instrucción de la Justicia Nacional. El estudio arrojó que de las 158 causas, 137 (87 por ciento) estaban finalizadas; mientras que 21 (13 por ciento) continuaban en trámite, de las cuales 15 fueron elevadas a juicio y 6 permanecían en la etapa de instrucción. Del universo de las 137 causas que finalizaron, en el 72% de los casos el denunciado fue sobreseído (56) o la causa se archivó (42); en el 14% de las causas se concedió la suspensión del juicio a prueba -una alternativa para evitar la condena arreglada entre partes- y el 10% se remitió por incompetencia a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sólo hubo 6 condenas: una dictada en un juicio oral y las otras 5 se resolvieron mediante juicio abreviado.}^{https://www.veintitres.com.ar/politica/El-72-de-las-causas-por-violencia-de-genero-terminan-en-sobreseimiento-o-son-archivadas-20181128-0001.html}