La ética y sus colmillos postizos: difamación y suicidio

Jun 18, 2017 Eduardo Paganini Recomendada Comentarios desactivados en La ética y sus colmillos postizos: difamación y suicidio

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Entremos rápidamente en tema para que el lector/a sepa de qué hablamos aquí. Una joven pareja de docentes, en el Valle de Uco, toma la trágica decisión de suicidarse ante las desmedidas e imprudentes presiones persecutorias de los funcionarios de turno y por el aparente usufructo de títulos falsos para el ingreso al ejercicio de la docencia. Lo curioso y silenciado en los medios es que este descubrimiento puntualmente surgió en torno de un conflicto de género que la mujer denunció oportunamente contra un directivo, y del cual nunca más se aclaró el punto.

Las redes sociales próximas al entorno de la pareja muestran sus pesadumbres, sus críticas al estado de la sociedad y un llamado de reflexión sobre cuánto nos falta crecer en el combate contra la doble moral y la hipocresía. Y es correcto que esto suceda porque seguramente esas son las voces de quienes han compartido amistades y espacios de tareas en conjunto: más de una década estas personas venían desempeñándose en establecimientos del medio, y en ese lapso —sobre todo en escuelas— los vínculos se van desarrollando, y la gente así se va conociendo.

Pero no es la finalidad de este opúsculo el explayarme sobre la cualidad de seres agradables o laboriosos que fueron estos malogrados docentes, a pesar de que, con toda justicia, merece ese espacio alguien que con mejor información pudiere concretarlo.

La finalidad que deseo expresar va en otro sentido, porque es verdad que hay que hacer un serio llamado a la reflexión, pero al mismo tiempo un detenido análisis de la cadena de acontecimientos como para que —encima que troncharon sus vidas— se cierre aquí el caso con la carga de la culpabilidad al palo total en las figuras de Aldaya y Fernando.

Hablemos responsablemente: una persona no es un papel

 Es muy complicado frente a la conmoción presente enfriarse como para tratar, al menos, un discernimiento que permita ver todo el tablero del juego y no sólo la pérdida personal. Pero lo intentaremos porque en este proceso percibimos que hay concretos responsables tanto de la derivación en tragedia —por un lado— como de la mágica y oportuna aparición de títulos falsos —por otro—.

Efectivamente, —suicidio y títulos inauténticos— son dos factores que aparecen veladamente como mera acción/reacción lineal, directa, sin mayores posibilidades de elementos aclaradores, sobre todo en el manejo informativo, comunicacional y terriblemente periodístico. Algo así, como un mecanismo lógico y fácilmente explicable como para que el caso quede cerrado y el imaginario colectivo, adocenadamente escarmentado. Pero esto es así por una razón: el manejo siniestro y la gestión perversa que funestamente gozan de perfecta salud en el sistema educativo provincial y nacional.

En principio, desde cualquier encuadre más o menos humanístico y respetuoso de los valores que nuestra sociedad dice enarbolar, frente a esta situación no se puede tolerar la instalación de la frase «docentes truchos» o “docentes falsos”, como le agrada decir a la prensa colonizadora y/o canalla (además de algún pelafustán pobremente colonizado). Y esto no se debe permitir por su alta dosis de confusión ideológica —maliciosa confusión— con la circunstancia de «títulos probablemente falsos» (aún no constan públicamente las evidencias de la falsía, por ende corresponde por ahora solamente la presunción).

La operación semántica que  se ejerce allí logra identificar sustancias diferentes: el sujeto y el objeto. Esto es, poner en la misma entidad a la persona, ser humano, individuo, criatura —o como su concepción del mundo, lector/a, le indique la mejor denominación— con una cosa, objeto, ente. La carne junto al papel.

Y estos objetos de referencia —las personas y los papeles— merecen distinguirse entre sí, porque de lo contrario están siendo fusionados, y desde esa instalación amalgamada logran confundir a su auditorio con sus prédicas y alocuciones—ya como funcionarios ya como periodistas—. En todo caso, si les gusta hablar de ese modo moderno, los “truchos” son los títulos, no las personas. Nadie merece ser considerado cosa, y abundan los fundamentos y ejemplos definitorios de un enunciado que viene sosteniendo la evolución y el desarrollo de la humanidad. Que los funcionarios y la prensa intenten cosificarnos permanentemente no es justificativo para que en este caso vuelvan a intentarlo, el costo de dos vidas jóvenes con sus proyectos merece marcar un límite claro y serio, además de cierta dosis de respeto.

Cuestionen y rásguense sus disfraces de eticidad todo lo que gusten, pero solamente apuntando, vilipendiando, hostilizando la falsedad ideológica de un documento público, sobre todo cuando se haya probado semejante característica. Pero no a las personas: como vecinos, como docentes, como meros seres humanos no vamos a permitir que continúen agraviando la memoria de estas dos y de ninguna persona cuya acción central vital haya estado centrada, no en la falsificación de certificaciones, sino en el trabajo cotidiano y solidario de la tarea de aula con adolescentes.

Trabajaron, durante años. Fueron a la escuela rural, a la semiurbana, a la del pueblo, a la de la capital del departamento. Trabajaron todos y cada uno de los días, no desfalcaron ningún fondo, no recibieron dinero indebido. Trabajaron. Bancaron horarios, climas, distancias, crisis y conflictos propios de escuelas y familias, planificaron, evaluaron, se capacitaron —tareas impagas, ingratas e invisibles—. Esto constituye un conjunto de acciones, propias de todos los docentes, que va siendo hora que sea revalorizado por la comunidad en general y en especial por cada uno de los soldados de la mafia ideológica —ya sea en la prensa como en la gestión gubernamental— que vienen sistemáticamente deteriorando la imagen del trabajador de la educación con sus descalificaciones y malversaciones valorativas.

Sobre todo teniendo en cuenta que en docencia, el título habilita exclusivamente para el ingreso y su posterior ejercicio, pero además de esa vía de acceso, históricamente ha sido la idoneidad laboral (teórica, técnica y práctica —y que solo se ve en la tarea—) la que habilitó la capacidad docente. Por lo tanto, invito a las entidades gremiales, profesionales, técnicas, a toda persona de bien, a adherir a este repudio sobre el uso de la terminología docentes truchos,  ya sea en boca de cualquier funcionario u ortiba de barrio como en las planas de papel o pantalla de nuestra prensa colonizadora.

A todo lo anteriormente argumentado, cabe complementarlo con una referencia técnica que intenta aportar mayores datos al acontecimiento. Hay que agregar aquí —y rescatar como dato no menor— que en muchas ocasiones en la evolución de la legislación docente y hasta en nuestros días es material suficiente tanto para el acceso como para la autenticación de la tarea pedagógica la idoneidad laboral en el área cognitiva correspondiente, inclusive en los casos de ausencia de título docente habilitante. Así, en nuestro país han desempeñado funciones docentes muchos sujetos que podían comprobar un dominio de la cultura general, de un ámbito técnico o científico definido sin la obligatoriedad de exhibir un título determinado. Y ello en virtud de que, en ese contexto socioeducativo, muy seguramente, no existían aún las carreras de formación docente específicas: así fue, por dar un ejemplo, como las exitosas Escuelas de Educación Técnica dependientes del CONET honraron la formación en oficios a sus alumnos con personas  idóneas en carpintería, tornería, herrería y otras especialidades. Inclusive, en muchas ocasiones esta autenticación quedó validada con titularizaciones que reconocían el desempeño y la idoneidad en el cargo concursado aun en la situación de carencia de título docente. Así fue también como se abrió ese criterio para profesionales que con total desconocimiento de la didáctica y la pedagogía quedaron expeditos para transitar las densas aguas de la educación. Pero como aquí había un privilegio de clase, ninguna Supervisora vino a poner los gritos del tero.

Para recordar: docentes falsos o bien docentes truchos, no. sobre todo, después de este último recordatorio que nos llevaría a la antipática actitud excluyente de pasar a llamar así a todo aquel que, ocupando un cargo en el escalafón de la Dirección General de Escuelas, no posea su título de habilitación docente. Sea preceptor, sea Director General de Escuelas. O periodista con horas cátedra.

Actuemos responsablemente: un grito no es gestionar

¿Qué tal si partimos de la probable hipótesis de que efectivamente sí hubo malicia y en realidad los títulos podrían ser falsificados? No es que queremos jugar al analista contradictorio, sino que lo que intentamos aquí es respetar la infame lógica de los acusadores y desplegar cómo debería haber sido el juego completo y según las vías que la ley establece. En otras palabras, mostrar las fallas (¿ignorancia?, ¿omisión?, ¿negligencia?, ¿irregularidad?, ¿abuso?) del procedimiento.

La primera: la cadena invisible

No tenemos muchos elementos como para precisar el caso específico de estos títulos, puesto que solo se ofreció a la opinión pública alguna imagen facsimilar del anverso y reverso de una certificación de estudios que reza “Universitas Estudios Superiores” con presunta sede en la ciudad de La Plata (dato mutilado en la imagen). Frente a ello se puede afirmar que hay una mínima cadena de responsabilidades según esta consuetudinaria vía administrativa:

1. Actuación, con firma y sello pertinentes, del/la encargado/a de la elaboración institucional de certificados y títulos, función normalmente relegada en Secretaría;
2. Monitoreo de la legitimidad de los datos allí consignados por una o dos autoridades institucionales, donde no suele estar ausente la Rectoría, rubricado con sendas firmas, sellos identificatorias y el agregado del sello institucional;
3. Fiscalización de lo transcripto en la certificación, cotejando datos y evaluaciones con la información que consta en los archivos institucionales (legajos personales, libros clasificadores, libro matriz, actas de examen y cualquier otra pieza administrativa correspondiente); esta tarea suele quedar bajo la órbita técnico-profesional de la Supervisión, Inspección, Auditoría o función de control de gestión, quien deja testimonio de su actuación con firma y sello identificador de función, jerarquía e institución interviniente;
4. Legalización de las firmas obrantes, ejercida por la máxima autoridad jurisdiccional que expide la certificación. Generalmente suele quedar bajo el área de una Dirección General de Escuelas o un Ministerio de Educación, a través de una oficina ad hoc de reconocimiento de títulos.
5. Pasaje obligado por el Ministerio del Interior y su ojo fiscalizador cuando un título va a ser utilizado en una jurisdicción diferente a la de origen;
6. A la hora que ese título se incorpora a un legajo laboral para desempeñar funciones docentes, debe ser inscripto como tal en un registro determinado que las administraciones disponen y denominan de diferentes maneras. En el caso de Mendoza, suele ser el departamento/dirección de Legajos, o bien, la Mesa de Entrada de las Delegaciones Regionales quienes ejercen ese rol, allí vuelve a firmar un funcionario interviniente y se le asigna un número de identidad al título de marras, con registro en el Archivo Oficial;
7. Para concretar la utilidad definitiva del título como vía de acceso laboral, debe ser presentado ante un cuerpo colegiado como lo es la Junta Calificadora de Méritos, correspondiente al nivel y rama educativa en la que se desea ejercer. Allí es justipreciada su competencia específica y le es asignado un puntaje que está habitualmente normado en legislación complementaria del Estatuto del Docente. También actúan varios responsables cuya idoneidad mide alcances, órgano emisor, especificidades educativas y otras yerbas que finalizan en determinar causas y razones que terminan decidiendo que un título valga tanto y no cuanto.
8. Llegado a este paso, el futuro docente —si mantiene su entusiasmo enardecido— debe presentar copia del título con todos los pasos actuados frente a la institución a la que ha sido convocado para dictar tres horas de clase, pongamos por caso… algún responsable recibe, coteja y archiva el documento.

Deseamos ferviente que la anterior apología de la burocracia no haya espantado al/la lector/a entusiasta, fatigados ante tanto trajín, y para consuelo pensemos que este es el periplo cotidiano por donde pasa cualquier trabajador/a de la educación antes de enfrentar la tarea con los alumnos (obviamos naturalmente los correspondientes a la certificación de aptitud de salud, y otras certificaciones de índole personal). El detalle ha sido necesario porque queda en evidencia que hay una larga lista de personas, más o menos identificables, que se deberían incorporar a la lista de responsables en esta existencia de títulos truchos...

Si hacemos bien las cuentas, y reducimos al máximo la cantidad de intervinientes vemos que al menos ocho estamentos han tenido vital participación en la existencia de ese certificado. Llama la atención que ante ese camino del presunto fraude, con tantas pistas y responsabilidades latentes y emergentes, por acción o por omisión, sobre los únicos que se cae condenatoriamente son la pareja de jóvenes muertos.

La investigación debe ser saneada y completada en su totalidad, hurgando en el entrepelo hasta detectar las fisuras que muestren claramente dónde y quiénes se dedican a este tipo de fechorías, señalando sus culpas y solicitando a la justicia sus condenas. Del mismo modo, con la visible negligencia que posibilitó un tránsito tan amplio en la vida de estos títulos. Habría culpables por falsificación, pero también lo hay por negligencia, omisión, complicidad. A esos no los queremos suicidados, pero sí al menos sancionados.

La segunda: siendo inteligente o haciendo inteligencia

En la tarde del lunes 12 pmo. pdo. (aún no se conocía la noticia trágica), la Delegada Regional de la DGE Valle de Uco, Silvia Cornejo, expresaba por el informativo de radio Nihuil que se había detectado una pareja de docentes de la zona que venían ejerciendo su labor con títulos falsos. La aparente discrecionalidad de los datos no fue suficiente con omitir sus identidades, ya que se explayó minuciosamente en nombrar las cuatro escuelas a las que pertenecían. En su breve pero interesante informe habló de una investigación realizada sobre el particular desde hacía un año, de la sanción efectuada en el ámbito de la enseñanza media que consistió en el cese de los mencionados docentes, en la demora  que se estaba produciendo en otros establecimientos que pertenecían a otras ramas de la enseñanza (técnica). Y algunas cosillas más que dejaremos para luego (ver La tercera).

Probablemente la Delegada Regional  del Valle de Uco nunca supo o nunca pudo evaluar cuán inútil es intentar el anonimato o la pseudo-discreción en un medio social de fuerte autorreferencia, de vínculos endógenos  y de una instalada cultura de mutuo control social. Evidentemente, no le podemos exigir esos conocimientos, propios de un psicólogo, sociólogo, siquiatra, psicólogo social, ya que quizá no posea esos títulos… Pero lo cierto es que —y la evidencia está aún tibia—no es adecuado (¿atinado?, ¿prudente?, ¿legal?) despertar la condena pública, hacer ladrar los micrófonos, alimentar los runrunes del rumor, sin haber tomado las precauciones de la contención y los cuidados pertinentes.

Pero no es solo un gesto menos rígido el que reclamamos aquí. Entendemos que la impertinencia no fue solo vincular y humanística, sino que agregamos también otro reclamo: en ningún momento se encuadró la modalidad de la investigación desarrollada dentro de lo que establece la normativa instituida. En el ámbito de la administración pública en general, y en el de la tarea docente en especial, toda investigación por presunción de falta está puntualmente normatizada. Para eso están la Ley de Procedimiento Administrativo, Nº 3909 (“…considérense trámites sustanciales: a) El debido proceso o garantía de la defensa;…”), y el Reglamento de Sumario, Resol Nº 596, que con diferentes alcances y procedimientos coinciden en garantizar algo que aquí no apareció muy visible: ese derecho a defensa por parte de la parte acusada, y por ende al conocimiento del proceso actuado.

Aquí se observa cómo opera la tarea de deterioro de la imagen y la esencia de la educación: lograr que se naturalicen en el imaginario social prácticas de pesquisa, propias más de servicios de inteligencia de épocas de conspiración y autoritarismo que de mecanismos democráticos aceitados, regulados por lo reglamentado y de respeto por el otro.

En este punto es que debemos exigir el verdadero respeto por la ley, por la ley estatuida y vigente, sin confundir esto con opiniones jurídicas de momento. Es hora de tomar conocimiento de deberes y derechos establecidos como educadores y educadoras y reiniciar un camino en su rescate y defensa. Ya es un buen momento para que la opinión hiriente, tilingamente difundida por el mero hecho de haber sido emitida por algún funcionario de turno, sea ponderada, encuadrada y calificada acorde a lo que las reglas del agravio dictaminen. Hora de clausura para la obediencia debida y hora de inicio para el punto final a la indignidad de la educación y sus protagonistas.

La tercera: otro poco de manoseo

Hay un dato singular y único que merece un giro de tuerca en toda esta situación. Un dato que deslizó la Delegada Regional en la mencionada entrevista, y de la que se espera la radio posea responsablemente copia de los audios. Ese dato, vertido por la funcionaria gubernamental, refirió que el contexto en que surge el conocimiento de la falsedad de los títulos de esta pareja es en torno a una denuncia por problemática de género que efectúa la mujer en contra de un regente —según la misma voz informante, que no identificó al sujeto ni a su lugar de trabajo—.

¿No es maravilloso? Un conflicto de esta naturaleza en estos momentos en que la toma de conciencia del rol de la mujer en nuestra sociedad ha crecido con dimensiones interesantes, surge un elemento inesperado y cuasi mágico que opera con la precisión de un bisturí: el denunciado zafa y la denunciante deviene en víctima. Antes de proseguir, continuemos con la cuenta de responsables: si este dato surge allí es porque se sabía antes, por ende: hay más responsables por omisión y encubrimiento. La funcionaria que tan aristotélicamente informaba al auditorio de Nihuil, ¿también habría tenido conocimiento previo? ¿Y del caso de la denuncia? ¿La promovió como correspondía por su condición de funcionaria y de mujer? ¿Por qué quedó adormecido como dato, en el olvido, y solo cuando aún nadie había muerto salió a la luz pública. Ah! El minuto fatal…

El pez por la boca muere decía mi abuela de sabiduría andaluza. Aserto que a veces metaforiza circunstancias humanas. Hay una pregunta que nadie respondió, que las funcionarias mujeres, las responsables del área mujer, las militantes feministas, las mujeres todas y los hombres que deseen acompañar este proceso histórico de cambio de paradigma debemos exigir: ¿por qué Silvia Cornejo llamó “problemita doméstico” al conflicto que la periodista de la entrevista anticipadamente había enunciado como “conflicto de género”? Es la minimización una nueva actitud y aptitud de las nuevas pedagogías, o es simplemente que hay una historia de evidencias y ocultamientos que merece mayor claridad. Y la asunción de las respectivas culpabilidades.

La muerte no enjuaga.

Imagen principal: Goya, Contra el bien general

 

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