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Jul 06, 2015 Ramón Ábalo La Pata Semanal Comentarios desactivados en Legitimidad del Estado como fuente de trabajo
No hace mucho que el estar empleado en el Estado dejó de ser un estigma. Algunas razones se barajaban en el seno de la población para tener esa visión. La cuestión es también que el fenómeno se fue debilitando hasta que en la actualidad, prácticamente el empleado estatal, del nivel que fuere, tiene, legítimamente, el estatus que le corresponde como ser humano que cumple una tarea por la cual recibe una paga, justa o más o menos, que le permitirá, en parte seguramente, aportar para la subsistencia propia y la de su familia.
El Estado – nacional, provincial, municipal – es el administrador de lo que la ciudadanía -término genérico de la población- aporta para ese sujeto, o sea el Estado, y le asegure los beneficios de gozar sus derechos para una existencia digna. Para que cumpla lo que le da identidad, o sea el paraguas de su legitimidad: allí donde hay una necesidad hay un derecho humano a satisfacer, y es el Estado el que tiene que imponer los medios para que la máxima dialéctica se cumpla. Mejor dicho, que le permita cumplirla.
Y claro, parte de esas herramientas o medios, es la acción -la «cintura»-del poder político que lo representa, o sea trabajo, salario, vivienda, educación, salud, ocio. Acción política que se expresa, en este plano de los derechos de sus mandantes, el deber de lograr, con legitimidad institucional y social, esos medios. Nada menos que los impuestos o gabelas que todo habitante, sin excepción, debe oblar. Y entonces, aparece la necesidad de un aparato burocrático que le permita cumplir con esos deberes, que son, nada menos, que la justificación de su razón de ser. Tarea compleja, de innumerables ítems, niveles y tareas. Desde la construcción de una usina nuclear -Atucha- hasta el levantamiento diario de los residuos hogareños y de los lugares públicos. Y ello, en la medida en que la realidad política, económica y social, le impone el cumplimiento de sus deberes en acuerdo o contradicciones provenientes de amigos y enemigos, sinceros o malignos. Objetivamente, una administración cada vez más complejas, crítica y burocrática para una población que, además, crece en número y exigiendo, cada vez más, sus derechos aunque débil en el cumplimiento de sus deberes.
Y entonces, el factor humano se traduce en la planta de personal, tanto en lo que hace a la cuantía como a la eficiencia. Por supuesto, en la relación necesidad e incorporación influyen varios factores, no solamente el de necesario. A cada cambio de gobierno, y más si es de camiseta política e ideológica contraria al que se va, la lupa cae verticalmente en el empleado o empleo público.
Y esto está ocurriendo con los cambios en la estructura institucional local: Peronismo por radicalismo, populismo por neoliberalismo, justicia social por eficientísimo, calidad por cantidad. Y claro, para que la caja no esté tan vacía, recuperar un par de miles de sueldos que cubran los agujeros. Es lo que se supone que va a ocurrir después de diciembre próximo cuando asuma Cornejo y su troupe el gobierno de la Provincia. Es cierto, hasta el momento los supuestos no provienen por actitudes o dichos de la cúpula, pero sí de quienes suelen poner, vender o alquilar la cara. Es lo que dice el Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados (SITEA) cuando se refiere a una presentación judicial de dos abogados. Referido a lo convenido entre el actual Ejecutivo y los gremios por el cual pasan a planta centenares de trabajadores precarizados, algunos con decenas de años, especialmente en el marco de los municipios. Son los abogados Rolando Quijano Cepparo y Oscar Rodríguez Panella que demandaron ante la Fiscalía de Estado al gobierno por el decreto 779/15 del P.E, y la ley 8798 que lo avala, por el paso a planta permanente de todos los trabajadores contratados antes del 31/12/14, uno de los pilares que sostuvieron ATE y SITEA en sus reclamos durante las paritarias de este año y las efectivizaciones de las subrogancias pendientes desde el 2006.
Ante esto, SITEA afirma: «…el Estado genera constantemente trabajo precario y en época electoral, como la actual, los trabajadores quedan en situación de vulnerabilidad que permite que el próximo gobierno deje en la calle a cientos de estatales… el ex gobernador Roberto Iglesias (UCR) apenas iniciado su mandato intentó vetar el art. 74 de la ley 6871 para dejar sin trabajo a personal contratado con hasta seis años de antigüedad.» Vuelve a criticar a Cornejo al indicar que «esto se enmarca en la visión de ajuste que trae el futuro gobierno, donde cuestiona el gasto público direccionándolo hacia el gasto salarial olvidándose de los sobreprecios en la obra pública, demora en la ejecución de las mismas y las compras millonarias con sobreprecios… Si el gobierno administrador es malo, se le echa la culpa a los trabajadores y no a los que gerencian para grupos económicos concentrados…»
Más claro, échale agua, solía decir mi amigo Armando ante afirmaciones tan contundentes como lo hace el gremio SITEA, con una concepción de lucha que está más allá de lo simplemente economicista, legitimando al Estado en este caso de ser, de erigirse en un factor primero y fundamental como fuente laboral.
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