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Nuevo Proyecto de Ley del Libro presentado en el Congreso Nacional
La senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Cristina del Carmen López Valverde (Frente de Todos) presentó un nuevo Proyecto de Ley de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA). El mismo es una ampliación del proyecto anterior presentado en 2019 por el entonces presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación Daniel Filmus, que había alcanzado estado parlamentario, y se enriquece con los aportes surgidos de reuniones y debates con asociaciones de la cultura, escritores y representantes de la industria editorial.
La llamada “Ley del Libro” viene siendo impulsada por la Unión de Escritoras y Escritores (UEE), que se constituyó como asociación civil en 2019 y tiene entre sus reclamos el reconocimiento de los escritores y las escritoras como trabajadores, la defensa del colectivo literario, el impulso de políticas culturales y la creación del Instituto Nacional del Libro.
El artículo 1° establece que “La presente ley tiene por objeto fomentar y promover la actividad editorial argentina, la creación y actividad autoral, la producción y comercialización del libro en todos sus formatos y soportes, así como contribuir a la ampliación del número de lectores mediante el fortalecimiento del acceso democrático, igualitario y federal al libro”. Para cumplir este objetivo el artículo segundo establece la creación del INLA como órgano rector de las políticas editoriales. Entre las numerosas funciones establecidas en los artículos 3° y 4° encontramos: el favorecer el acceso democrático y federal a los libros, el fomento de la lectura, la edición y la producción de investigación, la modernización de la industria editorial a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, favorecer la adaptación de los libros para que sean accesibles a las personas con discapacidad, el apoyo financiero a los creadores, el asesoramiento en materia editorial a los diferentes gobiernos, y la realización de convenios con otros organismos del Estado como el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
La conducción del INLA (artículos 5° al 11°) estará a cargo de un Directorio (compuesto por un Presidente y un Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con cuatro años de duración en el cargo), un Comité Representativo (conformado por representantes de la industria editorial, los libreros, las asociaciones de escritores, los traductores, las universidades y las seis regiones del país) y la Asamblea Federal (con representantes de los Ministerios de Educación, Cultura y Relaciones Exteriores de la Nación junto con un representante de cultura de cada provincia y de la CABA).
El artículo 12° establece que se considerará “libro argentino” a aquel que cumpla con las siguientes condiciones: 1) tenga registro de ISBN en el país; 2) cuente con distribución en todo el territorio nacional; 3) no contenga publicidad (por ello excluye catálogos y folletos); y 4) la creación autoral, la diagramación, la traducción y/o la edición se hagan en Argentina (aunque el INLA puede hacer excepciones con ediciones argentinas en el extranjero).
El artículo 14° crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino, cuyo presupuesto no puede ser inferior al 2% del presupuesto del Ministerio de Cultura de la Nación y prevé la posibilidad de fondos adicionales (que pueden provenir de donaciones, legados o aportes especiales). Desde la Ley Nacional de Fomento del Libro y la Lectura N° 25.446/2001 ya existe un Fondo de Fomento de la Lectura, pero esta normativa no establece monto presupuestario ni especifica para qué tareas debe destinarse ese dinero. Por eso el nuevo proyecto de ley es más completo que el que rige en la actualidad.
La presentación del Proyecto de Ley del Libro Argentino es el resultado de la lucha de las asociaciones de escritores y escritoras por el reconocimiento de su profesión como una fuente de trabajo que demanda esfuerzo y conocimientos, por lo que debe tener la remuneración adecuada. Lograr la aprobación de esta ley debe ser un paso para continuar reclamado a las editoriales y a los grandes medios de prensa el cumplimiento de nuestros derechos como trabajadores.
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