Algún abogado del Diablo podría alegar, claro está, que en febrero-marzo se consume menos gas que en abril-mayo, cuando ya el frío empieza a hacerse sentir y preludia el uso de la calefacción, máxime este año donde el otoño advino tan precozmente. Y que, por ende, lo justo sería hacer la comparación con el mismo bimestre del año pasado. Muy cierto. Sin embargo, en este caso, el panorama no varía demasiado con un cotejo interanual. En efecto, la facturación abril-mayo de 2016 fue un 1.292% más elevada (sic) que la de de 2015. Aun suponiendo que este otoño hubiese consumido bastante más que el otoño pasado –cosa que dudo–, el incremento debe haber rondado en un 900 ó 1.000%, o con mucha suerte en un 800%. Un despojo, un verdadero latrocinio.

Traigo a colación mi caso particular por razones meramente ilustrativas y didácticas. No representa ninguna excepción. Sabido es que muchas familias mendocinas (diversos medios de prensa así lo han informado) recibieron facturas con importes terroríficos de cuatro dígitos, que en muchos casos arañaban o superaban los 2.000 pesos, con incrementos de 600, 700, 800, 900 y hasta 1000%.

El comentario al que hacía referencia, publicado pocas horas después de que la justicia federal de Mendoza –haciendo lugar al amparo de una ONG– fijara un tope provisorio de 80% al aumento tarifario, fue el siguiente: “No me extrañaría que el tarifazo abortado de hasta 1.000% en el gas haya sido, en realidad, una terapia de shock económico –al decir de Klein– para que ahora, curados de espanto, aceptemos con alivio, casi agradecidos, un incremento de hasta 400 ó 500%. Sospecho que el gobierno sabía de antemano que la ofensiva era inviable, y que su intención verdadera era conmocionarnos y aterrorizarnos para luego aplicar un tarifazo light, que seguiría siendo –desde luego– monstruosamente elevado. No nos resignemos al aumento”.

Las noticias de estas últimas horas apuntan claramente en la dirección de dicha sospecha. La celeridad y facilidad pasmosas con que el gobierno nacional ha pasado del «plan A» al «plan B» en materia de ajuste tarifario, sin escalas, sin regateos, sin pulseadas, da pábulo a las peores especulaciones. Estoy convencido de que el primer tarifazo fue sólo una estratagema para allanar el camino al segundo tarifazo. Amenazaron con una suba de hasta 1.000% para que ahora nos sintamos poco menos que «bendecidos» con un tope de 400 ó 500%.

No es tarea nada fácil, para un historiador, hallar antecedentes del megatarifazo macrista en la historia provincial, nacional, regional y mundial. Por desgracia, no hay bibliografía académica que sistematice la cuestión. Tampoco estadísticas comparativas ni artículos periodísticos que permitan aproximarnos a una respuesta siquiera tentativa. Todo lo que puedo decir, en lo que a mí respecta, es que llevo varias semanas investigando casos históricos concretos de grandes tarifazos en los servicios públicos, y hasta ahora no he encontrado ningún parangón al megatarifazo apadrinado por Macri y sus laderos. Por caso, el Mendozazo (1972) tuvo como uno de sus detonantes un incremento en la tarifa eléctrica de «apenas» 300%, mientras que el tristemente célebre Rodrigazo (1975) acarreó subas tarifarias de «tan sólo» un 100% (promedio estimativo general). En Bolivia, la Guerra del Agua (Cochabamba, enero-abril de 2000), se inició a raíz de aumentos variables en la tarifa del agua que no fueron mucho más allá del 100%. La crisis eléctrica californiana del año 2000 acarreó una escalada tarifaria de 800%, pero gradualmente, a lo largo de nueve meses. No enumero más casos para no resultar tedioso. Lo cierto es que un tarifazo tan grande y drástico como el que Cambiemos propicia hoy en Argentina no parece tener equivalentes históricos –a no ser en contextos de hiperinflación extrema–. O quizás los tenga y yo no supe encontrarlos. Si algún lector tiene conocimiento de otro tarifazo repentino superior al 400/500%, le agradecería por favor que remitiera la información pertinente a La Quinta Pata.

“Las medidas que hemos consensuado con los gobernadores” (topes al aumento tarifario) “tienden a llevar tranquilidad a la población”, expresó Juan José Aranguren, ministro nacional de Energía y Minería, con una naturalidad rayana en la desvergüenza. No sólo eso: destacó como un mérito del gobierno “la flexibilidad o la corrección sobre la marcha”. Vale decir, Aranguren reconoció tácitamente, de algún modo, que el tarifazo inicial, amén de ser un despropósito, produjo en la gente un efecto psicológico de gran conmoción, de mucha inquietud y malestar. Cuesta creer que todo haya sido un simple error de cálculo. No hay que ser ningún genio en economía para darse cuenta que un incremento súbito, de un bimestre a otro, de entre 600 y 1.000%  –y que en la Patagonia alcanzó picos siderales de casi 2.000% (!) en el caso de muchas pymes– no tenía ninguna chance de prosperar. La idea debe haber sido, más bien, otra. La idea debió ser, probablemente, la de shockearnos con el espectro de un tarifazo de tres ceros para luego aplicar, sin mayor oposición, uno de hasta 500%. Con el trauma a flor de piel de un «plan A» suspendido in extremis por intervención de la justicia, sería más fácil avanzar con el «plan B», el verdadero plan.

No vaya a creerse que el precio interno del gas, antes del tarifazo, era tan irrisoriamente bajo como afirman ad nauseam los voceros y personeros del establishment. En absoluto. El precio viejo estaba en sintonía con el Henry Hub, el valor de referencia internacional. Se montó aviesamente, con discursos tremendistas y alarmistas, un escenario apocalíptico. Un escenario que propiciara y legitimara una «actualización tarifaria» más leonina que las comisiones de un publicano romano. No hay de qué extrañarse: vivimos tiempos de corporatocracia desembozada, dignos de una novela o película distópica.

Gracias al incremento de precios en boca de pozo, las operadoras de gas natural se verán beneficiadas, a costa del bolsillo de los usuarios, con una transferencia de ingresos estimada en no menos de 3 mil millones de dólares (algunas consultoras elevan la cifra hasta U$S 4.000.000.000). De golpe y plumazo, Argentina se ha convertido, al menos en lo que a suministro gasífero se refiere, en una de las naciones más rentables y costosas del mundo (rentables para las concesionarias de gas, costosas para los usuarios).

“El arte de gobernar consiste, por lo general, en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”, escribió Voltaire. No será el gobierno de Macri, por cierto, el que vaya a desmentir, con su cotidiano proceder, ese cáustico aforismo. Merced al tarifazo, el ajuste fiscal y otras políticas neoliberales de «sinceramiento macroeconómico», Cambiemos ya se ha asegurado, a tan sólo seis meses de haber accedido al poder, un merecido y prominente lugar en los anales de la obscenidad plutocrática.

Un incremento tarifario ex abrupto de 400 ó 500% sigue siendo un robo institucionalizado, un latrocinio avalado desde el Estado, y no –como Macri y sus funcionarios pretenden hacernos creer– un acto  filantrópico de magnanimidad que debiésemos aceptar, felices y agradecidos, cual si se tratase de una bendición del cielo o un premio de lotería. No aceptemos el nuevo tarifazo light. Que nuestra indignación y resistencia no decaigan.

Las luminarias del gobierno nacional nos sugieren que gastemos menos gas natural este invierno. Tendrán que gastar más gas pimienta, como nuestro benemérito Cornejo.